Ciudad de México.- Cuando los deudos, víctimas y representantes de esta comunidad le pidieron al gobierno de México abrogar la reforma educativa, la respuesta fue “que no se metieran en eso”. Demandaron justicia y les pidieron paciencia, pero les ofrecieron programas clientelares y acceso a internet.
Luego exigieron la reparación integral del daño conforme a estándares internacionales. El gobierno ofreció analizar el tema. Finalmente, el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, justificó la actuación policial diciendo que en Oaxaca había desabasto en las tiendas Diconsa y se afectaba a miles de personas con los bloqueos del magisterio.
–¡Eso no es cierto! –explotó Adriana, una mixteca integrante del grupo de padres de familia que apoya al magisterio–. Esas tiendas no tienen desabasto y ni siquiera venden cosas nutritivas. ¡No quiera usar esa mentira en esta mesa!
Ante el señalamiento de la mujer, Osorio Chong se descompuso y momentos después abandonó el encuentro, sin dar ni una explicación. La reunión del pasado 30 de junio entre la comisión de Nochixtlán y funcionarios de Gobernación se había iniciado hacia las 14:30 horas y para las 16:00 el titular de la secretaría ya se había esfumado.
Habían pasado 11 días de los hechos trágicos de Nochixtlán y en los pueblos de la Mixteca continuaban las ceremonias funerarias.
La reunión comenzó con recelo mutuo. Según los integrantes de la Comisión de Representantes de Nochixtlán –quienes dieron a Proceso los pormenores de las reuniones–, la primera molestia fue porque en Gobernación se les exigió que para dar inicio al encuentro, se deshicieran de teléfonos celulares o dispositivos electrónicos que pudieran registrar lo que ahí se tratara.
Para ellos, los funcionarios de Gobernación “fueron parte de los que autorizaron el desalojo, y ni entonces ni ahora han dado una explicación para el pueblo por el ataque”, dice a Proceso Vicente Rodríguez, uno de los representantes.
En las primeras horas el estancamiento en la reunión giró en torno al primer punto del pliego que llevaban las familias: la abrogación de la reforma educativa. Según Vicente Rodríguez, la respuesta que les dieron es que “en la reforma educativa no se metieran pues era asunto de otra mesa”.
Un funcionario de la dependencia, que participó en los encuentros, confirmó la negativa a abordar el asunto, pues dijo que los representantes “tienen dos agendas… la CNTE no deja ir ninguna oportunidad y esta mesa es para el caso 19 de junio”.
Para los miembros de la mesa era justificable pedir lo mismo que el magisterio, pues fue esa reforma la que provocó el conflicto que, al ser reprimido, afectó a la comunidad.
Mientras Osorio y sus colaboradores insistían en llevar programas sociales a Nochixtlán y otras comunidades, la comisión ciudadana les hizo saber que estaban ahí por un tema de justicia y que si era su obligación llevarles programas sociales, el tema no tenía por qué estar a discusión.
Reticencias y “show”
En la sala que se dispuso en la sede de la dependencia, y tras la abrupta salida de Osorio Chong, quedaron sólo los subsecretarios de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava; y de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián; el coordinador de asesores de Osorio, Guillermo Lerdo de Tejada Servitje; y el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera Bernal.
La reunión había sido acordada el 27 de junio, durante un encuentro previo facilitado –según los representantes de la comunidad– por la CNTE. No hubo documento ni minuta, pero el compromiso fue que se abriría una mesa especial sobre el operativo policiaco del 19 de junio que, oficialmente, cobró la vida de ocho personas y dejó más de un centenar de heridos.
Por su parte, los integrantes de la comisión ciudadana, así como de la CNTE y los grupos de padres de familia, estaban en desacuerdo con que la mesa se centrara en Nochixtlán, pues los ataques de ese 19 de junio ocurrieron también al menos en Huitzo, Viguera y Hacienda Blanca, además del operativo en la región del Istmo de Tehuantepec; en esos hechos hubo lesionados, un muerto y cuantiosos daños materiales.
En cualquier caso, lo que obtuvieron “fueron respuestas a medias, sin fechas ni definiciones”, afirma Sergio López, también representante de la comunidad.
Higuera proponía un peritaje, adelantando la atracción que del caso haría la Procuraduría General de la República. Las familias recriminaron la falta de miras y el tiempo transcurrido. Además pedían una fiscalía especial para el caso, con coadyuvancia de la Comisión Nacional de Mediación (Conamed), la organización Serapaz, y asistencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Alrededor de las 16:30 horas hubo un receso; al regresar, sólo llegaron Campa Cifrián y Lerdo de Tejada. Las horas transcurrieron sin avance, pues Campa sólo prometía revisar la viabilidad de la asistencia internacional y rechazaba a la Conamed, pero ofrecía la participación de su subsecretaría.
