Denuncian comerciantes que hay abuso de autoridad y lo hacen ilegalmente
Estado de México.- La Agrupación de Comerciantes del Valle de Toluca acusó a las autoridades estatales y municipales que participan en los operativos en establecimientos que venden bebidas alcohólicas, de actuar ilegalmente, con abuso de autoridad y sólo contra ciertos negocios, para cuidar los intereses de algunos empresarios.
El presidente de esta asociación, Juan de Dios Bringas Enríquez, consideró que la Comisión para la Prevención de Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem), la Secretaría de Desarrollo Económico, ayuntamientos y las distintas corporaciones policiacas federales, estatales y municipales, actúan por consigna, con el objetivo de eliminar algunos bares y restaurantes, que les estorban a "sus cuates".
Refirió que entre 2014 y 2015 se llevaron a cabo al menos 40 operativos, donde no fueron molestados negocios que operan de manera irregular, entre ellos unos que no cuentan con la licencia de funcionamiento, el dictamen de impacto sanitario o están ubicados muy cerca de escuelas, pero que pagan cuotas a algunas agrupaciones para su protección. Mientras tanto, otros establecimientos han sido clausurados, al no contar con estos beneficios.
"No aplican el mismo criterio y la Ley para todos, lo hacen a discreción, lamentamos que se pasen la Ley por el arco del triunfo. A menos de 20-30 metros de las escuelas hay negocios de este tipo. Negocios que son de funcionarios, tienen privilegios. Queremos que ley se aplique igual para todos y no a discreción".
Bringas Enríquez se quejó que estos operativos están llenos de irregularidades, pues incluso se realizan un día antes de que se autorice la orden de verificación, lo anterior lo comprobó al mostrar un documento.
Denunció que las verificaciones de los bares y restaurantes se realizan con abuso de autoridad, incluso cuando el lugar no representa riesgo, como lo justificó Policarpo Montes de Oca Álvarez, secretario particular Coprisem, en una ocasión que se reunió con algunos empresarios.
"Desacreditan totalmente el negocio, es prepotente la gente que los realiza, arremeten contra todo mundo aun cuando no se detecte peligro, sacan a la clientela, son pérdidas para el negocio, es en perjuicio del mismo, pero lo que más nos molesta es la manera en cómo se conducen los verificadores", manifestó.
"Durante los operativos sacan a las personas y no se pagan las cuentas, durante el tiempo que cierran los lugares, se sigue pagando el sueldo a los trabajadores, para evitar demandas, se paga la renta, no se vale", añadió.
A su parecer, es necesario que los distintos reglamentos federales, estatales y municipales empaten sus horarios permitidos para la venta de alcohol, pues las autoridades se valen de estas imprecisiones para cometer arbitrariedades. Y también que agilicen la entrega de los dictámenes de impacto sanitario, pues son muy tardados y a veces se entregan con errores.
Aclaró que sus agremiados no están contra los operativos, sino contra la forma en que se realizan: sin criterio, sin equidad.
El Sol de Toluca
Estado de México.- La Agrupación de Comerciantes del Valle de Toluca acusó a las autoridades estatales y municipales que participan en los operativos en establecimientos que venden bebidas alcohólicas, de actuar ilegalmente, con abuso de autoridad y sólo contra ciertos negocios, para cuidar los intereses de algunos empresarios.
El presidente de esta asociación, Juan de Dios Bringas Enríquez, consideró que la Comisión para la Prevención de Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem), la Secretaría de Desarrollo Económico, ayuntamientos y las distintas corporaciones policiacas federales, estatales y municipales, actúan por consigna, con el objetivo de eliminar algunos bares y restaurantes, que les estorban a "sus cuates".
Refirió que entre 2014 y 2015 se llevaron a cabo al menos 40 operativos, donde no fueron molestados negocios que operan de manera irregular, entre ellos unos que no cuentan con la licencia de funcionamiento, el dictamen de impacto sanitario o están ubicados muy cerca de escuelas, pero que pagan cuotas a algunas agrupaciones para su protección. Mientras tanto, otros establecimientos han sido clausurados, al no contar con estos beneficios.
"No aplican el mismo criterio y la Ley para todos, lo hacen a discreción, lamentamos que se pasen la Ley por el arco del triunfo. A menos de 20-30 metros de las escuelas hay negocios de este tipo. Negocios que son de funcionarios, tienen privilegios. Queremos que ley se aplique igual para todos y no a discreción".
Bringas Enríquez se quejó que estos operativos están llenos de irregularidades, pues incluso se realizan un día antes de que se autorice la orden de verificación, lo anterior lo comprobó al mostrar un documento.
Denunció que las verificaciones de los bares y restaurantes se realizan con abuso de autoridad, incluso cuando el lugar no representa riesgo, como lo justificó Policarpo Montes de Oca Álvarez, secretario particular Coprisem, en una ocasión que se reunió con algunos empresarios.
"Desacreditan totalmente el negocio, es prepotente la gente que los realiza, arremeten contra todo mundo aun cuando no se detecte peligro, sacan a la clientela, son pérdidas para el negocio, es en perjuicio del mismo, pero lo que más nos molesta es la manera en cómo se conducen los verificadores", manifestó.
"Durante los operativos sacan a las personas y no se pagan las cuentas, durante el tiempo que cierran los lugares, se sigue pagando el sueldo a los trabajadores, para evitar demandas, se paga la renta, no se vale", añadió.
A su parecer, es necesario que los distintos reglamentos federales, estatales y municipales empaten sus horarios permitidos para la venta de alcohol, pues las autoridades se valen de estas imprecisiones para cometer arbitrariedades. Y también que agilicen la entrega de los dictámenes de impacto sanitario, pues son muy tardados y a veces se entregan con errores.
Aclaró que sus agremiados no están contra los operativos, sino contra la forma en que se realizan: sin criterio, sin equidad.
El Sol de Toluca
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