Estado de México.- Con el aval que la Cámara de Diputados mexiquense dio este jueves al decreto del Congreso de la Unión en materia de “Disciplina financiera de las entidades federativas y municipios”, se pone freno a los procesos de endeudamiento practicados por alcaldes y el titular del Poder Ejecutivo del Estado de México, pues para poder contratar un crédito, éste sólo podrá proceder si es avalado por dos terceras partes de los diputados locales.
Aquellos proyectos de deuda planteados por administraciones municipales que registren problemas financieros (endeudados), se deberán someter a un minucioso estudio y análisis que podría involucrar a una Comisión Bicameral de diputados locales y federales, incluso de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los cuales avalarán o desecharán la petición.
La minuta del proyecto de decreto enviada por la Cámara de Senadores fue “analizada” en breves minutos por los “nuevos” (suplentes) y “viejos” diputados que conformaron los trabajos de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Planeación y Gasto Público y Fianzas Públicas. Sin mayor estudio, comentario o acotación, los legisladores locales dieron luz verde a la propuesta que esta misma tarde fue votada a favor durante la sesión del pleno legislativo.
La modificación constitucional en materia de disciplina financiera de municipios y estados establece reglas y candados para la autorización de la contratación de deuda pública; la obligación de todas las entidades para que asuman las leyes de transparencia y acceso a la información; asimismo, que establezcan y asuman como responsabilidad la entrega de información relativa a la deuda pública contraída, la cual deberá contar con el nombre del acreedor, objeto, monto, plazos, tasas de interés y garantías otorgadas; además, deberá señalar la deuda que se tiene con proveedores y la que se adquiere a través de contratos entre asociaciones de entes públicos y privados, así como la correspondiente a jubilaciones y pensiones.
Es de destacar que las modificaciones legales también establecen el diseño de “nuevos” candados para impedir actos de corrupción o desvío de recursos; también obliga a los alcaldes o funcionarios estatales que, en caso de reestructuración y reingeniería de deuda, se podrá proceder sólo si se consideran condiciones de mercado favorables para el estado y ayuntamientos. Por otro lado, datos de la Cuenta Pública del 2013 precisa que el Sector Central del Gobierno del Estado de México tiene una deuda de 32 mil 600 millones de pesos.
Aquellos proyectos de deuda planteados por administraciones municipales que registren problemas financieros (endeudados), se deberán someter a un minucioso estudio y análisis que podría involucrar a una Comisión Bicameral de diputados locales y federales, incluso de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los cuales avalarán o desecharán la petición.
La minuta del proyecto de decreto enviada por la Cámara de Senadores fue “analizada” en breves minutos por los “nuevos” (suplentes) y “viejos” diputados que conformaron los trabajos de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Planeación y Gasto Público y Fianzas Públicas. Sin mayor estudio, comentario o acotación, los legisladores locales dieron luz verde a la propuesta que esta misma tarde fue votada a favor durante la sesión del pleno legislativo.
La modificación constitucional en materia de disciplina financiera de municipios y estados establece reglas y candados para la autorización de la contratación de deuda pública; la obligación de todas las entidades para que asuman las leyes de transparencia y acceso a la información; asimismo, que establezcan y asuman como responsabilidad la entrega de información relativa a la deuda pública contraída, la cual deberá contar con el nombre del acreedor, objeto, monto, plazos, tasas de interés y garantías otorgadas; además, deberá señalar la deuda que se tiene con proveedores y la que se adquiere a través de contratos entre asociaciones de entes públicos y privados, así como la correspondiente a jubilaciones y pensiones.
Es de destacar que las modificaciones legales también establecen el diseño de “nuevos” candados para impedir actos de corrupción o desvío de recursos; también obliga a los alcaldes o funcionarios estatales que, en caso de reestructuración y reingeniería de deuda, se podrá proceder sólo si se consideran condiciones de mercado favorables para el estado y ayuntamientos. Por otro lado, datos de la Cuenta Pública del 2013 precisa que el Sector Central del Gobierno del Estado de México tiene una deuda de 32 mil 600 millones de pesos.
Quadratin
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