Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó la tarde de ayer viernes, con 388 votos a favor, las sanciones por los delitos de corrupción que cometan los servidores públicos, entre ellos la práctica del llamado “moche”, así como el enriquecimiento ilícito. Estas reformas al Código Penal Federal se turnaron ya al Ejecutivo Federal.
La nueva legislación clasifica los delitos más graves que pueden cometer los servidores públicos, como son el ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.
Las penas previstas serán aumentadas hasta en un tercio cuando estos delitos sean cometidos por servidores públicos electos popularmente o cuyo nombramiento esté sujeto a ratificación de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión.
En esta selección se considera, entre otros, a los gobernadores, alcaldes, regidores, síndicos, legisladores y los diversos titulares de los órganos autónomos.
CASTIGO A LA PRÁCTICA DEL “MOCHE”. Destaca un cambio en el artículo 222 del Código, relativo al cohecho, y en el cual se castiga la práctica del “moche” por parte de diputados federales o senadores, con penas de 2 a 14 años de cárcel.
Esta pena aplicará si gestionan o solicitan la asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo.
En la reforma se añaden precisiones sobre los bienes para determinar si se obtuvieron por enriquecimiento ilícito.
“Se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos, salvo que el Servidor Público acredite que éstos los obtuvieron por sí.
“No será enriquecimiento ilícito en caso de que el aumento del patrimonio sea producto de una conducta que encuadre en otra hipótesis del presente título. En este caso se aplicará la hipótesis y la sanción correspondiente, sin que dé lugar al concurso de delitos”, se precisa en el texto.
Esto también sucederá si el legislador pide “el “moche” en el otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.
“Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en representación del legislador federal las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos”, se precisa en la reforma.
El enriquecimiento ilícito se castigará hasta con 14 años de prisión y podría aumentar a 18 cuando se trate de servidores electos popularmente.
La nueva legislación clasifica los delitos más graves que pueden cometer los servidores públicos, como son el ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.
Las penas previstas serán aumentadas hasta en un tercio cuando estos delitos sean cometidos por servidores públicos electos popularmente o cuyo nombramiento esté sujeto a ratificación de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión.
En esta selección se considera, entre otros, a los gobernadores, alcaldes, regidores, síndicos, legisladores y los diversos titulares de los órganos autónomos.
CASTIGO A LA PRÁCTICA DEL “MOCHE”. Destaca un cambio en el artículo 222 del Código, relativo al cohecho, y en el cual se castiga la práctica del “moche” por parte de diputados federales o senadores, con penas de 2 a 14 años de cárcel.
Esta pena aplicará si gestionan o solicitan la asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo.
En la reforma se añaden precisiones sobre los bienes para determinar si se obtuvieron por enriquecimiento ilícito.
“Se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos, salvo que el Servidor Público acredite que éstos los obtuvieron por sí.
“No será enriquecimiento ilícito en caso de que el aumento del patrimonio sea producto de una conducta que encuadre en otra hipótesis del presente título. En este caso se aplicará la hipótesis y la sanción correspondiente, sin que dé lugar al concurso de delitos”, se precisa en el texto.
Esto también sucederá si el legislador pide “el “moche” en el otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.
“Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en representación del legislador federal las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos”, se precisa en la reforma.
El enriquecimiento ilícito se castigará hasta con 14 años de prisión y podría aumentar a 18 cuando se trate de servidores electos popularmente.
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