Ciudad de México.- Las policías municipales son las que más inciden en faltas a la legalidad y respeto a los derechos humanos en el desempeño de sus funciones, con lo que violan, además, el derecho a la seguridad jurídica de los migrantes en su paso por nuestro territorio, denunció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Señaló que este organismo, en sus 2 mil 625 visitas a estaciones migratorias, documentó como práctica común la participación de autoridades, tanto federales, estatales, como municipales, en acciones de control y verificación de la calidad migratoria de las personas, sin estar facultadas para ello.
Sin embargo, señaló que de acuerdo con el artículo 81 de la Ley de Migración y su Reglamento, la Policía Federal sólo puede actuar a solicitud expresa del Instituto Nacional de Migración (INM), lo que significa que los elementos policiales están impedidos para efectuar, de forma independiente, funciones de control, verificación y revisión migratoria.
Por ello hizo un llamado para que las autoridades policiales, de migración y procuración de justicia, cumplan estrictamente con sus funciones y actúen sólo en el marco de sus competencias. El organismo nacional insistió en que es importante señalar que en todas sus actuaciones, los servidores públicos deben respetar los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, porque la condición de migrantes no impide que las personas ejerzan plenamente sus derechos humanos.
Recordó el organismo de derechos humanos que la mayoría de los migrantes que recorren el territorio nacional, viajan en condiciones de extrema vulnerabilidad, enfermos, sin medicamentos ni recursos para adquirirlos y además de ello, suelen ser víctimas no sólo de delincuentes, sino de autoridades que los extorsionan.
A través de su Programa de Atención a Migrantes, la CNDH atendió a 80 mil 203 personas, y gestionó para que se les brindara servicio médico, alimentación y asistencia jurídica y consular.
Reiteró que es primordial que las autoridades de los tres ámbitos de Gobierno respeten el principio de legalidad y, en el caso específico de las personas migrantes, se abstengan llevar a cabo acciones de verificación al margen de la ley.
Señaló que este organismo, en sus 2 mil 625 visitas a estaciones migratorias, documentó como práctica común la participación de autoridades, tanto federales, estatales, como municipales, en acciones de control y verificación de la calidad migratoria de las personas, sin estar facultadas para ello.
Sin embargo, señaló que de acuerdo con el artículo 81 de la Ley de Migración y su Reglamento, la Policía Federal sólo puede actuar a solicitud expresa del Instituto Nacional de Migración (INM), lo que significa que los elementos policiales están impedidos para efectuar, de forma independiente, funciones de control, verificación y revisión migratoria.
Por ello hizo un llamado para que las autoridades policiales, de migración y procuración de justicia, cumplan estrictamente con sus funciones y actúen sólo en el marco de sus competencias. El organismo nacional insistió en que es importante señalar que en todas sus actuaciones, los servidores públicos deben respetar los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, porque la condición de migrantes no impide que las personas ejerzan plenamente sus derechos humanos.
Recordó el organismo de derechos humanos que la mayoría de los migrantes que recorren el territorio nacional, viajan en condiciones de extrema vulnerabilidad, enfermos, sin medicamentos ni recursos para adquirirlos y además de ello, suelen ser víctimas no sólo de delincuentes, sino de autoridades que los extorsionan.
A través de su Programa de Atención a Migrantes, la CNDH atendió a 80 mil 203 personas, y gestionó para que se les brindara servicio médico, alimentación y asistencia jurídica y consular.
Reiteró que es primordial que las autoridades de los tres ámbitos de Gobierno respeten el principio de legalidad y, en el caso específico de las personas migrantes, se abstengan llevar a cabo acciones de verificación al margen de la ley.
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