Edomex.- En los primeros dos años y cuatro meses de la gestión del priista Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) se usaron de forma deficiente y sin controles estrictos, lo que permitió que parte de ese dinero se traspasara a cuentas bancarias ajenas al Fondo, se destinara a acciones que no correspondían con sus objetivos, se gastaran inadecuadamente o simplemente no se usaran, detectó la revisión de las cuentas públicas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Se trató de una millonaria bolsa de mil 768 millones 851 mil 300 pesos de transferencias federales a las arcas públicas del Estado de México, uno de los estados con más altos índices delictivos por secuestro, extorsión y robo de vehículo (con y sin violencia), de acuerdo con los últimos datos sobre incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). No obstante, los recursos destinados por la Federación a acciones de seguridad pública en esa entidad, al amparo del FASP, fueron usados deficientemente por el Gobierno mexiquense, encabezado por Ávila Villegas, conforme a las fiscalizaciones a las cuentas públicas anuales que la ASF hizo respecto a los ejercicios de 2011, 2012 y 2013. En todas ellas, la conclusión del máximo órgano fiscalizador del país ha sido la misma: la operación del Fondo en ese estado es “deficiente”, de modo que no se cumplen los objetivos del FASP. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal es una bolsa de recursos que la Federación transfiere a las entidades para reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de personal vinculado con la seguridad pública, de acuerdo con información del SESNSP. Asimismo, los recursos del Fondo pueden emplearse en equipamiento de las policías judiciales, peritos, ministerios públicos, policías preventivos o custodios de centros penitenciarios; en la construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, cárceles e instalaciones de los cuerpos de seguridad pública; establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y sus centros de capacitación, y el seguimiento y evaluación de todos estos programas. Sin embargo, de acuerdo con una auditoría realizada a los recursos del FASP en 2013 (identificada con el número 13-A-15000-14-0493-GF-609), el Estado de México “no dispone de un sistema de control interno adecuado que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo.
Proceso
No hay comentarios.:
Publicar un comentario