Con todos los puntos rechazados, la concurrencia les dio un ultimátum: atiéndannos “como acordamos. Que regrese Osorio, o al menos Nava. No vamos a seguir hablando con dos personas sin poder de decisión”.
Después de un nuevo receso, Campa Cifrián propuso su visita a Nochixtlán, aunque los asistentes no estaban de acuerdo. El funcionario los forzó. No avanzarían en el tema de justicia hasta no realizar la visita y en sus propios términos: quería hablar con víctimas y garantizarles a los heridos atención médica –no quieren ir a hospitales por miedo a ser detenidos–, para lo que llevaría brigadas de salud y otros expertos, con la oferta de cubrir todos los gastos. No aceptaría prensa.
Sin más promesas que las relacionadas con presupuesto y sin avance en los temas de justicia, Campa Cifrián acudió el jueves 7 a Nochixtlán con una caravana de unos 10 vehículos.
Contingentes reunidos afuera de la escuela Abraham Castellanos, donde se realizaría el encuentro, lo recibieron coreando “¡asesinos, asesinos!”; las consignas de repudio se mantuvieron hasta unos 10 minutos después de que la delegación oficial había entrado al inmueble.
Seis horas después, en un acto de teatralidad y lucimiento, Campa salió a la calle e intentó dar una conferencia de prensa que, por las malas condiciones logísticas y las consignas que se coreaban contra el gobierno, debió suspenderse y reorganizarse dentro de la escuela.
El anuncio central: que se había aceptado la asistencia del ACNUDH y de la CIDH en la indagación de los hechos. Nada sobre reparación integral del daño. Luego Campa se retiró pues debía encontrarse en la Ciudad de México con los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, que precisamente exigían la actuación de la CIDH.
La asamblea comunitaria
“Estamos conformes mas no satisfechos. Esto apenas comienza y pensamos que la parte más difícil será la operatividad, que lo que se acordó se haga”, afirma Sergio Cruz García, integrante de la Comisión de Nochixtlán.
Una vez más no hubo minuta ni firma de lo acordado; y, aunque se anunció, no se fijó fecha para la siguiente reunión con Osorio Chong; en tanto, la mesa de trabajo no está integrada, así que no se sabe quiénes asistirán.
El 19 de junio la población acusó a los hermanos Daniel y Herminio Cuevas –priistas, alcalde y diputado electo respectivamente– de facilitar el ingreso del operativo a través de un rancho. La indignación por lo ocurrido devino disturbio que coronó la jornada con el incendio del rancho de los Cuevas, el hotel Juquila, el Palacio Municipal y una estación de la Policía Federal.
Desde ese día, el ayuntamiento se disolvió de hecho y el gobierno estatal, de Gabino Cué Monteagudo, ha mostrado que es una nulidad. Los pobladores se organizaron, llamaron a asamblea, eligieron dos representantes por cada uno de los cuatro barrios, quienes luego fueron ratificados. Así surgió la Comisión de Representantes de Nochixtlán que se reunió con Osorio Chong el 30 de junio.
Con la ciudad sumida en el duelo y el caos, el 23 de junio los habitantes de Nochixtlán se reunieron en asamblea. Acordaron exigir la desaparición de poderes y las cosas se pusieron por momentos tensas por la presencia de seis regidores que decidieron asistir. La asamblea les dijo que, si tenían dignidad, renunciaran y se fueran del pueblo. Desde entonces viven escondidos o se fueron.
En 30 minutos decidieron elegir dos personas por cada barrio, de manera que la comisión quedó integrada por Vicente Rodríguez, Sergio Cruz, Abimelec López, Sergio López, Misael Zanabria, Susana Avendaño, Itayee Cruz y Neftalí Reyes. El día 24 fueron ratificados en asambleas de barrio.
Así fue como improvisaron gobierno: hay brigadas de vigilancia en cada barrio, integradas por ciudadanos que hacen rondines nocturnos y cuidan las calles. La limpieza de las calles se hace con trabajo comunitario y las ambulancias llegan de otras comunidades, como apoyo.
Aunque no existen servicios administrativos municipales, hay aspectos en que las cosas han mejorado: no hay robos desde que los ciudadanos se hacen cargo de la seguridad.
Otras cosas siguen igual, como el desabasto de agua; desde hace años los habitantes deben conseguirla en pipas.
La mayoría de los integrantes de la comisión son profesionistas de la localidad, algunos tienen simpatía o han militado en partidos políticos, pero esta vez son tajantes: “Aquí nadie puede llevar agua a su molino pues se trata de un grupo que trabaja para el pueblo”, dice Sergio López.
