Ciudad de México.- La Estrategia Nacional de prevención y control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, fracasó por privilegiar los intereses comerciales sobre el interés público y la salud de la población, denunciaron organizaciones de la sociedad civil.
“Débil, frágil, incongruente, omisora y secuestrada”, fue como definió la nutrióloga Julieta Ponce, del Centro de Orientación Alimentaria, a la estrategia federal que pretendió atacar tres problemas de salud pública que actualmente azotan a México.
Durante la presentación del documento “Contra la obesidad y la diabetes: una estrategia secuestrada”, representantes de la Alianza por la Salud Alimentaria, conglomerado de asociaciones civiles en defensa del consumidor, analizaron las reglamentaciones establecidas desde el ámbito fiscal, de publicidad, etiquetado, distintivo nutrimental y venta en escuelas de productos altos en azúcares añadidos, grasas y sodio, es decir, comida chatarra.
Con la presencia también del especialista Rafael Díaz, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, junto a Fiorella Espinosa, coordinadora de salud alimentaria de la misma ONG, explicaron que la problemática y los costos están rebasando las regulaciones implementadas por el gobierno hasta el momento.
Con un costo a la sociedad mexicana de 85 mil millones de pesos, tan sólo en atención y pérdidas por diabetes relacionada con la obesidad, y 24 mil muertes anuales causadas por el consumo de bebidas azucaradas, Alejandro Calvillo mencionó: “Estamos viviendo un colapso del sistema de salud pública, no hay país que soporte esto”.
Con etiquetados frontales implementados y promovidos por empresas como Coca Cola y Bimbo, y regulaciones a la publicidad que no abarcan ni los medios ni los horarios suficientes, así como recaudaciones fiscales que no llegan completas a sus objetivos (bebederos en las escuelas), dicha Estrategia es considerada por los expertos como un fracaso, debido a su “secuestro” por parte de las empresas en conjunto con el gobierno.
“Las políticas no están basadas en derechos sino para evitar riesgos comerciales”, dijo Espinosa durante su participación, en la que también informó que hace falta una política para fortalecer el acceso y disponibilidad a alimentos saludables.
“Débil, frágil, incongruente, omisora y secuestrada”, fue como definió la nutrióloga Julieta Ponce, del Centro de Orientación Alimentaria, a la estrategia federal que pretendió atacar tres problemas de salud pública que actualmente azotan a México.
Durante la presentación del documento “Contra la obesidad y la diabetes: una estrategia secuestrada”, representantes de la Alianza por la Salud Alimentaria, conglomerado de asociaciones civiles en defensa del consumidor, analizaron las reglamentaciones establecidas desde el ámbito fiscal, de publicidad, etiquetado, distintivo nutrimental y venta en escuelas de productos altos en azúcares añadidos, grasas y sodio, es decir, comida chatarra.
Con la presencia también del especialista Rafael Díaz, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, junto a Fiorella Espinosa, coordinadora de salud alimentaria de la misma ONG, explicaron que la problemática y los costos están rebasando las regulaciones implementadas por el gobierno hasta el momento.
Con un costo a la sociedad mexicana de 85 mil millones de pesos, tan sólo en atención y pérdidas por diabetes relacionada con la obesidad, y 24 mil muertes anuales causadas por el consumo de bebidas azucaradas, Alejandro Calvillo mencionó: “Estamos viviendo un colapso del sistema de salud pública, no hay país que soporte esto”.
Con etiquetados frontales implementados y promovidos por empresas como Coca Cola y Bimbo, y regulaciones a la publicidad que no abarcan ni los medios ni los horarios suficientes, así como recaudaciones fiscales que no llegan completas a sus objetivos (bebederos en las escuelas), dicha Estrategia es considerada por los expertos como un fracaso, debido a su “secuestro” por parte de las empresas en conjunto con el gobierno.
“Las políticas no están basadas en derechos sino para evitar riesgos comerciales”, dijo Espinosa durante su participación, en la que también informó que hace falta una política para fortalecer el acceso y disponibilidad a alimentos saludables.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario