Ciudad de México.- Aunque el Gobierno del Distrito Federal acepta las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), se resiste a cumplir uno de los puntos torales: ofrecer una disculpa pública a las víctimas.
De acuerdo con un informe de la CDHDF, solicitado a través de transparencia, del 2007 al 2013 ha emitido 29 recomendaciones, en las que ha solicitado una disculpa pública por parte de la autoridad; de ellas, en 19 documentos el gobierno se negó a cumplir con la petición, en dos aceptó, pero no lo ha cumplido y en sólo ocho ocasiones ha ofrecido una disculpa.
Uno de los casos que enlistó la comisión fue la recomendación 19/2013, emitida tras el secuestro y ejecución de 13 jóvenes que acudieron al bar Heaven el 26 de mayo de 2013.
Según el organismo defensor, la Procuraduría de Justicia del DF (PGJDF) erró en los protocolos para la investigación y atención de casos específicos de desapariciones, ya que el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) actuó tarde cuando a los jóvenes se les reportó como desaparecidos.
El informe de la CDHDF refiere que la Procuraduría de Justicia del DF sí aceptó la Recomendación, pero no ha cumplido con la disculpa pública a los familiares de las víctimas, pese a que se fijó un plazo de tres meses.
Otro caso revelado por la comisión fue el que integra la recomendación 06/2013, sobre un sujeto que fue acusado de falsificar documentos, por lo que fue enviado al Reclusorio Oriente en enero del 2010.
Días después, el juez que conoció el asunto determinó que no había elementos para iniciar un proceso en contra del agraviado y que la consignación del Ministerio Público había sido infundada.
El 8 de febrero del 2010, el agraviado denunció a los servidores públicos de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia que intervinieron en su detención.
En el punto tres de la recomendación, la comisión fijó un plazo de 30 días naturales, para que el titular u otro alto mando de la procuraduría reconozca públicamente que sus servidores públicos violaron los derechos humanos; sin embargo, la corporación no aceptó la petición.
La procuraduría tampoco cumplió con la disculpa a los familiares de una reclusa de Santa Martha Acatitla, quien murió al no ser atendida médicamente. Dicho caso quedó asentado en la recomendación 07/2011.
En dicho documento se planteó que en un periodo no mayor a dos meses se ofreciera una disculpa pública, además de un comunicado de prensa para evidenciar el error del gobierno local en el trato de la reclusa.
De acuerdo con un informe de la CDHDF, solicitado a través de transparencia, del 2007 al 2013 ha emitido 29 recomendaciones, en las que ha solicitado una disculpa pública por parte de la autoridad; de ellas, en 19 documentos el gobierno se negó a cumplir con la petición, en dos aceptó, pero no lo ha cumplido y en sólo ocho ocasiones ha ofrecido una disculpa.
Uno de los casos que enlistó la comisión fue la recomendación 19/2013, emitida tras el secuestro y ejecución de 13 jóvenes que acudieron al bar Heaven el 26 de mayo de 2013.
Según el organismo defensor, la Procuraduría de Justicia del DF (PGJDF) erró en los protocolos para la investigación y atención de casos específicos de desapariciones, ya que el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) actuó tarde cuando a los jóvenes se les reportó como desaparecidos.
El informe de la CDHDF refiere que la Procuraduría de Justicia del DF sí aceptó la Recomendación, pero no ha cumplido con la disculpa pública a los familiares de las víctimas, pese a que se fijó un plazo de tres meses.
Otro caso revelado por la comisión fue el que integra la recomendación 06/2013, sobre un sujeto que fue acusado de falsificar documentos, por lo que fue enviado al Reclusorio Oriente en enero del 2010.
Días después, el juez que conoció el asunto determinó que no había elementos para iniciar un proceso en contra del agraviado y que la consignación del Ministerio Público había sido infundada.
El 8 de febrero del 2010, el agraviado denunció a los servidores públicos de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia que intervinieron en su detención.
En el punto tres de la recomendación, la comisión fijó un plazo de 30 días naturales, para que el titular u otro alto mando de la procuraduría reconozca públicamente que sus servidores públicos violaron los derechos humanos; sin embargo, la corporación no aceptó la petición.
La procuraduría tampoco cumplió con la disculpa a los familiares de una reclusa de Santa Martha Acatitla, quien murió al no ser atendida médicamente. Dicho caso quedó asentado en la recomendación 07/2011.
En dicho documento se planteó que en un periodo no mayor a dos meses se ofreciera una disculpa pública, además de un comunicado de prensa para evidenciar el error del gobierno local en el trato de la reclusa.
La Crónica
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