miércoles, 18 de mayo de 2016

Piden a diputados contribuir a políticas públicas que atiendan las necesidades de la comunidad LGBTI

Ciudad de México.- Durante las mesas de análisis del Foro “Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia” representantes de la sociedad civil coincidieron en solicitar políticas públicas que atiendan las múltiples necesidades de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI).
El diputado Sergio René Cancino Barffuson (Morena) consideró que el reto es garantizar la seguridad social para personas de diversidad sexual y el matrimonio igualitario a nivel federal, por lo que se seguirá impulsando que estos procesos de transformación jurídica que se logran a nivel nacional, sean más ágiles en las entidades federativas.
Reconoció que se han dado pasos importantes en esta materia, pero estimó necesario sensibilizar, concientizar y avanzar en materia de derechos humanos de este sector en la actual LXIII Legislatura. “Queremos incidir en los distintos niveles de gobierno, así como en todos los funcionarios”.
Anunció que el grupo de Morena impulsará crear la comisión ordinaria de la diversidad sexual, a fin de concretar políticas que contribuyan al nuevo horizonte de vida que se quiere para México por su variedad cultural.
La tarea formativa, dijo, es fundamental para “poder destrabarnos de ciertos prejuicios. Necesitamos educarnos, reeducarnos y desprendernos de ciertas ideas, así como visualizar nuevas que nos permitan una posibilidad de encuentro y crecimiento de la vida pública en el marco del Estado laico”, afirmó.
Nadia Sierra Campos, asesora de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), explicó que la educación formal e informal transforma a las sociedades, y a través de la legislación se modifican patrones, prohíben prejuicios, rechaza la vulneración a derechos humanos y crean nuevas ordenamientos a favor de las personas LGBTI.
Puntualizó que la SCJN corrige la plana a jueces locales y algunas autoridades, como directores del registro civil, para autorizar matrimonios igualitarios, que se lleven a cabo a pesar de que no esté legislado en otras entidades federativas que no sean Jalisco, Quintana Roo, Ciudad de México y Nayarit.
A través de las sentencias, expuso, se ha generado no sólo un discurso, sino elementos primordiales que van embozando lo que tendrán que ser las familias y hacia dónde va el concepto. “No hemos impactado lo suficiente para modificar los códigos civiles o familiares para decir que esta institución familiar no sólo está compuesta de mamá, papá e hijos, sino modificarse hacia otros tipos. No ha sido posible fincar que el matrimonio se basa en diferentes modos de convivencia”.
Sierra Campos se pronunció por reeducar a la población desde el nivel prescolar hasta el universitario, pues cuestionó que los libros de texto no hablan de dos mamás o dos padres. Otro pendiente, dijo, es abordar el bullying homofóbico en niñas y niños, “tenemos que trabajar políticas públicas que dejen claro que el bullying tiene distintos matices y que faltan acciones en esa materia”.
Amaranta Gómez Regalado, activista muxe, señaló que no basta que exista una ley que permita el matrimonio igualitario, “cuando hay personas que les sigue dando asco ver a una pareja gay en el parque; en realidad se debe cambiar el chip cultural”.
Expuso que de acuerdo con una encuesta realizada por Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), cuatro de cada diez mexicanos no permitirían que en su casa hubiera personas homosexuales; mientras que seis de cada diez piensa que los derechos de los homosexuales, junto con los indígenas, son los que menos se respetan.
Una de cada dos lesbianas y gays, considera que el principal problema al que se enfrenta es la discriminación, seguido de falta de aceptación, críticas y burlas.
Amaranta Gómez, reiteró: “la ley está bien, pero debe haber un cambio cultural para evitar la exclusión social y la discriminación”.
Entidades como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Sonora y otras tienen leyes estatales contra la discriminación, pero se necesitan instancias que diseñen políticas públicas que prevengan y eliminen la discriminación.
Jaime López Vela, director del Colectivo Agenda LGBT, solicitó a los diputados cumplir con el acuerdo ministerial suscrito en el 2008, que obliga al Estado mexicano a diseñar mecanismos dirigidos a impartir educación sexual en el nivel básico, pues ello terminará con la discriminación y la homofobia.
Se requiere de un protocolo de atención a la salud de las personas que deciden revindicar su orientación sexual, que contemplen la hormonalización, cirugías de quien así lo quiere y atención psicológica durante este proceso.
Es necesario implementar un programa de inclusión laboral, publicar y ejecutar protocolos orientados a los elementos de seguridad con el objetivo de que dejen de violentar los derechos humanos de la población LGBTI y se esclarezcan los crímenes de odio, que se mantienen en su mayoría impunes.
Además, sugirió que el Inegi defina el porcentaje de la población LGBTI, para que se puedan establecer presupuesto y atención directa a este sector.
Diana Marroquin Bayardo, la primera precandidata ciudadana transgénero en México, al contender como suplente a la presidencia municipal de Tulancingo, Hidalgo, sostuvo que la comunidad LGBTI debe ser incluida en la agenda de las políticas públicas, pues esto lograría una vida digna para ellos.
Por su parte, Silvia Susana Jácome García, activista transexual, explicó que un sector que está altamente vulnerado son los intersexuales, pues muchas veces se les practican cirugías para definirlos en un género determinado, lo que produce serios problemas de insensibilización en la edad adulta, respecto a su placer erótico.
Pidió a los legisladores atender ordenamientos jurídicos de Australia o Malta, que permiten en los documentos oficiales, la opción de género pendiente y la prohibición de las cirugías para asignar un sexo de acuerdo a las características que presentan sus genitales externos al momento del nacimiento, pues ello garantizará el pleno respeto de los derechos de este sector.
Samantha Fonseca, líder juvenil de atención a grupos en situación de vulnerabilidad de Nueva Alianza, destacó que las legislaciones locales deben trabajar para que sus agendas políticas incluyan el tema de la diversidad sexual.

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