Ciudad de México.- La eliminación del fuero, junto con la creación de los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción, son la trípode para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado mexicano, aseguró el senador Miguel Barbosa Huerta.
Sostuvo que el fuero “poco ayuda y mucho estorba” a la rendición de cuentas, ya que el ciudadano entiende a esta figura, de la cual gozan los altos funcionarios públicos y representantes populares, “como impunidad y no como una herramienta para cumplir adecuadamente con sus funciones”.
Señaló que es necesario construir un punto medio en torno al dilema que representa, por un lado, la protección de las instituciones públicas en contra de ataques políticos y, por otra parte, la eficacia en el control del ejercicio del poder mediante un sistema eficiente de responsabilidad de los servidores públicos.
Barbosa Huerta recordó que la reforma constitucional en materia de inmunidad de servidores públicos, aprobada por el Senado el 1 de diciembre de 2011, buscó garantizar la aplicación estricta de la justicia, combatiendo la corrupción y evitando la impunidad de éstos, pero sin exponerlos a los vaivenes de la política que pueden ser causa de la acusación infundada.
Como se trata de altos servidores públicos de la Federación y de las entidades, las acusaciones infundadas suelen buscar, ante todo, el escándalo, por lo que resultó conveniente un mecanismo de revisión del auto de sujeción a proceso.
Este esquema garantiza la continuidad en el desempeño de las funciones de los órganos esenciales del Estado mexicano, mientras se lleva a cabo sin restricciones un proceso judicial, que debe culminar en condena o absolución, dijo.
Sostuvo que el fuero “poco ayuda y mucho estorba” a la rendición de cuentas, ya que el ciudadano entiende a esta figura, de la cual gozan los altos funcionarios públicos y representantes populares, “como impunidad y no como una herramienta para cumplir adecuadamente con sus funciones”.
Señaló que es necesario construir un punto medio en torno al dilema que representa, por un lado, la protección de las instituciones públicas en contra de ataques políticos y, por otra parte, la eficacia en el control del ejercicio del poder mediante un sistema eficiente de responsabilidad de los servidores públicos.
Barbosa Huerta recordó que la reforma constitucional en materia de inmunidad de servidores públicos, aprobada por el Senado el 1 de diciembre de 2011, buscó garantizar la aplicación estricta de la justicia, combatiendo la corrupción y evitando la impunidad de éstos, pero sin exponerlos a los vaivenes de la política que pueden ser causa de la acusación infundada.
Como se trata de altos servidores públicos de la Federación y de las entidades, las acusaciones infundadas suelen buscar, ante todo, el escándalo, por lo que resultó conveniente un mecanismo de revisión del auto de sujeción a proceso.
Este esquema garantiza la continuidad en el desempeño de las funciones de los órganos esenciales del Estado mexicano, mientras se lleva a cabo sin restricciones un proceso judicial, que debe culminar en condena o absolución, dijo.
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