Toluca, Méx.- El representante del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, José Humbertus Pérez Espinoza, acusó a diversos actores políticos, entre ellos al presidente de la Cámara de Diputados del Estado de México, Aarón Urbina Bedolla, de un fraude hipotecario que podría involucrar a miles de familias que compraron vivienda en la zona oriente de la entidad.
Pérez Espinoza, presidente y representante legal de estos compradores de vivienda, aseveró que además es necesaria la renuncia de carácter inmediata del subprocurador de justicia Gerardo Ángeles Enríquez, por proteger y no consignar a los apoderaros de las constructoras Urbi, Ara, Geo, Homex, Sare, Sadasi, quienes han venido cometiendo el fraude.
Este servidor público ha protegido y controlado además el actuar de la fiscalía de delitos cometidos por fraccionadores pues no ha llevado a cabo las indagatorias correspondientes y no ha ejercido ninguna acción penal en contra de los dueños de las empresas quienes han colocado en incertidumbre los bienes de más de 600 mil familias mexiquenses que han adquirido sus viviendas a través de estas inmobiliarias, finalizó.
En conferencia de prensa, llamaron al recién nombrado Procurador General de Justicia mexiquense Alejandro Gómez Sánchez, a que deje de lado los escenarios políticos para que meta en cintura al subprocurador Gerardo Ángeles Enríquez y actue conforme a la ley en contra de la empresas.
Pérez Espinoza, presidente y representante legal de estos compradores de vivienda, aseveró que además es necesaria la renuncia de carácter inmediata del subprocurador de justicia Gerardo Ángeles Enríquez, por proteger y no consignar a los apoderaros de las constructoras Urbi, Ara, Geo, Homex, Sare, Sadasi, quienes han venido cometiendo el fraude.
Este servidor público ha protegido y controlado además el actuar de la fiscalía de delitos cometidos por fraccionadores pues no ha llevado a cabo las indagatorias correspondientes y no ha ejercido ninguna acción penal en contra de los dueños de las empresas quienes han colocado en incertidumbre los bienes de más de 600 mil familias mexiquenses que han adquirido sus viviendas a través de estas inmobiliarias, finalizó.
En conferencia de prensa, llamaron al recién nombrado Procurador General de Justicia mexiquense Alejandro Gómez Sánchez, a que deje de lado los escenarios políticos para que meta en cintura al subprocurador Gerardo Ángeles Enríquez y actue conforme a la ley en contra de la empresas.
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