México, D.F.- El Senado de la República analiza una propuesta que reformaría la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a fin de evitar la práctica que realizan los bancos de otorgar tarjetas de crédito o ampliar el mismo, sin la solicitud o autorización del usuario.
En un comunicado, se precisó que con esta propuesta del senador priista Eviel Pérez Magaña, se haría obligatorio recabar la ratificación del solicitante, a través de la manifestación expresa de la voluntad, mediante firma autógrafa o electrónica.
“Esta iniciativa también establece que los bancos sólo podrán elevar el límite de crédito en préstamos o financiamientos revolventes asociados a una tarjeta, a clientes que tengan un comportamiento de cumplimiento en sus compromisos crediticios, acreditable”, expuso.
Agregó que en el caso citado, la entidad financiera formularía una oferta para elevar el límite de su crédito, préstamo o financiamiento.
Aclaró que su iniciativa no pretende abundar en requisitos para obtener un crédito, pues se trata de comprobar que el beneficiario de éste, estaría en condiciones mínimas de cumplir con la obligación que contrae.
De esta manera se reducirían al mínimo posible las consecuencias negativas que se derivan del eventual incumplimiento o mora en el pago, concluyó.
En un comunicado, se precisó que con esta propuesta del senador priista Eviel Pérez Magaña, se haría obligatorio recabar la ratificación del solicitante, a través de la manifestación expresa de la voluntad, mediante firma autógrafa o electrónica.
“Esta iniciativa también establece que los bancos sólo podrán elevar el límite de crédito en préstamos o financiamientos revolventes asociados a una tarjeta, a clientes que tengan un comportamiento de cumplimiento en sus compromisos crediticios, acreditable”, expuso.
Agregó que en el caso citado, la entidad financiera formularía una oferta para elevar el límite de su crédito, préstamo o financiamiento.
Aclaró que su iniciativa no pretende abundar en requisitos para obtener un crédito, pues se trata de comprobar que el beneficiario de éste, estaría en condiciones mínimas de cumplir con la obligación que contrae.
De esta manera se reducirían al mínimo posible las consecuencias negativas que se derivan del eventual incumplimiento o mora en el pago, concluyó.
Notimex
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