Estado de México.- Catorce ediles mexiquenses, entre regidores, síndicos y alcaldes, de un total de mil 612 que integran el padrón de obligados, incumplieron con la presentación de su manifestación de bienes correspondiente al ejercicio fiscal 2013, indicó Victorino Barrios, contralor del Poder Legislativo del Estado de México.
El funcionario parlamentario aseguró que no existe una media de cumplimiento, sino que el comportamiento en la presentación de la manifestación de bienes es de altibajos, pues en ocasiones incrementa el nivel de cumplimento pero al siguiente año disminuye. Barrios Dávalos recordó que a lo largo de una década han sido sometidos a multas dos mil servidores públicos.
En la mayoría de los casos, dijo, los funcionarios municipales argumentan que por enfermedad no entregaron a tiempo su manifestación de bienes.
"Lo cierto es que ignoran el llamado de la dependencia legislativa porque saben que hay datos que pueden comprometerlos", comentó.
En diez años, recordó, la sanción más alta que hemos impuesto por incumplir esta obligación, ha sido por 103 mil pesos, y la más pequeña por 300 pesos.
La Contraloría del Poder Legislativo, explicó, se encarga de fijar las sanciones económicas y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México de realizar los cobros: "las multas se aplican en función de los salarios.
Finalmente, comentó que se demuestra la utilidad de la manifestación de bienes en la medida que subraya la responsabilidad con que deben conducirse los servidores públicos, mediante una forma específica de rendición de cuentas.
Sin embargo, insistió en la necesidad de reformar la ley para que este tipo de datos se hagan públicos, pues de otra manera la presentación de las manifestaciones de bienes es un mero trámite que no se sujeta al escrutinio público.
Las manifestaciones de bienes sirven para detectar variaciones importantes en las propiedades de los servidores públicos, en este caso municipales, con el objetivo de encontrar la posible comisión de algún delito.
No obstante, los datos se encuentran reservados a la Secretaría Estatal de la Contraloría y a la Contraloría del Poder Legislativo, y se entregan sólo por orden oficial en los casos en que se considera necesario, producto de alguna denuncia o investigación.
El funcionario parlamentario aseguró que no existe una media de cumplimiento, sino que el comportamiento en la presentación de la manifestación de bienes es de altibajos, pues en ocasiones incrementa el nivel de cumplimento pero al siguiente año disminuye. Barrios Dávalos recordó que a lo largo de una década han sido sometidos a multas dos mil servidores públicos.
En la mayoría de los casos, dijo, los funcionarios municipales argumentan que por enfermedad no entregaron a tiempo su manifestación de bienes.
"Lo cierto es que ignoran el llamado de la dependencia legislativa porque saben que hay datos que pueden comprometerlos", comentó.
En diez años, recordó, la sanción más alta que hemos impuesto por incumplir esta obligación, ha sido por 103 mil pesos, y la más pequeña por 300 pesos.
La Contraloría del Poder Legislativo, explicó, se encarga de fijar las sanciones económicas y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México de realizar los cobros: "las multas se aplican en función de los salarios.
Finalmente, comentó que se demuestra la utilidad de la manifestación de bienes en la medida que subraya la responsabilidad con que deben conducirse los servidores públicos, mediante una forma específica de rendición de cuentas.
Sin embargo, insistió en la necesidad de reformar la ley para que este tipo de datos se hagan públicos, pues de otra manera la presentación de las manifestaciones de bienes es un mero trámite que no se sujeta al escrutinio público.
Las manifestaciones de bienes sirven para detectar variaciones importantes en las propiedades de los servidores públicos, en este caso municipales, con el objetivo de encontrar la posible comisión de algún delito.
No obstante, los datos se encuentran reservados a la Secretaría Estatal de la Contraloría y a la Contraloría del Poder Legislativo, y se entregan sólo por orden oficial en los casos en que se considera necesario, producto de alguna denuncia o investigación.
Hoy Estado
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