Ciudad de México.- La ruptura del Pacto por México dejó 40 por ciento de sus 95 compromisos sin concretar. Además de las leyes reglamentarias a las reformas constitucionales aprobadas, temas como seguridad y justicia, seguridad social universal, la reforma política para el Distrito Federal, cultura, derechos humanos, indígenas, migrantes y un Pacto por el campo quedaron pendientes, a pesar del calendario previamente acordado.
El acuerdo firmado en diciembre de 2012 dejó pendientes las leyes secundarias a las reformas Constitucionales. De las aprobadas por el Congreso, solo la fiscal y energética no surgieron de compromisos específicos contenidos en los cinco acuerdos del Pacto.
El PAN no avaló la reforma fiscal que contó con los votos de PRI y PRD, y denunció un acuerdo entre ambos partidos, que no se concretó al seno del Pacto. Lo mismo ocurrió con la reforma energética, que los perredistas aseguraron no fue parte de los consensos en la mesa de negociación que tenían con el gobierno federal.
Cuestionado al respecto, el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero admitió que antes de que inicie la competencia electoral, se debe aprovechar para construir acuerdos que permitan concretar los compromisos pendientes.
“A partir del cierre del próximo periodo de sesiones en abril, ya los partidos empezaremos a tener la visión de competencia electoral para 2015 y a partir del 1 de mayo la agenda de los partidos estará orientada a eso, por eso debemos aprovechar el próximo periodo para concretar los pendientes”.
Temas como seguridad social universal; cohesión social (cultura, estímulos a creadores, protección del patrimonio cultural); derechos humanos, leyes reglamentarias. Reformas a la CNDH; derechos indígenas; innovación, ciencia y tecnología; desarrollo sustentable; nueva ley minera; Pacto por el Campo; estrategia para el desarrollo del sur-sureste, además de los acuerdos para la seguridad y la justicia son los pendientes que dejó su ruptura.
En materia de seguridad y justicia los partidos políticos se comprometieron a emprender acciones como un plan nacional de prevención y participación comunitaria, reformar los cuerpos policiacos, así como a reformar de manera integral el sistema penitenciario.
El acuerdo firmado establecía que “el principal objetivo de la política de seguridad y justicia será recuperar la paz y la libertad disminuyendo la violencia, en específico se focalizarán los esfuerzos del estado mexicano para reducir los tres delitos más sensibles que lastiman a la población: asesinatos, secuestros y extorsiones”.
Los migrantes, el campo y los indígenas también tendrán que esperar ante la ruptura del Pacto. Lo mismo que acciones para replantear el manejo hídrico del país, la revisión a las concesiones y pago de derechos en materia de minería.
Finalmente, pese al compromiso pactado frente a organizaciones campesinas de todas las filiaciones políticas, el Pacto por México no logró trabajar para la transformación de ese sector que contemplaba impulsar medidas para mejor comercialización, incremento a la productividad, así como el pago por servicios ambientales.
El acuerdo firmado en diciembre de 2012 dejó pendientes las leyes secundarias a las reformas Constitucionales. De las aprobadas por el Congreso, solo la fiscal y energética no surgieron de compromisos específicos contenidos en los cinco acuerdos del Pacto.
El PAN no avaló la reforma fiscal que contó con los votos de PRI y PRD, y denunció un acuerdo entre ambos partidos, que no se concretó al seno del Pacto. Lo mismo ocurrió con la reforma energética, que los perredistas aseguraron no fue parte de los consensos en la mesa de negociación que tenían con el gobierno federal.
Cuestionado al respecto, el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero admitió que antes de que inicie la competencia electoral, se debe aprovechar para construir acuerdos que permitan concretar los compromisos pendientes.
“A partir del cierre del próximo periodo de sesiones en abril, ya los partidos empezaremos a tener la visión de competencia electoral para 2015 y a partir del 1 de mayo la agenda de los partidos estará orientada a eso, por eso debemos aprovechar el próximo periodo para concretar los pendientes”.
Temas como seguridad social universal; cohesión social (cultura, estímulos a creadores, protección del patrimonio cultural); derechos humanos, leyes reglamentarias. Reformas a la CNDH; derechos indígenas; innovación, ciencia y tecnología; desarrollo sustentable; nueva ley minera; Pacto por el Campo; estrategia para el desarrollo del sur-sureste, además de los acuerdos para la seguridad y la justicia son los pendientes que dejó su ruptura.
En materia de seguridad y justicia los partidos políticos se comprometieron a emprender acciones como un plan nacional de prevención y participación comunitaria, reformar los cuerpos policiacos, así como a reformar de manera integral el sistema penitenciario.
El acuerdo firmado establecía que “el principal objetivo de la política de seguridad y justicia será recuperar la paz y la libertad disminuyendo la violencia, en específico se focalizarán los esfuerzos del estado mexicano para reducir los tres delitos más sensibles que lastiman a la población: asesinatos, secuestros y extorsiones”.
Los migrantes, el campo y los indígenas también tendrán que esperar ante la ruptura del Pacto. Lo mismo que acciones para replantear el manejo hídrico del país, la revisión a las concesiones y pago de derechos en materia de minería.
Finalmente, pese al compromiso pactado frente a organizaciones campesinas de todas las filiaciones políticas, el Pacto por México no logró trabajar para la transformación de ese sector que contemplaba impulsar medidas para mejor comercialización, incremento a la productividad, así como el pago por servicios ambientales.
La Verdad
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