México, D.F.- Las indígenas otomíes Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio manifestaron su temor de que la Procuraduría General de la República (PGR) apele la resolución de un tribunal que la semana pasada ordenó a la fiscalía federal indemnizarlas económicamente por los daños causados a raíz de su detención por el supuesto secuestro de seis agentes federales, y de que haya represión en su contra.
“Tenemos temor de que los agentes y la PGR tomen represalias contra nosotras; los agentes (que las acusaron de secuestro) están libres e impunes”, dijeron en entrevista, luego de dar su testimonio en el Foro “Del daño a la reparación”, organizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. “No sabemos aún la cantidad que nos darán por el daño (económico, por parte del Estado mexicano) pero no hay reparación al daño emocional, físico y psicológico que nos causaron, al igual que a nuestras familias".
Ambas fueron arrestadas en marzo de 2006 tras ser acusadas de secuestro, en Querétaro, de seis agentes federales, así como de posesión de cocaína; en 2010 fueron liberadas por falta de pruebas por un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el mismo foro, Tita Radilla, hija del desaparecido luchador social Rosendo Radilla Pacheco, dijo que pese a la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 2009, y a los varios años de lucha, “desde que hicimos la denuncia ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) no hay ningún resultado favorable de las investigaciones, que son muy deficientes, porque no hay ni una pista de lo que ocurrió con Rosendo, ni de otros desaparecidos, víctimas de la guerra sucia”.
La también vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos (Afadem) destacó que junto con los familiares de 450 desaparecidos en el municipio de Atoyac, y más de 700 en el estado de Guerrero, continuarán con su lucha para saber qué sucedió con ellos.
“Hay también desaparecidos recientes. Tenemos que saber quiénes son los responsables y lograr que esa impunidad que existe desde hace tantos años no continúe; tenemos que lograr que haya justicia para los familiares y víctimas de estos lamentables hechos”.
Las indígenas otomíes dijeron que la PGR aún tiene 15 días para apelar la sentencia del tribunal, tras señalar que desconocen el monto por daño económico y moral provocado en tres años y ocho meses en que estuvieron presas.
“Denunciamos no por el dinero sino por los errores que cometieron y la impunidad. No somos las únicas: hay cientos de indígenas inocentes en las cárceles. Aunque paguen el daño económico, el emocional, el psicológico, siempre va a quedar ahí”, coincidieron.
Alberta indicó que todavía tiene pesadillas. “Sueño que me detienen y me llevan presa. Ha sido difícil recuperarse; ya no es igual que antes. En la cárcel padecía de todo. No sabía mis derechos. Los jueces los violaron. No tenía ni un traductor. No creo que me pueda reinsertar igual a mi vida cotidiana porque la gente nos señala, a pesar de no ser culpables. No en mi comunidad, pero sí en otras donde ignoran qué ocurrió”.
Teresa narró que al salir de la cárcel “ya no quisimos buscar trabajo porque a la gente que le entregábamos las muñecas (se refiere a las artesanías que elaboraban antes de ser detenidas) ya nunca quiso saber de nosotras. Hoy tratamos de recuperar el tiempo con nuestra familia, con quien trabajamos, y tratamos de levantarnos poco a poco con lo que nos quedó”.
Durante el foro también se presentó el testimonio de la indígena Juana Sales Velásquez, sobreviviente de violencia sexual durante el conflicto armado de Guatemala, y quien destacó que los crímenes de guerra cometidos en ese país centroamericano no sólo afectaron a las mujeres en forma individual, sino a toda la población, porque se destruyeron familias enteras y se atentó contra la integridad de las comunidades.
Las sobrevivientes y víctimas de crímenes de Estado, violación o tortura sexual y desapariciones forzadas coincidieron en que los daños causados por esos hechos “han dejado una cicatriz que nunca se borra”, y la cual no sólo trascendió en su vida, sino también en la de sus familias.
Por ello, dijeron, el daño no puede ser únicamente reparado con una compensación económica, como han pretendido los gobiernos responsables de los delitos.
La Jornada
“Tenemos temor de que los agentes y la PGR tomen represalias contra nosotras; los agentes (que las acusaron de secuestro) están libres e impunes”, dijeron en entrevista, luego de dar su testimonio en el Foro “Del daño a la reparación”, organizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. “No sabemos aún la cantidad que nos darán por el daño (económico, por parte del Estado mexicano) pero no hay reparación al daño emocional, físico y psicológico que nos causaron, al igual que a nuestras familias".
Ambas fueron arrestadas en marzo de 2006 tras ser acusadas de secuestro, en Querétaro, de seis agentes federales, así como de posesión de cocaína; en 2010 fueron liberadas por falta de pruebas por un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el mismo foro, Tita Radilla, hija del desaparecido luchador social Rosendo Radilla Pacheco, dijo que pese a la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 2009, y a los varios años de lucha, “desde que hicimos la denuncia ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) no hay ningún resultado favorable de las investigaciones, que son muy deficientes, porque no hay ni una pista de lo que ocurrió con Rosendo, ni de otros desaparecidos, víctimas de la guerra sucia”.
La también vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos (Afadem) destacó que junto con los familiares de 450 desaparecidos en el municipio de Atoyac, y más de 700 en el estado de Guerrero, continuarán con su lucha para saber qué sucedió con ellos.
“Hay también desaparecidos recientes. Tenemos que saber quiénes son los responsables y lograr que esa impunidad que existe desde hace tantos años no continúe; tenemos que lograr que haya justicia para los familiares y víctimas de estos lamentables hechos”.
Las indígenas otomíes dijeron que la PGR aún tiene 15 días para apelar la sentencia del tribunal, tras señalar que desconocen el monto por daño económico y moral provocado en tres años y ocho meses en que estuvieron presas.
“Denunciamos no por el dinero sino por los errores que cometieron y la impunidad. No somos las únicas: hay cientos de indígenas inocentes en las cárceles. Aunque paguen el daño económico, el emocional, el psicológico, siempre va a quedar ahí”, coincidieron.
Alberta indicó que todavía tiene pesadillas. “Sueño que me detienen y me llevan presa. Ha sido difícil recuperarse; ya no es igual que antes. En la cárcel padecía de todo. No sabía mis derechos. Los jueces los violaron. No tenía ni un traductor. No creo que me pueda reinsertar igual a mi vida cotidiana porque la gente nos señala, a pesar de no ser culpables. No en mi comunidad, pero sí en otras donde ignoran qué ocurrió”.
Teresa narró que al salir de la cárcel “ya no quisimos buscar trabajo porque a la gente que le entregábamos las muñecas (se refiere a las artesanías que elaboraban antes de ser detenidas) ya nunca quiso saber de nosotras. Hoy tratamos de recuperar el tiempo con nuestra familia, con quien trabajamos, y tratamos de levantarnos poco a poco con lo que nos quedó”.
Durante el foro también se presentó el testimonio de la indígena Juana Sales Velásquez, sobreviviente de violencia sexual durante el conflicto armado de Guatemala, y quien destacó que los crímenes de guerra cometidos en ese país centroamericano no sólo afectaron a las mujeres en forma individual, sino a toda la población, porque se destruyeron familias enteras y se atentó contra la integridad de las comunidades.
Las sobrevivientes y víctimas de crímenes de Estado, violación o tortura sexual y desapariciones forzadas coincidieron en que los daños causados por esos hechos “han dejado una cicatriz que nunca se borra”, y la cual no sólo trascendió en su vida, sino también en la de sus familias.
Por ello, dijeron, el daño no puede ser únicamente reparado con una compensación económica, como han pretendido los gobiernos responsables de los delitos.
La Jornada
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