Ciudad de México.– México permanece como uno de los entornos más hostiles para los periodistas online y los blogueros, mientras que informes recientes sugieren que la vigilancia estatal es generalizada en el país, alertó Freedom House en su informe “Libertad en la Red 2015″ presentado este día.
La vigilancia no sólo afecta a los periodistas en uno de los países con menor libertad de expresión, sino también al ciudadano de a pie.
El reporte, que califica a México como un país “parcialmente libre”, refiere que aunque el acceso a Internet ha mejorado en los últimos años, “la libertad está severamente limitada por uno de los más altos niveles de violencia contra periodistas en el mundo”.
En este clima de inseguridad, refiere el informe, el gobierno amplió sus poderes de vigilancia al aprobar la Reforma de Telecomunicaciones de 2014. Freedom House menciona que los informes recientes sobre los contratos del gobierno mexicano con la empresa italiana Hacking Team “sugieren que la vigilancia estatal es generalizada”.
Con respecto a la Ley de Telecomunicaciones, el organismo alerta el que los proveedores de servicios de Internet y de móviles almacenen los datos de los usuarios durante al menos dos años y proporcionen registros detallados de las comunicaciones a la policía, sin una orden judicial de por medio.
El reporte menciona que a pesar de la exigencia constitucional de que cualquier intervención de comunicaciones personales debe ir acompañada de una orden judicial “el gobierno mexicano tiene amplios poderes para rastrear y vigilar a los ciudadanos”.
La organización internacional refiere que una de las principales preocupaciones planteadas por los grupos de la sociedad civil es el lenguaje vago en la Ley que permite a la “autoridad competente” pedir información.
“La corrupción y el débil Estado de Derecho entre los gobiernos estatales, incluyendo la infiltración de las fuerzas del orden por el crimen organizado, dejan espacio para que las comunicaciones privadas caigan en las manos equivocadas”, refiere el documento.
La organización destaca los informes recientes sobre un vasto aparato de vigilancia estatal que ha puesto en tela de juicio la idoneidad de las protecciones de la privacidad.
“En julio de 2015, un hackeo dio lugar a una fuga de documentos internos de la empresa de vigilancia de Hacking Team que reveló que México era el mayor cliente de la compañía en todo el mundo y que la compañía ha firmado más de 14 contratos con varias agencias estatales y federales”, refiere el reporte.
Freedom House dice que la información filtrada de Hacking Team “es sólo el último de una serie de escándalos relacionados con aparatos de vigilancia de México”.
Recordó que en julio de 2012, fuentes militares filtraron pruebas, que fueron confirmadas más tarde por el Ejército mexicano, sobre la compra secreta del Ejército Mexicano de más de 4 mil millones de pesos de un spyware diseñado para interceptar comunicaciones.
El reporte menciona además la información difundida en 2013 sobre el uso del software FinFisher para la vigilancia en México. “Aunque un grupo de organizaciones de derechos humanos ha pedido una investigación federal sobre el uso de herramientas de espionaje y de inteligencia, el gobierno aún tiene que realizar o someterse a cualquier investigación”, dice el texto.
La organización menciona que el gobierno de Estados Unidos habría desempeñado un papel clave en la financiación y el apoyo a la expansión del aparato de vigilancia de México, por ejemplo a través de la entrega de equipos especializados de vigilancia en 2006.
“Este equipo, que comprende Sistema de Vigilancia Técnica de México, permite al gobierno a interceptar, analizar y utilizar información interceptada de todo tipo de sistemas de comunicación que operan en México”, dice el informe.
Freedom House mencionó que entre enero y diciembre de 2014, Facebook recibió 430 solicitudes del gobierno mexicano para obtener información relacionada con 679 usuarios, un incremento de más del 100 por ciento en comparación con 2013. En el 56 por ciento de los casos, dice el reporte, Facebook dio un poco de información.
Google recibió 111 solicitudes del gobierno mexicano para los datos de usuario de 144 usuarios un aumento del 37 por ciento respecto al periodo anterior. La compañía reprodujo la información en 79 de estos casos.
Freedom House señala México que sigue siendo uno de los entornos más hostiles a los periodistas online y los blogueros, que sufren represalias de los cárteles de la droga, el crimen organizado y las autoridades.
El texto subraya que en el periodo analizado fueron asesinados una persona que hacía periodismo ciudadano y otros siete reporteros e indica que la ley federal de telecomunicaciones introducida en julio de 2014 puede ayudar a mejorar la situación, pero que algunas de sus medidas también pueden constituir una violación a la privacidad en la red.
