Toluca, México.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó un recurso de reclamación interpuesto por Lizette Farah, madre de Paulette Gebara —niña que murió en misteriosas circunstancias—, por considerarlo infundado.
Farah demandó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) una indemnización no cuantificada por daño moral, ya que se le investigó por el fallecimiento de su hija, luego que la dependencia resolvió que había muerto accidentalmente por “asfixia mecánica por obstrucción de fosas nasales y compresión toraxicoabdominal”.
Durante las investigaciones, el entonces procurador mexiquense, Alberto Bazbaz, señaló a Lizette Farah como principal sospechosa de la muerte de la menor. “En este momento podemos darle, sin duda, el carácter de indiciada en la investigación”, sostuvo Bazbaz Sacal en marzo de 2010.
El lunes 22 de marzo de 2010, la empleada doméstica de la familia Gebara Farah informó al matrimonio que su hija no se encontraba en la habitación donde usualmente dormía. Ante esta desaparición, familiares, vecinos, policías e investigadores de la Procuraduría de Justicia de la entidad emprendieron una búsqueda en el domicilio, así como en los alrededores.
Nueve días más tarde, el 31 de marzo, un agente de la PGJEM encontró el cadáver de la menor entre las cobijas y el colchón de la recámara de Paulette. Fue entonces cuando ese organismo sumó la sospecha de homicidio.
Por ello fueron arraigados tanto los padres como las niñeras de Paulette. Durante esta privación de la libertad, Bazbaz Sacal pidió la colaboración de Sandra Yadeum, doctora en psiquiatría legal, quien expuso que Lizette Farah es “inteligente, audaz, astuta, fría, siempre se ha mantenido muy distante en la parte afectiva, sin apego, que ha mentido. Hay una serie de características que hablan de que estamos frente a un trastorno”.
Semanas después, Bazbaz admitió que hubo errores durante la investigación, pues desde la desaparición de Paulette, más de 80 personas habían estado en la recámara donde se encontró el cadáver.
Cuatro días después de emitir el peritaje final, que determinaba que la muerte de la menor se debió a una asfixia accidental, Bazbaz renunció al cargo. El responsable de sucederlo fue Alfredo Castillo Cervantes, actual encargado de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán.
A lo largo de la investigación, Castillo Cervantes trabajó como subprocurador regional en Cuautitlán Izcalli, y fue uno de los primeros elementos en llegar al domicilio de la familia Gebara Farah. Además, a diferencia de Bazbaz, no responsabilizó inmediatamente a los padres, pues al momento de arraigarlos recalcó que, hasta entonces, no eran sospechosos de la desaparición y muerte de su hija.
El peritaje de una muerte accidental, además de invalidar las sospechas que externó Bazbaz, le permitió a Farah solicitar la indemnización que, con el fallo emitido por la Corte, queda sin efectos.
Farah demandó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) una indemnización no cuantificada por daño moral, ya que se le investigó por el fallecimiento de su hija, luego que la dependencia resolvió que había muerto accidentalmente por “asfixia mecánica por obstrucción de fosas nasales y compresión toraxicoabdominal”.
Durante las investigaciones, el entonces procurador mexiquense, Alberto Bazbaz, señaló a Lizette Farah como principal sospechosa de la muerte de la menor. “En este momento podemos darle, sin duda, el carácter de indiciada en la investigación”, sostuvo Bazbaz Sacal en marzo de 2010.
El lunes 22 de marzo de 2010, la empleada doméstica de la familia Gebara Farah informó al matrimonio que su hija no se encontraba en la habitación donde usualmente dormía. Ante esta desaparición, familiares, vecinos, policías e investigadores de la Procuraduría de Justicia de la entidad emprendieron una búsqueda en el domicilio, así como en los alrededores.
Nueve días más tarde, el 31 de marzo, un agente de la PGJEM encontró el cadáver de la menor entre las cobijas y el colchón de la recámara de Paulette. Fue entonces cuando ese organismo sumó la sospecha de homicidio.
Por ello fueron arraigados tanto los padres como las niñeras de Paulette. Durante esta privación de la libertad, Bazbaz Sacal pidió la colaboración de Sandra Yadeum, doctora en psiquiatría legal, quien expuso que Lizette Farah es “inteligente, audaz, astuta, fría, siempre se ha mantenido muy distante en la parte afectiva, sin apego, que ha mentido. Hay una serie de características que hablan de que estamos frente a un trastorno”.
Semanas después, Bazbaz admitió que hubo errores durante la investigación, pues desde la desaparición de Paulette, más de 80 personas habían estado en la recámara donde se encontró el cadáver.
Cuatro días después de emitir el peritaje final, que determinaba que la muerte de la menor se debió a una asfixia accidental, Bazbaz renunció al cargo. El responsable de sucederlo fue Alfredo Castillo Cervantes, actual encargado de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán.
A lo largo de la investigación, Castillo Cervantes trabajó como subprocurador regional en Cuautitlán Izcalli, y fue uno de los primeros elementos en llegar al domicilio de la familia Gebara Farah. Además, a diferencia de Bazbaz, no responsabilizó inmediatamente a los padres, pues al momento de arraigarlos recalcó que, hasta entonces, no eran sospechosos de la desaparición y muerte de su hija.
El peritaje de una muerte accidental, además de invalidar las sospechas que externó Bazbaz, le permitió a Farah solicitar la indemnización que, con el fallo emitido por la Corte, queda sin efectos.
El Universal
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