Ciudad de México.- El 22 de diciembre de 1997 un grupo armado de alrededor 100 personas asesinó a 45 tzotziles habitantes del municipio de Chenalhó, Chiapas, entre ellos, 18 niños, 22 mujeres y 6 hombres.
Cerca de 350 indígenas pertenecientes a la organización Las Abejas fueron agredidos por un grupo paramilitar, en un ataque que duró cerca de seis horas y media. La masacre ocurrió durante el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo.
Versiones oficiales aseguraron que el ataque se dio debido a que existían disputas entre grupos locales tras formarse el Concejo Municipal Autónomo de Polhó, pero los testimonios de los habitantes aseguran que la matanza se debió a la simpatía que los tzotziles tenían y expresaban hacia la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Los habitantes aseguran que los tres niveles de gobierno organizaron grupos paramilitares con el propósito de hostigarlos y causar enfrentamientos para después, justificar el atque en contra de los zapatistas.
Actualmente el caso no se ha podido resolver debido a varias irregularidades en el proceso y corrupción. Los responsables de la matanza están libres mientras que indígenas de la misma comunidad están presos señalados de haber participado en la matanza.
Autoridades dejan cargos tras masacre
Emilio Chuayffet, quien en ese entonces era Secretario de Gobernación, presentó su renuncia y fue sustituido por Francisco Labastida.
De igual forma, Julio César Ruiz Ferro, entonces gobernador interino de Chiapas renunció al cargo después de que se diera a conocer una conversación vía telefónica en la que se escuchaba al gobernador del municipio de Chenalhó, Mariano Arias, diciendo: ''mi presidente, no te preocupes, deja que se maten, yo voy a mandar la seguridad pública para que levanten a los muertos''.
Por su parte, la Procuraduría General de la República detuvo a cuatro elementos de la Seguridad Pública de Chiapas por supuestamente proteger a grupos civiles armados que participaron, también detuvieron a dos indígenas presuntamente involucrados en la masacre.
Después de una década de la matanza, en 2007, dos detenidos revelaron la ubicación de las armas que fueron usadas durante el ataque, ''nos duelen los inocentes, por eso decidimos confesar'', expresaron.
Exoneraciones
Pese a que en el año 2006, la Fiscalía General de Justicia de Chiapas creó una comisión especial para reactivar las investigaciones del caso, fueron exonerados varios personajes, lo cual, provocó nuevos conflictos en Chenalhó.
Antonio Santiz López, presunto autor del ataque, fue exonerado de los delitos de homicidio, lesiones calificadas y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Entre 2008 y 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó en libertad a casi 30 involucrados en la matanza.
Antonio Vázquez Secum, quien según el libro blanco elaborado por la PGR, solicitó apoyo a hombres armados de la comunidad Los Chorros para ultimar a 45 indígenas de Acteal, en venganza por el asesinato de su hijo Agustín Vázquez, el 17 de diciembre de 1997, murió en 2007.
Ese mismo año, encarcelaron y condenaron a 34 indígenas a 26 años de prisión, sólo dos confesaron haber participado en la masacre.
En 2011, 10 presuntas víctimas de la matanza presentaron en una Corte de Conneticut, Estados Unidos, una demanda civil en contra de Ernesto Zedillo para demandar una compensación por los hechos, pero en febrero de 2014 fue exonerado por una corte de apelaciones en Nueva York.
Cerca de 350 indígenas pertenecientes a la organización Las Abejas fueron agredidos por un grupo paramilitar, en un ataque que duró cerca de seis horas y media. La masacre ocurrió durante el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo.
Versiones oficiales aseguraron que el ataque se dio debido a que existían disputas entre grupos locales tras formarse el Concejo Municipal Autónomo de Polhó, pero los testimonios de los habitantes aseguran que la matanza se debió a la simpatía que los tzotziles tenían y expresaban hacia la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Los habitantes aseguran que los tres niveles de gobierno organizaron grupos paramilitares con el propósito de hostigarlos y causar enfrentamientos para después, justificar el atque en contra de los zapatistas.
Actualmente el caso no se ha podido resolver debido a varias irregularidades en el proceso y corrupción. Los responsables de la matanza están libres mientras que indígenas de la misma comunidad están presos señalados de haber participado en la matanza.
Autoridades dejan cargos tras masacre
Emilio Chuayffet, quien en ese entonces era Secretario de Gobernación, presentó su renuncia y fue sustituido por Francisco Labastida.
De igual forma, Julio César Ruiz Ferro, entonces gobernador interino de Chiapas renunció al cargo después de que se diera a conocer una conversación vía telefónica en la que se escuchaba al gobernador del municipio de Chenalhó, Mariano Arias, diciendo: ''mi presidente, no te preocupes, deja que se maten, yo voy a mandar la seguridad pública para que levanten a los muertos''.
Por su parte, la Procuraduría General de la República detuvo a cuatro elementos de la Seguridad Pública de Chiapas por supuestamente proteger a grupos civiles armados que participaron, también detuvieron a dos indígenas presuntamente involucrados en la masacre.
Después de una década de la matanza, en 2007, dos detenidos revelaron la ubicación de las armas que fueron usadas durante el ataque, ''nos duelen los inocentes, por eso decidimos confesar'', expresaron.
Exoneraciones
Pese a que en el año 2006, la Fiscalía General de Justicia de Chiapas creó una comisión especial para reactivar las investigaciones del caso, fueron exonerados varios personajes, lo cual, provocó nuevos conflictos en Chenalhó.
Antonio Santiz López, presunto autor del ataque, fue exonerado de los delitos de homicidio, lesiones calificadas y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Entre 2008 y 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó en libertad a casi 30 involucrados en la matanza.
Antonio Vázquez Secum, quien según el libro blanco elaborado por la PGR, solicitó apoyo a hombres armados de la comunidad Los Chorros para ultimar a 45 indígenas de Acteal, en venganza por el asesinato de su hijo Agustín Vázquez, el 17 de diciembre de 1997, murió en 2007.
Ese mismo año, encarcelaron y condenaron a 34 indígenas a 26 años de prisión, sólo dos confesaron haber participado en la masacre.
En 2011, 10 presuntas víctimas de la matanza presentaron en una Corte de Conneticut, Estados Unidos, una demanda civil en contra de Ernesto Zedillo para demandar una compensación por los hechos, pero en febrero de 2014 fue exonerado por una corte de apelaciones en Nueva York.
Informador.mx
No hay comentarios.:
Publicar un comentario