Estado de México.- Peritajes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y de la Procuraduría General de la República (PGR) revelan que de las 22 personas que fueron abatidas por elementos del Ejército el 30 junio de 2014, dentro de una bodega en el municipio mexiquense de Tlatlaya, 11 fueron prácticamente fusiladas, otras cinco murieron realizando ‘‘maniobras instintivas de defensa’’ y del resto no se menciona que hubieran disparado contra los militares.
En los documentos se da cuenta de que estaban descargadas (desabastecidas) las armas de tres víctimas, a las que en las primeras investigaciones se les señalaba como participantes en el enfrentamiento con los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Los estudios forenses –con los cuales la PGR sustentó las acusaciones de homicidio en contra de tres soldados en agravio de nueve de las 22 víctimas– indican que los militares también utilizaron en estos hechos un fusil al que le borraron la matrícula y otra arma de la cual no se precisó su origen.
Los militares –siempre con base en los estudios– realizaron al menos 160 disparos y las víctimas 12. Los soldados impactaron 60 balas, todas en la zona torácica de los presuntos delincuentes. El reporte refiere que tres balas lesionaron a un miembro del Ejército, y para el estudio forense se analizaron las huellas de los impactos en un chaleco antibalas.
La Jornada obtuvo copia de los peritajes mediante una solicitud de información pública y en ella se documenta que algunos militares dispararon a corta distancia a varias de las víctimas y los casquillos de los cartuchos percutidos quedaron a escasos 70 centímetros de los cadáveres, lo que confirmaría las versiones que aparecieron después en ese sentido y la descripción que peritos dieron de las fotografías que se publicaron en este diario el 26 de septiembre de 2014.
En los documentos se da cuenta de que estaban descargadas (desabastecidas) las armas de tres víctimas, a las que en las primeras investigaciones se les señalaba como participantes en el enfrentamiento con los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Los estudios forenses –con los cuales la PGR sustentó las acusaciones de homicidio en contra de tres soldados en agravio de nueve de las 22 víctimas– indican que los militares también utilizaron en estos hechos un fusil al que le borraron la matrícula y otra arma de la cual no se precisó su origen.
Los militares –siempre con base en los estudios– realizaron al menos 160 disparos y las víctimas 12. Los soldados impactaron 60 balas, todas en la zona torácica de los presuntos delincuentes. El reporte refiere que tres balas lesionaron a un miembro del Ejército, y para el estudio forense se analizaron las huellas de los impactos en un chaleco antibalas.
La Jornada obtuvo copia de los peritajes mediante una solicitud de información pública y en ella se documenta que algunos militares dispararon a corta distancia a varias de las víctimas y los casquillos de los cartuchos percutidos quedaron a escasos 70 centímetros de los cadáveres, lo que confirmaría las versiones que aparecieron después en ese sentido y la descripción que peritos dieron de las fotografías que se publicaron en este diario el 26 de septiembre de 2014.
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