Y añade: “no estamos usurpando funciones ni decimos que somos autoridad. Nuestro objetivo es trabajar por que se haga justicia y la prioridad es que eso se consiga, a pesar de todo, con la mesa de Gobernación”.
Luego exigieron la reparación integral del daño conforme a estándares internacionales. El gobierno ofreció analizar el tema. Finalmente, el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, justificó la actuación policial diciendo que en Oaxaca había desabasto en las tiendas Diconsa y se afectaba a miles de personas con los bloqueos del magisterio.
–¡Eso no es cierto! –explotó Adriana, una mixteca integrante del grupo de padres de familia que apoya al magisterio–. Esas tiendas no tienen desabasto y ni siquiera venden cosas nutritivas. ¡No quiera usar esa mentira en esta mesa!
Ante el señalamiento de la mujer, Osorio Chong se descompuso y momentos después abandonó el encuentro, sin dar ni una explicación. La reunión del pasado 30 de junio entre la comisión de Nochixtlán y funcionarios de Gobernación se había iniciado hacia las 14:30 horas y para las 16:00 el titular de la secretaría ya se había esfumado.
Habían pasado 11 días de los hechos trágicos de Nochixtlán y en los pueblos de la Mixteca continuaban las ceremonias funerarias.
La reunión comenzó con recelo mutuo. Según los integrantes de la Comisión de Representantes de Nochixtlán –quienes dieron a Proceso los pormenores de las reuniones–, la primera molestia fue porque en Gobernación se les exigió que para dar inicio al encuentro, se deshicieran de teléfonos celulares o dispositivos electrónicos que pudieran registrar lo que ahí se tratara.
Para ellos, los funcionarios de Gobernación “fueron parte de los que autorizaron el desalojo, y ni entonces ni ahora han dado una explicación para el pueblo por el ataque”, dice a Proceso Vicente Rodríguez, uno de los representantes.
En las primeras horas el estancamiento en la reunión giró en torno al primer punto del pliego que llevaban las familias: la abrogación de la reforma educativa. Según Vicente Rodríguez, la respuesta que les dieron es que “en la reforma educativa no se metieran pues era asunto de otra mesa”.
Un funcionario de la dependencia, que participó en los encuentros, confirmó la negativa a abordar el asunto, pues dijo que los representantes “tienen dos agendas… la CNTE no deja ir ninguna oportunidad y esta mesa es para el caso 19 de junio”.
Para los miembros de la mesa era justificable pedir lo mismo que el magisterio, pues fue esa reforma la que provocó el conflicto que, al ser reprimido, afectó a la comunidad.
Mientras Osorio y sus colaboradores insistían en llevar programas sociales a Nochixtlán y otras comunidades, la comisión ciudadana les hizo saber que estaban ahí por un tema de justicia y que si era su obligación llevarles programas sociales, el tema no tenía por qué estar a discusión.
Reticencias y “show”
En la sala que se dispuso en la sede de la dependencia, y tras la abrupta salida de Osorio Chong, quedaron sólo los subsecretarios de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava; y de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián; el coordinador de asesores de Osorio, Guillermo Lerdo de Tejada Servitje; y el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera Bernal.
La reunión había sido acordada el 27 de junio, durante un encuentro previo facilitado –según los representantes de la comunidad– por la CNTE. No hubo documento ni minuta, pero el compromiso fue que se abriría una mesa especial sobre el operativo policiaco del 19 de junio que, oficialmente, cobró la vida de ocho personas y dejó más de un centenar de heridos.
Por su parte, los integrantes de la comisión ciudadana, así como de la CNTE y los grupos de padres de familia, estaban en desacuerdo con que la mesa se centrara en Nochixtlán, pues los ataques de ese 19 de junio ocurrieron también al menos en Huitzo, Viguera y Hacienda Blanca, además del operativo en la región del Istmo de Tehuantepec; en esos hechos hubo lesionados, un muerto y cuantiosos daños materiales.
En cualquier caso, lo que obtuvieron “fueron respuestas a medias, sin fechas ni definiciones”, afirma Sergio López, también representante de la comunidad.
Higuera proponía un peritaje, adelantando la atracción que del caso haría la Procuraduría General de la República. Las familias recriminaron la falta de miras y el tiempo transcurrido. Además pedían una fiscalía especial para el caso, con coadyuvancia de la Comisión Nacional de Mediación (Conamed), la organización Serapaz, y asistencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Alrededor de las 16:30 horas hubo un receso; al regresar, sólo llegaron Campa Cifrián y Lerdo de Tejada. Las horas transcurrieron sin avance, pues Campa sólo prometía revisar la viabilidad de la asistencia internacional y rechazaba a la Conamed, pero ofrecía la participación de su subsecretaría.