Además los periodistas online sufren continuos ciberataques; se han registrado seis importantes contra reporteros y medios en el periodo analizado.
La vigilancia no sólo afecta a los periodistas en uno de los países con menor libertad de expresión, sino también al ciudadano de a pie.
El reporte, que califica a México como un país “parcialmente libre”, refiere que aunque el acceso a Internet ha mejorado en los últimos años, “la libertad está severamente limitada por uno de los más altos niveles de violencia contra periodistas en el mundo”.
En este clima de inseguridad, refiere el informe, el gobierno amplió sus poderes de vigilancia al aprobar la Reforma de Telecomunicaciones de 2014. Freedom House menciona que los informes recientes sobre los contratos del gobierno mexicano con la empresa italiana Hacking Team “sugieren que la vigilancia estatal es generalizada”.
Con respecto a la Ley de Telecomunicaciones, el organismo alerta el que los proveedores de servicios de Internet y de móviles almacenen los datos de los usuarios durante al menos dos años y proporcionen registros detallados de las comunicaciones a la policía, sin una orden judicial de por medio.
El reporte menciona que a pesar de la exigencia constitucional de que cualquier intervención de comunicaciones personales debe ir acompañada de una orden judicial “el gobierno mexicano tiene amplios poderes para rastrear y vigilar a los ciudadanos”.
La organización internacional refiere que una de las principales preocupaciones planteadas por los grupos de la sociedad civil es el lenguaje vago en la Ley que permite a la “autoridad competente” pedir información.
“La corrupción y el débil Estado de Derecho entre los gobiernos estatales, incluyendo la infiltración de las fuerzas del orden por el crimen organizado, dejan espacio para que las comunicaciones privadas caigan en las manos equivocadas”, refiere el documento.
La organización destaca los informes recientes sobre un vasto aparato de vigilancia estatal que ha puesto en tela de juicio la idoneidad de las protecciones de la privacidad.
“En julio de 2015, un hackeo dio lugar a una fuga de documentos internos de la empresa de vigilancia de Hacking Team que reveló que México era el mayor cliente de la compañía en todo el mundo y que la compañía ha firmado más de 14 contratos con varias agencias estatales y federales”, refiere el reporte.
Freedom House dice que la información filtrada de Hacking Team “es sólo el último de una serie de escándalos relacionados con aparatos de vigilancia de México”.
Recordó que en julio de 2012, fuentes militares filtraron pruebas, que fueron confirmadas más tarde por el Ejército mexicano, sobre la compra secreta del Ejército Mexicano de más de 4 mil millones de pesos de un spyware diseñado para interceptar comunicaciones.
El reporte menciona además la información difundida en 2013 sobre el uso del software FinFisher para la vigilancia en México. “Aunque un grupo de organizaciones de derechos humanos ha pedido una investigación federal sobre el uso de herramientas de espionaje y de inteligencia, el gobierno aún tiene que realizar o someterse a cualquier investigación”, dice el texto.
La organización menciona que el gobierno de Estados Unidos habría desempeñado un papel clave en la financiación y el apoyo a la expansión del aparato de vigilancia de México, por ejemplo a través de la entrega de equipos especializados de vigilancia en 2006.
“Este equipo, que comprende Sistema de Vigilancia Técnica de México, permite al gobierno a interceptar, analizar y utilizar información interceptada de todo tipo de sistemas de comunicación que operan en México”, dice el informe.
Freedom House mencionó que entre enero y diciembre de 2014, Facebook recibió 430 solicitudes del gobierno mexicano para obtener información relacionada con 679 usuarios, un incremento de más del 100 por ciento en comparación con 2013. En el 56 por ciento de los casos, dice el reporte, Facebook dio un poco de información.
Google recibió 111 solicitudes del gobierno mexicano para los datos de usuario de 144 usuarios un aumento del 37 por ciento respecto al periodo anterior. La compañía reprodujo la información en 79 de estos casos.
Freedom House señala México que sigue siendo uno de los entornos más hostiles a los periodistas online y los blogueros, que sufren represalias de los cárteles de la droga, el crimen organizado y las autoridades.
El texto subraya que en el periodo analizado fueron asesinados una persona que hacía periodismo ciudadano y otros siete reporteros e indica que la ley federal de telecomunicaciones introducida en julio de 2014 puede ayudar a mejorar la situación, pero que algunas de sus medidas también pueden constituir una violación a la privacidad en la red.
Además los periodistas online sufren continuos ciberataques; se han registrado seis importantes contra reporteros y medios en el periodo analizado.
Sin embargo.mx
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