México, D.F.- Cuando Israel Zurita, de 44 años, notó que su hija, de 6, despertaba asustada durante la madrugada y se mostraba temerosa gran parte del día, sabía que necesitaba ayuda. “Nunca antes la había visto así”, les dijo a los psicólogos del DIF de Tabasco, quienes le realizaron las pruebas que determinaron abuso sexual. Semanas después, la pequeña reveló quién había sido su agresor: la pareja sentimental de su madre y presidente municipal de Cárdenas, Abenamar Pérez Acosta.
En ese momento, los psicólogos recomendaron al padre interponer una denuncia. Así lo hizo y, después de distintas pruebas periciales, se integró la averiguación previa por los delitos de pederastia y corrupción de menores contra el alcalde, como presunto responsable, y contra la madre de la menor, Ana Laura de la Cruz, y la abuela, Guadalupe Morales, por consentir el delito.
El 24 de junio de 2014, el Ministerio Público giró la orden de aprehensión contra ambas mujeres al haber encontrado elementos suficientes que acreditaban el delito. Hasta el momento, solo la abuela ha sido detenida en Cancún.
Zurita solicitó al procurador de Tabasco, Fernando Valenzuela, iniciar la solicitud al Congreso del estado para conseguir el desafuero del alcalde Pérez Acosta para que pudiera ser juzgado por el delito. Sin embargo, el 1 de octubre de 2014 le informaron la negativa de proceder.
A través de un oficio girado al padre de la víctima, Valenzuela respondió que “en razón de que el probable responsable ofreció pruebas de descargo, las cuales fueron admitidas por el Agente del Ministerio Público, y toda vez que la declaración se constituye un requisito de procedibilidad, ésta será solicitada al agotarse la indagatoria correspondiente a fin de no violentar los derechos de defensa que asisten al indiciado”.
Con este oficio, el procurador de Tabasco informó que no procedería el desafuero
Sobre la madre, Ana Laura de la Cruz, de 32 años, la procuraduría del estado informa que se trasladó a Sinaloa y “precisamente por ello se ha tramitado el oficio de colaboración correspondiente”.
Animal Político solicitó al área de comunicación una entrevista con el presidente municipal para conocer su versión de los hechos, pero no hubo respuesta en las tres ocasiones que se le buscó.
En más de un año, el padre de la niña ha acudido a todas las instancias que pudieran atender su caso: la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, el gobierno y la secretaría general de la entidad, encabezada por Arturo Núñez; la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco (CEDH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Pero después de tocar tantas puertas, Israel no puede ocultar su decepción por las respuestas que le han dado las autoridades, quienes deberían velar por las víctimas y no “proteger” a los victimarios.
“Un cargo público no significa inmunidad para cometer delitos”, insiste. Pero en este caso, “la única explicación del por qué el presunto agresor sigue libre y sin enfrentar un juicio es el encubrimiento de una clase política interesada solo en las elecciones.”
El año pasado, su ex abogado le había dicho que la parte acusada había ofrecido dinero para que desistiera de la demanda. “Yo no vendo a mi hija, lo que quiero es que se haga justicia, que no le pase esto a nadie más”, le respondió entonces.
Animal Político
En ese momento, los psicólogos recomendaron al padre interponer una denuncia. Así lo hizo y, después de distintas pruebas periciales, se integró la averiguación previa por los delitos de pederastia y corrupción de menores contra el alcalde, como presunto responsable, y contra la madre de la menor, Ana Laura de la Cruz, y la abuela, Guadalupe Morales, por consentir el delito.
El 24 de junio de 2014, el Ministerio Público giró la orden de aprehensión contra ambas mujeres al haber encontrado elementos suficientes que acreditaban el delito. Hasta el momento, solo la abuela ha sido detenida en Cancún.
Zurita solicitó al procurador de Tabasco, Fernando Valenzuela, iniciar la solicitud al Congreso del estado para conseguir el desafuero del alcalde Pérez Acosta para que pudiera ser juzgado por el delito. Sin embargo, el 1 de octubre de 2014 le informaron la negativa de proceder.
A través de un oficio girado al padre de la víctima, Valenzuela respondió que “en razón de que el probable responsable ofreció pruebas de descargo, las cuales fueron admitidas por el Agente del Ministerio Público, y toda vez que la declaración se constituye un requisito de procedibilidad, ésta será solicitada al agotarse la indagatoria correspondiente a fin de no violentar los derechos de defensa que asisten al indiciado”.
Con este oficio, el procurador de Tabasco informó que no procedería el desafuero
Sobre la madre, Ana Laura de la Cruz, de 32 años, la procuraduría del estado informa que se trasladó a Sinaloa y “precisamente por ello se ha tramitado el oficio de colaboración correspondiente”.
Animal Político solicitó al área de comunicación una entrevista con el presidente municipal para conocer su versión de los hechos, pero no hubo respuesta en las tres ocasiones que se le buscó.
En más de un año, el padre de la niña ha acudido a todas las instancias que pudieran atender su caso: la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, el gobierno y la secretaría general de la entidad, encabezada por Arturo Núñez; la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco (CEDH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Pero después de tocar tantas puertas, Israel no puede ocultar su decepción por las respuestas que le han dado las autoridades, quienes deberían velar por las víctimas y no “proteger” a los victimarios.
“Un cargo público no significa inmunidad para cometer delitos”, insiste. Pero en este caso, “la única explicación del por qué el presunto agresor sigue libre y sin enfrentar un juicio es el encubrimiento de una clase política interesada solo en las elecciones.”
El año pasado, su ex abogado le había dicho que la parte acusada había ofrecido dinero para que desistiera de la demanda. “Yo no vendo a mi hija, lo que quiero es que se haga justicia, que no le pase esto a nadie más”, le respondió entonces.
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