Ciudad de México.- Durante la Jornada Internacional contra la desaparición forzada y el genocidio, con la conferencia: “El Salvador, de la guerra civil a la paz”, la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT), secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, enfatizó que delitos cometidos en Tlatlaya y Ayotzinapa son un agravio para toda la humanidad; por ello, dijo, se debe buscar que estos actos no se repitan.
Precisó que si bien es cierto que el Código Penal Federal vigente, en su artículo 149 Bis, tipifica al genocidio, y en el artículo 215 al delito de desaparición forzada, “los hechos que ocurrieron en el Estado de México y en Guerrero, nos llevan a los legisladores no solamente a preocuparnos, sino a ocuparnos por definir un marco jurídico específico que contribuya a desalentar el que se repita este tipo de acontecimientos”.
Estimó que existe un problema de carácter estructural en la institución del Ministerio Público, ya que si “cumpliera con la responsabilidad de investigar los delitos y ejercer la acción penal ante los tribunales correspondientes, hechos como los de Tlatlaya y Ayotzinapa no se hubieran suscitado y la delincuencia organizada no estaría en los niveles que hoy se viven en nuestro país”.
Destacó que el sistema de procuración de justicia se sustenta en la actuación del Ministerio Público. Los ciudadanos, continuó, no pueden acudir ante un juez directamente, por lo que su demanda va a depender del Ministerio Público para que las presuntas conductas delictivas puedan ser perseguidas de manera oficiosa por querella de la parte ofendida.
Precisó que si bien es cierto que el Código Penal Federal vigente, en su artículo 149 Bis, tipifica al genocidio, y en el artículo 215 al delito de desaparición forzada, “los hechos que ocurrieron en el Estado de México y en Guerrero, nos llevan a los legisladores no solamente a preocuparnos, sino a ocuparnos por definir un marco jurídico específico que contribuya a desalentar el que se repita este tipo de acontecimientos”.
Estimó que existe un problema de carácter estructural en la institución del Ministerio Público, ya que si “cumpliera con la responsabilidad de investigar los delitos y ejercer la acción penal ante los tribunales correspondientes, hechos como los de Tlatlaya y Ayotzinapa no se hubieran suscitado y la delincuencia organizada no estaría en los niveles que hoy se viven en nuestro país”.
Destacó que el sistema de procuración de justicia se sustenta en la actuación del Ministerio Público. Los ciudadanos, continuó, no pueden acudir ante un juez directamente, por lo que su demanda va a depender del Ministerio Público para que las presuntas conductas delictivas puedan ser perseguidas de manera oficiosa por querella de la parte ofendida.
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