Ciudad de México.- Con 434 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y, posteriormente en lo particular, la nueva Ley de Amparo que permite el amparo en contra de particulares e impide a concesionarios de casinos -establecimientos de juegos con apuesta o sorteos- ampararse ante clausuras ejecutadas por la autoridad para poder seguir en operación.
El ordenamiento señala que los juicios de amparo procederán en adelante en materias de derechos sociales, ambientales y agrarios, pero deja fuera de esta posibilidad a los casos de las controversias de carácter electoral.
Entre lo más destacado resalta que la mayoría de diputados determinó ratificar la no suspensión de los actos de autoridad impugnados por concesionarios de los sectores telecomunicaciones, minero y transporte, cuando ello "impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo".
Luego de más de cuatro horas de discusión, en las que tuvieron lugar posicionamientos de las bancadas y el desahogo de más de 30 reservas presentadas en lo particular por diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, el pleno avaló la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución.
El último paquete de reservas votado, que incluía la modificación a la fracción XIII del artículo 129, para impedir el amparo contra particulares y que era promovida por el PAN, fue desechado con 360 votos a favor, 70 en contra y tres abstenciones.
Los legisladores aprobaron, en la nueva ley, la figura de "declaratorias de inconstitucionalidad de carácter general" en beneficio de la colectividad afectada por algún acto violatorio de los derechos constitucionales.
A las 16:10 horas el presidente en funciones de la Cámara de Diputados, el panista José González Morfín, dio cuenta de la aprobación de la Ley de Amparo en su totalidad y ordenó su devolución al Senado para la eventual ratificación de los cambios realizados en San Lázaro, incluidos los que se hicieron al artículo 72 constitucional.
Cabe recordar que dicha ley fue aprobada por el Senado de la República hace poco más de 16 meses y la minuta correspondiente quedó "congelada" durante ese tiempo en la Cámara baja, hasta que finalmente pudo ver la luz.
Entre otros aspectos, la nueva legislación contempla la posibilidad de promover juicios contra actos u omisiones de autoridad, e incluso de particulares, en caso de violación a los derechos consagrados no sólo en la Constitución, sino incluso en los tratados internacionales suscritos por México.
De igual forma, la Ley de Amparo avalada en San Lázaro amplía los beneficios de la protección del amparo al posibilitar que cualquier ciudadano pueda interponer un recurso en ese sentido tan sólo con acreditar un "interés legítimo" y no exclusivamente un "interés jurídico", como establece el ordenamiento en vigor.
La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de Amparo pese al rechazó manifiesto de los empresarios y las acusaciones del PAN acerca de que otorga a la autoridad poderes "supraconstitucionales".
El ordenamiento señala que los juicios de amparo procederán en adelante en materias de derechos sociales, ambientales y agrarios, pero deja fuera de esta posibilidad a los casos de las controversias de carácter electoral.
Entre lo más destacado resalta que la mayoría de diputados determinó ratificar la no suspensión de los actos de autoridad impugnados por concesionarios de los sectores telecomunicaciones, minero y transporte, cuando ello "impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo".
Luego de más de cuatro horas de discusión, en las que tuvieron lugar posicionamientos de las bancadas y el desahogo de más de 30 reservas presentadas en lo particular por diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, el pleno avaló la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución.
El último paquete de reservas votado, que incluía la modificación a la fracción XIII del artículo 129, para impedir el amparo contra particulares y que era promovida por el PAN, fue desechado con 360 votos a favor, 70 en contra y tres abstenciones.
Los legisladores aprobaron, en la nueva ley, la figura de "declaratorias de inconstitucionalidad de carácter general" en beneficio de la colectividad afectada por algún acto violatorio de los derechos constitucionales.
A las 16:10 horas el presidente en funciones de la Cámara de Diputados, el panista José González Morfín, dio cuenta de la aprobación de la Ley de Amparo en su totalidad y ordenó su devolución al Senado para la eventual ratificación de los cambios realizados en San Lázaro, incluidos los que se hicieron al artículo 72 constitucional.
Cabe recordar que dicha ley fue aprobada por el Senado de la República hace poco más de 16 meses y la minuta correspondiente quedó "congelada" durante ese tiempo en la Cámara baja, hasta que finalmente pudo ver la luz.
Entre otros aspectos, la nueva legislación contempla la posibilidad de promover juicios contra actos u omisiones de autoridad, e incluso de particulares, en caso de violación a los derechos consagrados no sólo en la Constitución, sino incluso en los tratados internacionales suscritos por México.
De igual forma, la Ley de Amparo avalada en San Lázaro amplía los beneficios de la protección del amparo al posibilitar que cualquier ciudadano pueda interponer un recurso en ese sentido tan sólo con acreditar un "interés legítimo" y no exclusivamente un "interés jurídico", como establece el ordenamiento en vigor.
La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de Amparo pese al rechazó manifiesto de los empresarios y las acusaciones del PAN acerca de que otorga a la autoridad poderes "supraconstitucionales".
La Jornada
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