Puebla, Pue.- Pese a protestas y críticas los diputados poblanos aprobaron hoy la designación de Víctor Carrancá Bourget como fiscal general del estado por un periodo de siete años que trasciende al gobierno de Rafael Moreno Valle el cual concluye en 2017.
Organizaciones sociales, partidos, activistas y diputados han criticado el nombramiento transexenal de Carrancá, a quien acusan de ser el “brazo represor” del gobierno de Moreno Valle.
Las fracciones del PRI y PVEM así como los diputados Socorro Quezada del PRD y Julián Peña, de Movimiento Ciudadano, mostraron su desacuerdo con el nombramiento del actual procurador pero al final la reforma constitucional fue aprobada por 40 votos a favor y uno en contra.
La sesión fue suspendida por más de media hora para discutir los desacuerdos que hicieron públicos los legisladores del PRI durante la sesión, aunque en comisiones aprobaron sin reservas la reforma que en automático da el nombramiento a Carrancá, integrante del gabinete de Rafael Moreno Valle desde el arranque del sexenio.
El diputado priista Pablo Fernández del Campo pidió que se votara en lo particular el artículo segundo transitorio del dictamen en el que se establecía que el nombramiento de fiscal general del estado recaería en quien ocupara la Procuraduría de Justicia del estado al momento de que la reforma entre en vigor.
Al someterse su propuesta a votación, la mayoría morenovallista conformada por los legisladores del PAN, PRD, Nueva Alianza, PT, Compromiso por Puebla, MC y Pacto Social de Integración impusieron su mayoría para desecharla.
Sólo los diputados del PRI, los del PVEM, Quezada del PRD y Peña del MC votaron por reservar el artículo transitorio y abrir la designación a una votación entre una terna. Sin embargo, cuando la reforma se votó en lo general sólo Peña mantuvo su oposición y el resto aprobó la iniciativa.
De esta forma, Carrancá Bourget podrá estar en el cargo hasta 2022 mientras que el sexenio panista concluye en febrero de 2017.
Desde que se dio a conocer la iniciativa organizaciones, partidos, activistas y diputados han criticado el nombramiento transexenal de Carrancá, el “brazo represor” del sexenio de Moreno Valle, pues ha llevado a prisión a más de 200 personas que se han manifestado en contra de obras o programas impuestos por su gobierno.
Una de las actuaciones más criticadas de Carrancá fue cuando pretendió inculpar a los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan del asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, y para ello defendió la hipótesis de que el menor fue víctima de la “onda expansiva de un cohetón” que lanzaron los lugareños.
Agrupaciones como el Movimiento por la Alternativa Social (MAS) aseguran que en vez de perseguir a los verdaderos delincuentes, Carrancá se ha dedicado a incriminar a integrantes de organizaciones sociales, a activistas, estudiantes, maestros, transportistas, mototaxistas, vendedores ambulantes y todo aquel que resulte “incómodo” para el gobierno estatal.
Además, el exdiputado priista Enrique Doger Guerrero aseguró que con la permanencia transexenal de Carrancá el gobernador Moreno Valle busca blindarse de posibles investigaciones que se promuevan en su contra, una vez que concluya su sexenio.
Organizaciones sociales, partidos, activistas y diputados han criticado el nombramiento transexenal de Carrancá, a quien acusan de ser el “brazo represor” del gobierno de Moreno Valle.
Las fracciones del PRI y PVEM así como los diputados Socorro Quezada del PRD y Julián Peña, de Movimiento Ciudadano, mostraron su desacuerdo con el nombramiento del actual procurador pero al final la reforma constitucional fue aprobada por 40 votos a favor y uno en contra.
La sesión fue suspendida por más de media hora para discutir los desacuerdos que hicieron públicos los legisladores del PRI durante la sesión, aunque en comisiones aprobaron sin reservas la reforma que en automático da el nombramiento a Carrancá, integrante del gabinete de Rafael Moreno Valle desde el arranque del sexenio.
El diputado priista Pablo Fernández del Campo pidió que se votara en lo particular el artículo segundo transitorio del dictamen en el que se establecía que el nombramiento de fiscal general del estado recaería en quien ocupara la Procuraduría de Justicia del estado al momento de que la reforma entre en vigor.
Al someterse su propuesta a votación, la mayoría morenovallista conformada por los legisladores del PAN, PRD, Nueva Alianza, PT, Compromiso por Puebla, MC y Pacto Social de Integración impusieron su mayoría para desecharla.
Sólo los diputados del PRI, los del PVEM, Quezada del PRD y Peña del MC votaron por reservar el artículo transitorio y abrir la designación a una votación entre una terna. Sin embargo, cuando la reforma se votó en lo general sólo Peña mantuvo su oposición y el resto aprobó la iniciativa.
De esta forma, Carrancá Bourget podrá estar en el cargo hasta 2022 mientras que el sexenio panista concluye en febrero de 2017.
Desde que se dio a conocer la iniciativa organizaciones, partidos, activistas y diputados han criticado el nombramiento transexenal de Carrancá, el “brazo represor” del sexenio de Moreno Valle, pues ha llevado a prisión a más de 200 personas que se han manifestado en contra de obras o programas impuestos por su gobierno.
Una de las actuaciones más criticadas de Carrancá fue cuando pretendió inculpar a los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan del asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, y para ello defendió la hipótesis de que el menor fue víctima de la “onda expansiva de un cohetón” que lanzaron los lugareños.
Agrupaciones como el Movimiento por la Alternativa Social (MAS) aseguran que en vez de perseguir a los verdaderos delincuentes, Carrancá se ha dedicado a incriminar a integrantes de organizaciones sociales, a activistas, estudiantes, maestros, transportistas, mototaxistas, vendedores ambulantes y todo aquel que resulte “incómodo” para el gobierno estatal.
Además, el exdiputado priista Enrique Doger Guerrero aseguró que con la permanencia transexenal de Carrancá el gobernador Moreno Valle busca blindarse de posibles investigaciones que se promuevan en su contra, una vez que concluya su sexenio.
Proceso
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