Veracruz.- Según el diario capitalino Reforma, la Procuraduría General de la República (PGR) ha iniciado por lo menos 6 investigaciones en contra de Antonio Tarek Abdalá Saad, actual diputado federal priista por el distrito 17 con cabecera en Cosamaloapan y extesorero en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, señalado por diversos delitos.
Las pesquisas contra Abdalá Saad están a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delitos Federales (SEIDF) de la PGR, la misma que consignó el expediente por el que se libró la aprehensión contra Duarte de Ochoa, actualmente prófugo de la justicia, y el rotativo indica que “todas derivan de denuncias que presentó en 2015 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra el actual legislador, en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia de la SEIDF”.
Abdalá Saad enfrenta estas averiguaciones previas iniciadas bajo el anterior sistema de justicia penal mixto, en el que aún está previsto un catálogo de delitos graves más amplio que en el régimen jurídico oral acusatorio. En junio pasado, fiscales de la PGR se presentaron en la Cámara baja con los citatorios dirigidos al legislador para que acudiera a declarar en calidad de indiciado en 6 averiguaciones previas, y acudió ante el Ministerio Público Federal los días 21 y 22 de junio, pero se reservó su derecho a declarar.
Posteriormente, presentó una prórroga para emitir su testimonio por escrito y presentar pruebas de descargo. Todo ello ha ocurrido antes de que la Contraloría General del gobierno estatal inhabilitara a Antonio Tarek Abdalá Saad por 10 años para desempeñar cualquier cargo público estatal, implicado en el desvío de más de 300 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud durante 2013. Hay que recordar que Abdalá Saad –quien tiene licenciatura en prensa estratégica y relaciones públicas por la Escuela de Programas Públicos de la Universidad del Estado de Arizona, Estados Unidos, según reza su ficha curricular del Congreso Federal- fungió en el gobierno duartista como director de Administración del DIF Veracruz de 2010 a 2012, y tesorero de Sefiplan de 2012 a 2015. Si la PGR quiere ejercer acción penal en su contra, antes debe solicitar un juicio de procedencia para quitarle el fuero que actualmente detenta como legislador federal, y es que desde junio pasado, tras ser citado por la PGR como indiciado, Abdalá Saad ha promovido dos amparos, el 551 y 832/2016, ante el Juez Quinto de Distrito en Amparo Penal, Patricia Marcela Díaz Cerda, quien le otorgó la suspensión definitiva ante cualquier intento de consignación, por lo menos hasta que este juicio de garantías sea resuelto en todas sus instancias e instruyó a la PGR resolver la solicitud que le hizo el exfuncionario para acumular en un solo expediente las 6 averiguaciones previas que integra en su contra la Subprocuraduría de Delitos Federales.
Las pesquisas contra Abdalá Saad están a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delitos Federales (SEIDF) de la PGR, la misma que consignó el expediente por el que se libró la aprehensión contra Duarte de Ochoa, actualmente prófugo de la justicia, y el rotativo indica que “todas derivan de denuncias que presentó en 2015 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra el actual legislador, en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia de la SEIDF”.
Abdalá Saad enfrenta estas averiguaciones previas iniciadas bajo el anterior sistema de justicia penal mixto, en el que aún está previsto un catálogo de delitos graves más amplio que en el régimen jurídico oral acusatorio. En junio pasado, fiscales de la PGR se presentaron en la Cámara baja con los citatorios dirigidos al legislador para que acudiera a declarar en calidad de indiciado en 6 averiguaciones previas, y acudió ante el Ministerio Público Federal los días 21 y 22 de junio, pero se reservó su derecho a declarar.
Posteriormente, presentó una prórroga para emitir su testimonio por escrito y presentar pruebas de descargo. Todo ello ha ocurrido antes de que la Contraloría General del gobierno estatal inhabilitara a Antonio Tarek Abdalá Saad por 10 años para desempeñar cualquier cargo público estatal, implicado en el desvío de más de 300 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud durante 2013. Hay que recordar que Abdalá Saad –quien tiene licenciatura en prensa estratégica y relaciones públicas por la Escuela de Programas Públicos de la Universidad del Estado de Arizona, Estados Unidos, según reza su ficha curricular del Congreso Federal- fungió en el gobierno duartista como director de Administración del DIF Veracruz de 2010 a 2012, y tesorero de Sefiplan de 2012 a 2015. Si la PGR quiere ejercer acción penal en su contra, antes debe solicitar un juicio de procedencia para quitarle el fuero que actualmente detenta como legislador federal, y es que desde junio pasado, tras ser citado por la PGR como indiciado, Abdalá Saad ha promovido dos amparos, el 551 y 832/2016, ante el Juez Quinto de Distrito en Amparo Penal, Patricia Marcela Díaz Cerda, quien le otorgó la suspensión definitiva ante cualquier intento de consignación, por lo menos hasta que este juicio de garantías sea resuelto en todas sus instancias e instruyó a la PGR resolver la solicitud que le hizo el exfuncionario para acumular en un solo expediente las 6 averiguaciones previas que integra en su contra la Subprocuraduría de Delitos Federales.
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