Con todos los puntos rechazados, la concurrencia les dio un ultimátum: atiéndannos “como acordamos. Que regrese Osorio, o al menos Nava. No vamos a seguir hablando con dos personas sin poder de decisión”.
Después de un nuevo receso, Campa Cifrián propuso su visita a Nochixtlán, aunque los asistentes no estaban de acuerdo. El funcionario los forzó. No avanzarían en el tema de justicia hasta no realizar la visita y en sus propios términos: quería hablar con víctimas y garantizarles a los heridos atención médica –no quieren ir a hospitales por miedo a ser detenidos–, para lo que llevaría brigadas de salud y otros expertos, con la oferta de cubrir todos los gastos. No aceptaría prensa.
Sin más promesas que las relacionadas con presupuesto y sin avance en los temas de justicia, Campa Cifrián acudió el jueves 7 a Nochixtlán con una caravana de unos 10 vehículos.
Contingentes reunidos afuera de la escuela Abraham Castellanos, donde se realizaría el encuentro, lo recibieron coreando “¡asesinos, asesinos!”; las consignas de repudio se mantuvieron hasta unos 10 minutos después de que la delegación oficial había entrado al inmueble.
Seis horas después, en un acto de teatralidad y lucimiento, Campa salió a la calle e intentó dar una conferencia de prensa que, por las malas condiciones logísticas y las consignas que se coreaban contra el gobierno, debió suspenderse y reorganizarse dentro de la escuela.
El anuncio central: que se había aceptado la asistencia del ACNUDH y de la CIDH en la indagación de los hechos. Nada sobre reparación integral del daño. Luego Campa se retiró pues debía encontrarse en la Ciudad de México con los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, que precisamente exigían la actuación de la CIDH.
La asamblea comunitaria
“Estamos conformes mas no satisfechos. Esto apenas comienza y pensamos que la parte más difícil será la operatividad, que lo que se acordó se haga”, afirma Sergio Cruz García, integrante de la Comisión de Nochixtlán.
Una vez más no hubo minuta ni firma de lo acordado; y, aunque se anunció, no se fijó fecha para la siguiente reunión con Osorio Chong; en tanto, la mesa de trabajo no está integrada, así que no se sabe quiénes asistirán.
El 19 de junio la población acusó a los hermanos Daniel y Herminio Cuevas –priistas, alcalde y diputado electo respectivamente– de facilitar el ingreso del operativo a través de un rancho. La indignación por lo ocurrido devino disturbio que coronó la jornada con el incendio del rancho de los Cuevas, el hotel Juquila, el Palacio Municipal y una estación de la Policía Federal.
Desde ese día, el ayuntamiento se disolvió de hecho y el gobierno estatal, de Gabino Cué Monteagudo, ha mostrado que es una nulidad. Los pobladores se organizaron, llamaron a asamblea, eligieron dos representantes por cada uno de los cuatro barrios, quienes luego fueron ratificados. Así surgió la Comisión de Representantes de Nochixtlán que se reunió con Osorio Chong el 30 de junio.
Con la ciudad sumida en el duelo y el caos, el 23 de junio los habitantes de Nochixtlán se reunieron en asamblea. Acordaron exigir la desaparición de poderes y las cosas se pusieron por momentos tensas por la presencia de seis regidores que decidieron asistir. La asamblea les dijo que, si tenían dignidad, renunciaran y se fueran del pueblo. Desde entonces viven escondidos o se fueron.
En 30 minutos decidieron elegir dos personas por cada barrio, de manera que la comisión quedó integrada por Vicente Rodríguez, Sergio Cruz, Abimelec López, Sergio López, Misael Zanabria, Susana Avendaño, Itayee Cruz y Neftalí Reyes. El día 24 fueron ratificados en asambleas de barrio.
Así fue como improvisaron gobierno: hay brigadas de vigilancia en cada barrio, integradas por ciudadanos que hacen rondines nocturnos y cuidan las calles. La limpieza de las calles se hace con trabajo comunitario y las ambulancias llegan de otras comunidades, como apoyo.
Aunque no existen servicios administrativos municipales, hay aspectos en que las cosas han mejorado: no hay robos desde que los ciudadanos se hacen cargo de la seguridad.
Otras cosas siguen igual, como el desabasto de agua; desde hace años los habitantes deben conseguirla en pipas.
La mayoría de los integrantes de la comisión son profesionistas de la localidad, algunos tienen simpatía o han militado en partidos políticos, pero esta vez son tajantes: “Aquí nadie puede llevar agua a su molino pues se trata de un grupo que trabaja para el pueblo”, dice Sergio López.
Y añade: “no estamos usurpando funciones ni decimos que somos autoridad. Nuestro objetivo es trabajar por que se haga justicia y la prioridad es que eso se consiga, a pesar de todo, con la mesa de Gobernación”.
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