Estado de México.- Al menos tres sitios arqueológicos ubicados en la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla están en riesgo de sufrir un daño total e irreversible por la construcción de la autopista Toluca- Naucalpan, por lo que este pueblo indígena solicitó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) declarar a este territorio Zona de Monumentos Arqueológicos como una medida de protección, que imposibilitaría el proyecto carretero en esta zona.
A lo largo y ancho del bosque existen terrazas prehispánicas que datan de hace más de 400 años. También se han hallado restos óseos y piezas de cerámica en lo que podría ser una necrópolis, lo cual es una evidencia de que es un territorio habitado desde hace varios siglos, sin embargo, esto no ha sido estudiado, de acuerdo al Consejo Supremo Indígena y la Red de Antropologías Populares del Sur.
Pese a ello, el pasado 11 y 12 de abril, maquinaria del Sistema de Autopistas del Estado de México (SAASCAEM) ingresó a la comunidad y sin presentar ningún permiso -entre ellos el de liberación de trazo del INAH- destruyó parte de las construcciones prehispánicas que se localizan en los parajes La Pondishi (Cruz de Cebolla) y La Ngoshti (La Puerta), para avanzar en la edificación de la carretera que está a cargo de la empresa Autovan-Teya, filial del grupo Higa.
"El daño ha sido irreversible porque se han derrumbado cerca de 120, 150 metros de una bardita prehispánica. En La Pondishi, la Cruz de Cebolla, posiblemente haya un contexto fúnebre o una necrópolis que ha sido destruida, porque la maquinaria escarbó cerca de dos metros y destruyeron contextos prehispánicos de entierros, entre ellos restos óseos, cerámicas con ofrendas ", alertó David Eduardo Silva Carmona, integrante de la Red de Antropologías Populares del Sur.
"Del kilómetro 14 al kilómetro 18 no hay ningún permiso del INAH para que la empresa pudiera ingresar al territorio. El Estado no se tomó el tiempo necesario para realizar estudios previos para garantizar que no hubieran estos tres sitios", reprochó.
Alertó que la amenaza de que más vestigios arqueológicos sean destruidos está latente mientras no se frene la construcción de la vía, pues la maquinaria no ha dejado de trabajar, pese a que existe un acuerdo con el gobierno estatal de frenar la obra mientras continúen las mesas técnicas.
Observó que lo único que justifica la construcción de la carretera es un decreto de expropiación que no tiene validez, porque además de que nunca se consultó a los comuneros, está prohibido expropiar bienes arqueológicos y de hacerlo se incurre en un delito federal.
"Uno de los criterios que se utiliza para cualquier proyecto y que señala la Ley federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos es que quien quiera hacer una obra donde se sospeche que existen vestigios arqueológicos de culturas anteriores a la contemporánea, se tienen que realizar estudios previos, ya sea por la Coordinación Nacional de Antropología o la Coordinación de Arqueología", dijo.
Silva Carmona explicó que estos hallazgos son de gran importancia porque permitirán entender a las comunidades del Alto Lerma y la relación que tenían los otomíes con los pueblos de Tenochtitlán y Teotihuacán.
"A San Francisco Xochicuautla le dicen que es San Francisco El Viejo, porque Huixquilucan y Xochicuautla era la misma gente, pero con el caciquismo, (estos pueblos) se dividieron en dos partes ", señaló Antonio Miguel Reyes Valdez, integrante del Consejo Supremo Indígena.
"Hay tesis de arqueólogos que encuentran en estas construcciones un patrón que coincide con otras construcciones de los grupos otomíes asentados alrededor de la Sierra de las Cruces y Monte Alto", platicó Silva Carmona.
El Consejo Supremo Otomí presentó en mayo pasado una denuncia ante el INAH, la cual quedó asentada con el número 757/2016, en la que se le pide al instituto realizar un estudio para especificar la antigüedad de los restos óseos, las piezas de cerámica y las construcciones, para poder conocer su contexto arqueológico.
Para David Silva, esta zona podría tener monumentos arqueológicos, por lo que consideró necesario que el INAH emita medidas de protección que garantice el respeto y la conservación del lugar.
"No podemos permitir que el patrimonio arqueológico de la comunidad se destruya. El INAH tiene que garantizar la protección de estos sitios porque no puede ingresar maquinaria y esa es una prueba suficiente para que el estado deje de acceder a este lugar como si no existieran vestigios arqueológicos, pedimos que se pronuncien con mecanismos que protejan el territorio", expresó.
El personal del INAH ya ha realizado visitas de prospección en el lugar y una vez que las concluya deberá presentar un dictamen en un plazo de hasta 30 días, con sus respectivas observaciones y recomendaciones, para garantizar la protección de los tres sitios documentados.
Después de que el pasado 11 fue destruida la vivienda del activista Armando García Salazar, junto con algunos vestigios, se abrieron mesas técnicas entre representantes del gobierno del estado y una comitiva de pobladores de San Francisco Xochicuautla, las cuales hasta el momento no han finalizado.
Durante ese lapso, la comunidad otomí ha insistido en modificar el trazo del proyecto para evitar que se dañen los sitios arqueológicos, pero además los santuarios, los manantiales, la flora y fauna de este bosque otomí.
"La comunidad no necesita de los beneficios falsos que viene a ofrecer el gobierno, no necesitamos de su dinero sucio. No están en venta sus tierras, no están en venta sus bosques, no está en venta ningún recurso natural de Xochicuautla", sentenció otro de los integrantes del Consejo Supremo Indígena.
