Estado de México.- La entrada de maquinaria pesada en terrenos que se encuentran bajo amparo federal, obligó a los comuneros de San Francisco Xochicuautla a poner una barricada para evitar que el Grupo Higa irrumpa en sus tierras y se construya lo que será la autopista Toluca-Naucalpan.
Ante la objeción de los comuneros amparados en el mandato judicial federal, la constructora fue auxiliada por granaderos para evitar que los trabajos fueran suspendidos.
A pesar de la presencia del representante de la Secretaría General de Gobierno de la entidad y del director de Gobernación de este municipio, los campesinos solicitaron que se respete la ley.
"Por más de ocho años hemos resistido, porque ellos no tienen ningún soporte legal para trabajar, ni para hacer todo lo que han hecho en nuestra zona".
El Grupo Higa ha cometido delitos ambientales, de derechos humanos, han desconocido a los tribunales federales al no acatar sus resoluciones y, sobre todo, han atentado contra la comunidad, contra sus usos y costumbres.
Los comuneros, aseguraron, contamos con todo el soporte legal para evitar que entre la maquinaria en el lugar y ellos en cambio no cuentan con ninguna autoridad, ni derecho legal para incursionar en la comunidad.
Los ahí reunidos lamentaron que el Grupo Higa continúe respaldándose en la autoridad del presidente de Bienes Comunales, cuyo dicho no corresponde al de toda la comunidad e incluso lo único que han provocado son enfrentamientos entre los mismos comuneros.
Muchos han sido los medios por los cuales han querido despojar y abusar de las tierras de los otomíes de esta región, pero se les olvida que una tierra comunal no se puede ser expropiada, no se vende, no es embargable, constituye una reserva ecológica, un área protegida, además de ser un vaso de agua cuyo aporte es fundamental para las reservas de agua, tanto para el Distrito Federal, como para Toluca.
"El proyecto fue caprichoso, reunió los requisitos técnicos tal vez, pero la parte administrativa no fue pública, no fue científica, no consideró a la comunidad. Nunca tuvieron autorización para el derecho de vía y determinar luego el impacto ambiental, por lo que ha sido una constante violación a los derechos humanos, a la cultura que pega fuertemente a la comunidad".
Los comuneros reiteraron que la carretera sólo atiende a intereses económicos de grupos y en nada beneficia a sus comunidades, en cambio ocasiona un gran perjuicio a corto y largo plazo. Su trazo es caprichoso, tiene errores gigantescos, por lo que Xochicuautla no es la única en lucha, ya que otras comunidades también se encuentran en contra de la entrada de la empresa.
Los ahí reunidos señalaron que era lamentable que los gobiernos continúen discriminando a los pueblos originarios como lo hacen hoy con el otomí. "Se ve la opresión y discriminación que hacen de la gente antigua, es que la empresa, sin tener el soporte legal para poder realizar sus trabajos, no respeta la ley".
Actualmente un procedimiento legal sigue su curso y no pueden violentar el derecho que tienen a defenderse, es decir, en tanto la empresa no tenga el juicio ganado, no puede construir nada.
"La carretera no se le pidió, es privada, no es pública. El Código Agrario señala que no debe entrar la empresa, ni mucho menos ejercer ese tipo de acciones de trabajo dentro de los términos legales y además es un área natural protegida, es santuario del agua del río San Lorenzo, es un parque otomí-mexica".
Ante la objeción de los comuneros amparados en el mandato judicial federal, la constructora fue auxiliada por granaderos para evitar que los trabajos fueran suspendidos.
A pesar de la presencia del representante de la Secretaría General de Gobierno de la entidad y del director de Gobernación de este municipio, los campesinos solicitaron que se respete la ley.
"Por más de ocho años hemos resistido, porque ellos no tienen ningún soporte legal para trabajar, ni para hacer todo lo que han hecho en nuestra zona".
El Grupo Higa ha cometido delitos ambientales, de derechos humanos, han desconocido a los tribunales federales al no acatar sus resoluciones y, sobre todo, han atentado contra la comunidad, contra sus usos y costumbres.
Los comuneros, aseguraron, contamos con todo el soporte legal para evitar que entre la maquinaria en el lugar y ellos en cambio no cuentan con ninguna autoridad, ni derecho legal para incursionar en la comunidad.
Los ahí reunidos lamentaron que el Grupo Higa continúe respaldándose en la autoridad del presidente de Bienes Comunales, cuyo dicho no corresponde al de toda la comunidad e incluso lo único que han provocado son enfrentamientos entre los mismos comuneros.
Muchos han sido los medios por los cuales han querido despojar y abusar de las tierras de los otomíes de esta región, pero se les olvida que una tierra comunal no se puede ser expropiada, no se vende, no es embargable, constituye una reserva ecológica, un área protegida, además de ser un vaso de agua cuyo aporte es fundamental para las reservas de agua, tanto para el Distrito Federal, como para Toluca.
"El proyecto fue caprichoso, reunió los requisitos técnicos tal vez, pero la parte administrativa no fue pública, no fue científica, no consideró a la comunidad. Nunca tuvieron autorización para el derecho de vía y determinar luego el impacto ambiental, por lo que ha sido una constante violación a los derechos humanos, a la cultura que pega fuertemente a la comunidad".
Los comuneros reiteraron que la carretera sólo atiende a intereses económicos de grupos y en nada beneficia a sus comunidades, en cambio ocasiona un gran perjuicio a corto y largo plazo. Su trazo es caprichoso, tiene errores gigantescos, por lo que Xochicuautla no es la única en lucha, ya que otras comunidades también se encuentran en contra de la entrada de la empresa.
Los ahí reunidos señalaron que era lamentable que los gobiernos continúen discriminando a los pueblos originarios como lo hacen hoy con el otomí. "Se ve la opresión y discriminación que hacen de la gente antigua, es que la empresa, sin tener el soporte legal para poder realizar sus trabajos, no respeta la ley".
Actualmente un procedimiento legal sigue su curso y no pueden violentar el derecho que tienen a defenderse, es decir, en tanto la empresa no tenga el juicio ganado, no puede construir nada.
"La carretera no se le pidió, es privada, no es pública. El Código Agrario señala que no debe entrar la empresa, ni mucho menos ejercer ese tipo de acciones de trabajo dentro de los términos legales y además es un área natural protegida, es santuario del agua del río San Lorenzo, es un parque otomí-mexica".
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