Ciudad de México.- Por unanimidad, con 428 votos, la Cámara de Diputados aprobó las reformas a los códigos de Justicia Militar y Federal de Procedimientos Penales para que el personal castrense sea juzgado por tribunales civiles y no bajo el fuero de guerra, en caso de cometer delitos en agravio de la población civil.
Se establece así la facultad de los tribunales federales para conocer de los delitos cometidos por militares, en los que estén implicados civiles, toda vez que son empleados federales.
Obliga igualmente al Ministerio Público Militar que conozca de algún hecho delictuoso en el que se encuentre implicado un civil a notificarlo al Ministerio Público Civil, a efecto de que realice las diligencias correspondientes.
"Respecto a los delitos del fuero común o federal cometidos por militares, queda condicionada la competencia de los tribunales militares a que el sujeto pasivo de la acción u omisión constitutiva de delito no sea civil, incluso en circunstancias de guerra o cualquier otro supuesto constitucional de suspensión o restricción de garantías", establece el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional avalado por el pleno camaral.
Precisa, además, que en todos los casos en que concurran militares y civiles como presuntos responsables de un delito, solamente los primeros podrán ser juzgados por la justicia militar.
Las reformas aprobadas este jueves en el Palacio de San Lázaro responden a la sentencia emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2009 y que ordena al Estado mexicano ajustar sus leyes para que los militares que incurran en delitos contra la ciudadanía sean juzgados por tribunales civiles.
El proyecto de decreto turnado al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor incorpora al Sistema de Justicia Penal Militar el principio de presunción de inocencia.
Crea asimismo la figura del Juez de Ejecución de Sentencias en el Sistema Penal Militar, con la finalidad de proteger los derechos y libertades de militares presos o sentenciados con respecto al proceso instaurado en su contra.
Se establece así la facultad de los tribunales federales para conocer de los delitos cometidos por militares, en los que estén implicados civiles, toda vez que son empleados federales.
Obliga igualmente al Ministerio Público Militar que conozca de algún hecho delictuoso en el que se encuentre implicado un civil a notificarlo al Ministerio Público Civil, a efecto de que realice las diligencias correspondientes.
"Respecto a los delitos del fuero común o federal cometidos por militares, queda condicionada la competencia de los tribunales militares a que el sujeto pasivo de la acción u omisión constitutiva de delito no sea civil, incluso en circunstancias de guerra o cualquier otro supuesto constitucional de suspensión o restricción de garantías", establece el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional avalado por el pleno camaral.
Precisa, además, que en todos los casos en que concurran militares y civiles como presuntos responsables de un delito, solamente los primeros podrán ser juzgados por la justicia militar.
Las reformas aprobadas este jueves en el Palacio de San Lázaro responden a la sentencia emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2009 y que ordena al Estado mexicano ajustar sus leyes para que los militares que incurran en delitos contra la ciudadanía sean juzgados por tribunales civiles.
El proyecto de decreto turnado al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor incorpora al Sistema de Justicia Penal Militar el principio de presunción de inocencia.
Crea asimismo la figura del Juez de Ejecución de Sentencias en el Sistema Penal Militar, con la finalidad de proteger los derechos y libertades de militares presos o sentenciados con respecto al proceso instaurado en su contra.
MILENIO
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