A lo largo y ancho del bosque existen terrazas prehispánicas que datan de hace más de 400 años. También se han hallado restos óseos y piezas de cerámica en lo que podría ser una necrópolis, lo cual es una evidencia de que es un territorio habitado desde hace varios siglos, sin embargo, esto no ha sido estudiado, de acuerdo al Consejo Supremo Indígena y la Red de Antropologías Populares del Sur.
Pese a ello, el pasado 11 y 12 de abril, maquinaria del Sistema de Autopistas del Estado de México (SAASCAEM) ingresó a la comunidad y sin presentar ningún permiso -entre ellos el de liberación de trazo del INAH- destruyó parte de las construcciones prehispánicas que se localizan en los parajes La Pondishi (Cruz de Cebolla) y La Ngoshti (La Puerta), para avanzar en la edificación de la carretera que está a cargo de la empresa Autovan-Teya, filial del grupo Higa.
"El daño ha sido irreversible porque se han derrumbado cerca de 120, 150 metros de una bardita prehispánica. En La Pondishi, la Cruz de Cebolla, posiblemente haya un contexto fúnebre o una necrópolis que ha sido destruida, porque la maquinaria escarbó cerca de dos metros y destruyeron contextos prehispánicos de entierros, entre ellos restos óseos, cerámicas con ofrendas ", alertó David Eduardo Silva Carmona, integrante de la Red de Antropologías Populares del Sur.
"Del kilómetro 14 al kilómetro 18 no hay ningún permiso del INAH para que la empresa pudiera ingresar al territorio. El Estado no se tomó el tiempo necesario para realizar estudios previos para garantizar que no hubieran estos tres sitios", reprochó.
Alertó que la amenaza de que más vestigios arqueológicos sean destruidos está latente mientras no se frene la construcción de la vía, pues la maquinaria no ha dejado de trabajar, pese a que existe un acuerdo con el gobierno estatal de frenar la obra mientras continúen las mesas técnicas.
Observó que lo único que justifica la construcción de la carretera es un decreto de expropiación que no tiene validez, porque además de que nunca se consultó a los comuneros, está prohibido expropiar bienes arqueológicos y de hacerlo se incurre en un delito federal.
"Uno de los criterios que se utiliza para cualquier proyecto y que señala la Ley federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos es que quien quiera hacer una obra donde se sospeche que existen vestigios arqueológicos de culturas anteriores a la contemporánea, se tienen que realizar estudios previos, ya sea por la Coordinación Nacional de Antropología o la Coordinación de Arqueología", dijo.
Silva Carmona explicó que estos hallazgos son de gran importancia porque permitirán entender a las comunidades del Alto Lerma y la relación que tenían los otomíes con los pueblos de Tenochtitlán y Teotihuacán.
"A San Francisco Xochicuautla le dicen que es San Francisco El Viejo, porque Huixquilucan y Xochicuautla era la misma gente, pero con el caciquismo, (estos pueblos) se dividieron en dos partes ", señaló Antonio Miguel Reyes Valdez, integrante del Consejo Supremo Indígena.
"Hay tesis de arqueólogos que encuentran en estas construcciones un patrón que coincide con otras construcciones de los grupos otomíes asentados alrededor de la Sierra de las Cruces y Monte Alto", platicó Silva Carmona.
El Consejo Supremo Otomí presentó en mayo pasado una denuncia ante el INAH, la cual quedó asentada con el número 757/2016, en la que se le pide al instituto realizar un estudio para especificar la antigüedad de los restos óseos, las piezas de cerámica y las construcciones, para poder conocer su contexto arqueológico.
Para David Silva, esta zona podría tener monumentos arqueológicos, por lo que consideró necesario que el INAH emita medidas de protección que garantice el respeto y la conservación del lugar.
"No podemos permitir que el patrimonio arqueológico de la comunidad se destruya. El INAH tiene que garantizar la protección de estos sitios porque no puede ingresar maquinaria y esa es una prueba suficiente para que el estado deje de acceder a este lugar como si no existieran vestigios arqueológicos, pedimos que se pronuncien con mecanismos que protejan el territorio", expresó.
El personal del INAH ya ha realizado visitas de prospección en el lugar y una vez que las concluya deberá presentar un dictamen en un plazo de hasta 30 días, con sus respectivas observaciones y recomendaciones, para garantizar la protección de los tres sitios documentados.
Después de que el pasado 11 fue destruida la vivienda del activista Armando García Salazar, junto con algunos vestigios, se abrieron mesas técnicas entre representantes del gobierno del estado y una comitiva de pobladores de San Francisco Xochicuautla, las cuales hasta el momento no han finalizado.
Durante ese lapso, la comunidad otomí ha insistido en modificar el trazo del proyecto para evitar que se dañen los sitios arqueológicos, pero además los santuarios, los manantiales, la flora y fauna de este bosque otomí.
"La comunidad no necesita de los beneficios falsos que viene a ofrecer el gobierno, no necesitamos de su dinero sucio. No están en venta sus tierras, no están en venta sus bosques, no está en venta ningún recurso natural de Xochicuautla", sentenció otro de los integrantes del Consejo Supremo Indígena.
El Sol de Toluca
No hay comentarios.:
Publicar un comentario