Morelia, Mich.- José Manuel Hinojosa Pérez, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), pidió al presidente Enrique Peña Nieto y a la Procuraduría General de la República (PGR) que dejen de “proteger al excomisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, hoy titular de la Conade, por todos los embustes, violaciones a la ley y actos de impunidad que permitió y cometió en la entidad”.
El panista exige que también se retire el manto de impunidad al exgobernador Fausto Vallejo Figueroa (PRI) y al actual procurador, José Martín Godoy Castro, quien ocupa el puesto desde los tiempos de Castillo.
El exhorto surge luego de que se confirmara que, el 26 de enero de 2014, Castillo, Vallejo e Hipólito Mora –dirigente de las autodefensas de La Ruana y varias ciudades del estado– efectivamente firmaron un acuerdo mediante el que se permitió que las guardias comunitarias emplearan armas de uso exclusivo del Ejército.
El miércoles 9, Hinojosa Pérez entregó ante la delegación estatal de la PGR una denuncia penal en contra de Castillo, donde lo acusa de falsedad de declaraciones, ya que el funcionario había negado la existencia de dicho aval.
“Nosotros consideramos que sí hubo un delito. Y esto viene a razón de los hechos acontecidos en Apatzingán y en La Ruana”, considera Hinojosa, en alusión a sendas balaceras que derivaron en ejecuciones extrajudiciales.
El panista exige que también se retire el manto de impunidad al exgobernador Fausto Vallejo Figueroa (PRI) y al actual procurador, José Martín Godoy Castro, quien ocupa el puesto desde los tiempos de Castillo.
El exhorto surge luego de que se confirmara que, el 26 de enero de 2014, Castillo, Vallejo e Hipólito Mora –dirigente de las autodefensas de La Ruana y varias ciudades del estado– efectivamente firmaron un acuerdo mediante el que se permitió que las guardias comunitarias emplearan armas de uso exclusivo del Ejército.
El miércoles 9, Hinojosa Pérez entregó ante la delegación estatal de la PGR una denuncia penal en contra de Castillo, donde lo acusa de falsedad de declaraciones, ya que el funcionario había negado la existencia de dicho aval.
“Nosotros consideramos que sí hubo un delito. Y esto viene a razón de los hechos acontecidos en Apatzingán y en La Ruana”, considera Hinojosa, en alusión a sendas balaceras que derivaron en ejecuciones extrajudiciales.
Proceso
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