Ciudad de México.- Diego Cruz Alonso, miembro de los Los Porkys y uno de los acusados por agredir sexualmente a la menor Daphne Fernández, se negó a ser extraditado a México porque la acusación responde a una “elaborada extorsión” del padre de la joven y pidió que se le juzgue en España, donde fue detenido.
De acuerdo con información de la agencia EFE, durante su comparecencia ante la Audiencia Nacional española, Cruz Alonso explicó cómo el padre de la menor les sacó un arma, los amenazó de muerte, les pidió el dinero a cambio de no denunciarlos y los obligó a grabar un video disculpándose por una violación de la que se ha declarado “cien por cien inocente”.
La supuesta agresión a la menor de 17 años ocurrió en Veracruz en enero de 2015, pero no se denunció hasta mayo.
Cruz Alonso indicó que el padre de la víctima espió durante varias semanas a los jóvenes acusados de la violación en grupo, de familias adineradas, para luego extorsionarlos valiéndose de un socio que les citó en su despacho.
Ese día, según relató el acusado, el padre les dijo que si no depositaban 4 millones (no especificó la denominación), los mataba a todos, y luego los obligó a grabar un mensaje de disculpa.
Esa extorsión, dijo, tuvo mucho eco en los medios nacionales porque era época electoral y su difusión fue financiada “por el propio gobierno” para “distraer a la ciudadanía”, “lo que sucede en México”.
Entre lágrimas, el acusado expresó su deseo de quedarse en España y que se le juzgue “justamente”, reporta EFE.
El joven detenido, que según su defensa tiene nacionalidad española, se inscribió en noviembre del año pasado en una universidad de Madrid, a donde se trasladó en marzo de 2016, lo que para la Fiscalía española, que apoyó la extradición, supuso una huida de la justicia.
El Ministerio Público afirmó que no le constaba que tuviera la nacionalidad española y que “no cabe hablar de una persecución de carácter político”.
El joven veracruzano, miembro de Los Porkys, está acusado en México de “pederastia tumultuaria”, puesto que el delito lo cometió con otro grupo de amigos, lo que le enfrenta a una posible pena de entre 12 y 40 años de prisión, que contempla la legislación mexicana.
Es el segundo de los presuntos autores de esta agresión que ha podido ser arrestado, ya que en mayo fue detenido Enrique Capitaine.
De acuerdo con información de la agencia EFE, durante su comparecencia ante la Audiencia Nacional española, Cruz Alonso explicó cómo el padre de la menor les sacó un arma, los amenazó de muerte, les pidió el dinero a cambio de no denunciarlos y los obligó a grabar un video disculpándose por una violación de la que se ha declarado “cien por cien inocente”.
La supuesta agresión a la menor de 17 años ocurrió en Veracruz en enero de 2015, pero no se denunció hasta mayo.
Cruz Alonso indicó que el padre de la víctima espió durante varias semanas a los jóvenes acusados de la violación en grupo, de familias adineradas, para luego extorsionarlos valiéndose de un socio que les citó en su despacho.
Ese día, según relató el acusado, el padre les dijo que si no depositaban 4 millones (no especificó la denominación), los mataba a todos, y luego los obligó a grabar un mensaje de disculpa.
Esa extorsión, dijo, tuvo mucho eco en los medios nacionales porque era época electoral y su difusión fue financiada “por el propio gobierno” para “distraer a la ciudadanía”, “lo que sucede en México”.
Entre lágrimas, el acusado expresó su deseo de quedarse en España y que se le juzgue “justamente”, reporta EFE.
El joven detenido, que según su defensa tiene nacionalidad española, se inscribió en noviembre del año pasado en una universidad de Madrid, a donde se trasladó en marzo de 2016, lo que para la Fiscalía española, que apoyó la extradición, supuso una huida de la justicia.
El Ministerio Público afirmó que no le constaba que tuviera la nacionalidad española y que “no cabe hablar de una persecución de carácter político”.
El joven veracruzano, miembro de Los Porkys, está acusado en México de “pederastia tumultuaria”, puesto que el delito lo cometió con otro grupo de amigos, lo que le enfrenta a una posible pena de entre 12 y 40 años de prisión, que contempla la legislación mexicana.
Es el segundo de los presuntos autores de esta agresión que ha podido ser arrestado, ya que en mayo fue detenido Enrique Capitaine.
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