México, D.F.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo a la organización Fundar, que pretendía tener acceso a las versiones públicas de la declaración patrimonial de los 500 diputados de la pasada Legislatura.
La organización solicitó a la Auditoría Superior de la Federación esos datos, petición que fue rechazada con base en el Artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el cual establece que las declaraciones patrimoniales se harán públicas sólo con el consentimiento del funcionario.
Ese instituto, dedicado a análisis e investigación, presentó una petición de amparo contra esta disposición, y el ministro José Ramón Cossío elaboró un proyecto de sentencia en el que proponía otorgar esa acción y declarar inconstitucional el artículo citado.
Cossío Díaz planteó que no toda la información integrada por los servidores públicos a las instituciones del Estado se puede considerar dato confidencial, sino sólo el nombre, la dirección, la Clave Única de Registro de Población (CURP), el Registro Federal de Causante y la que afecte a terceros.
Sin embargo, este jueves 20 de junio el pleno del máximo tribunal determinó rechazar el proyecto, en mayor medida en lo que se refiere a la inconstitucionalidad del párrafo tercero del Artículo 40.
Los ministros Juan Silva Meza, Sergio Valls y el propio Cossío Díaz, votaron a favor de la totalidad del proyecto. Mientras que Luis María Aguilar Morales, Beatriz Luna Ramos, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y José Fernando Franco González avalaron la redacción y vigencia de la norma.
A su vez, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero mantuvieron una posición intermedia, pues votaron por conceder el amparo a Fundar para que tuviera acceso a las declaraciones patrimoniales de los diputados, pero mantener el artículo.
Ganó la opacidad, pero no todo fue malo: Fundar
Pese a que ganó la opacidad hubo varios argumentos de la discusión que sirven para avanzar en la discusión de transparencia, de acuerdo a la abogada de estrategia jurídica de Fundar, María Sánchez de Tagle.
Uno de los objetivos de Fundar, con este amparo, era ampliar la fiscalización y control ciudadano de recursos públicos, con el fin de evitar casos como los de los ex gobernadores Andrés Granier y Luis Armando Reynoso Femat, de acuerdo a Garbiela Aguirre, investigadora del área de transparencia y rendición de cuentas de Fundar.
“Para nosotros lo que la resolución implica es que la Suprema Corte deja pasar una oportunidad en el avance a la transparencia”, comentó la abogada.
“Lo que presentamos ante la corte no era un caso fácil, no era un sí o un no, porque es un tema muy complejo. Entendemos que pedir a los servidores públicos el acceso a estas declaraciones, podría ser molesto, pero su patrimonio no es como el cualquier ciudadano”, dijo Sánchez de Tagle.
La organización solicitó a la Auditoría Superior de la Federación esos datos, petición que fue rechazada con base en el Artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el cual establece que las declaraciones patrimoniales se harán públicas sólo con el consentimiento del funcionario.
Ese instituto, dedicado a análisis e investigación, presentó una petición de amparo contra esta disposición, y el ministro José Ramón Cossío elaboró un proyecto de sentencia en el que proponía otorgar esa acción y declarar inconstitucional el artículo citado.
Cossío Díaz planteó que no toda la información integrada por los servidores públicos a las instituciones del Estado se puede considerar dato confidencial, sino sólo el nombre, la dirección, la Clave Única de Registro de Población (CURP), el Registro Federal de Causante y la que afecte a terceros.
Sin embargo, este jueves 20 de junio el pleno del máximo tribunal determinó rechazar el proyecto, en mayor medida en lo que se refiere a la inconstitucionalidad del párrafo tercero del Artículo 40.
Los ministros Juan Silva Meza, Sergio Valls y el propio Cossío Díaz, votaron a favor de la totalidad del proyecto. Mientras que Luis María Aguilar Morales, Beatriz Luna Ramos, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y José Fernando Franco González avalaron la redacción y vigencia de la norma.
A su vez, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero mantuvieron una posición intermedia, pues votaron por conceder el amparo a Fundar para que tuviera acceso a las declaraciones patrimoniales de los diputados, pero mantener el artículo.
Ganó la opacidad, pero no todo fue malo: Fundar
Pese a que ganó la opacidad hubo varios argumentos de la discusión que sirven para avanzar en la discusión de transparencia, de acuerdo a la abogada de estrategia jurídica de Fundar, María Sánchez de Tagle.
Uno de los objetivos de Fundar, con este amparo, era ampliar la fiscalización y control ciudadano de recursos públicos, con el fin de evitar casos como los de los ex gobernadores Andrés Granier y Luis Armando Reynoso Femat, de acuerdo a Garbiela Aguirre, investigadora del área de transparencia y rendición de cuentas de Fundar.
“Para nosotros lo que la resolución implica es que la Suprema Corte deja pasar una oportunidad en el avance a la transparencia”, comentó la abogada.
“Lo que presentamos ante la corte no era un caso fácil, no era un sí o un no, porque es un tema muy complejo. Entendemos que pedir a los servidores públicos el acceso a estas declaraciones, podría ser molesto, pero su patrimonio no es como el cualquier ciudadano”, dijo Sánchez de Tagle.
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