Ciudad de México.- El funcionario público que siembre o altere documentos en archivos de la administración pública tendrá una pena de 7 años de prisión, advirtió ayer José Guadalupe Medina, director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).
Esto, dijo, de aprobarse las propuestas a las iniciativas de reformas a los códigos Penal y de Procedimientos Penales, así como a la Ley Registral del Distrito Federal, proyectos que fueron elaborados por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y entregados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para su discusión y eventual aprobación.
El paquete de modificaciones, comentó, tiene como propósito tipificar como delito la siembra o alteración de documentos en expedientes e imponer un castigo, con un máximo de siete años de cárcel, sin derecho a fianza, a los servidores públicos que incurran en ambas conductas.
Se trata, mencionó que con esa reforma se podrá eliminar la posibilidad del uso de documentos falsos en los trámites relacionados con los usos del suelo, así como los realizados ante el Registro Público de la Propiedad.
Un segundo propósito de los cambios está asociado con un aumento a las sanciones para cualquier acto que pretenda legalizar las construcciones que no cumplan con la normatividad en materia de uso del suelo ni con la documentación requerida.
Medina Romero comentó que las propuestas de reforma impactarán a la Secretaría de Desarrollo Urbana y Vivienda; al Registro Público de la Propiedad y de Comercio, dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, entre otras instancias del Gobierno del Distrito Federal.
En el caso particular de Seduvi, refirió que las modificaciones, en caso de ser aprobadas, otorgarán "la posibilidad de ordenar, suspender y enviar a custodia el folio real electrónico, para que no se haga mal uso de documentos falsos en trámites de manifestación de construcciones, ordenamiento territorial y desarrollo urbano".
Con la aplicación de nuevas herramientas legales, se otorga seguridad y certeza jurídica al acervo de la administración pública local y a los ciudadanos que realizan trámites en las oficinas de las dependencias públicas, como Seduvi.
Esto, dijo, de aprobarse las propuestas a las iniciativas de reformas a los códigos Penal y de Procedimientos Penales, así como a la Ley Registral del Distrito Federal, proyectos que fueron elaborados por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y entregados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para su discusión y eventual aprobación.
El paquete de modificaciones, comentó, tiene como propósito tipificar como delito la siembra o alteración de documentos en expedientes e imponer un castigo, con un máximo de siete años de cárcel, sin derecho a fianza, a los servidores públicos que incurran en ambas conductas.
Se trata, mencionó que con esa reforma se podrá eliminar la posibilidad del uso de documentos falsos en los trámites relacionados con los usos del suelo, así como los realizados ante el Registro Público de la Propiedad.
Un segundo propósito de los cambios está asociado con un aumento a las sanciones para cualquier acto que pretenda legalizar las construcciones que no cumplan con la normatividad en materia de uso del suelo ni con la documentación requerida.
Medina Romero comentó que las propuestas de reforma impactarán a la Secretaría de Desarrollo Urbana y Vivienda; al Registro Público de la Propiedad y de Comercio, dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, entre otras instancias del Gobierno del Distrito Federal.
En el caso particular de Seduvi, refirió que las modificaciones, en caso de ser aprobadas, otorgarán "la posibilidad de ordenar, suspender y enviar a custodia el folio real electrónico, para que no se haga mal uso de documentos falsos en trámites de manifestación de construcciones, ordenamiento territorial y desarrollo urbano".
Con la aplicación de nuevas herramientas legales, se otorga seguridad y certeza jurídica al acervo de la administración pública local y a los ciudadanos que realizan trámites en las oficinas de las dependencias públicas, como Seduvi.
El Sol de México
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