Ciudad de México.- La investigación abierta sobre la actuación de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, en el caso Ayotzinapa, evidencia la debilidad de la “verdad histórica” esgrimida por esa instancia para cerrar el caso de los estudiantes desaparecidos; y las irregularidades denunciadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ponen “en riesgo la validez del cúmulo de actuaciones” del proceso judicial contra los presuntos autores materiales de la supuesta cremación de los 43 jóvenes en el basurero de Cocula.
A siete meses de que en la presentación de su último informe los integrantes del GIEI denunciaran a Zerón por haber encabezado diligencias ministeriales –el 28 de octubre de 2014– que no fueron consignadas en el expediente por la desaparición de los normalistas y encaminadas a sostener la hipótesis oficial, Proceso accedió al Acuerdo de Conclusión de la indagatoria realizada por la Visitaduría General de la PGR, bajo la responsabilidad de César Alejandro Chávez, quien fue removido del cargo antes de poder presentar el documento a los padres de los estudiantes.
De 177 fojas, el documento DGA/510/CDMX/2016 de la Dirección de Asuntos Internos de la PGR está fechado el 18 de agosto de 2016, el día en que se rompió el diálogo entre los familiares de los desaparecidos con la entonces procuradora Arely Gómez, toda vez que la funcionaria incumplió con el compromiso de presentar en esa fecha el resultado de la investigación iniciada a Zerón de Lucio, cuya remoción era exigida por los padres de los 43.
Ese diálogo sigue roto, más aún ante el nombramiento de Zerón como secretario técnico de Comisión Nacional de Seguridad y la designación de Omar Hamid García Harfuch como sucesor de aquél en la AIC; el nombre de este funcionario apareció en una libreta de contactos asegurada a Sidronio Casarrubias, considerado por la PGR líder de Guerreros Unidos, organización criminal responsabilizada de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala (Proceso 2089).
El documento Acuerdo de Conclusión hace un análisis pormenorizado de las actuaciones de Zerón y otros cinco funcionarios que participaron en las diligencias no reportadas en el río San Juan, en Cocula.
Firmado por Ricardo Juan de Dios Martínez, agente del Ministerio Público de la Federación, visitador adscrito a la Dirección de Asuntos Internos de la Visitaduría General de la PGR, el documento sólo refleja las actuaciones ministeriales del 25 al 31 de octubre de 2014, periodo en el que se identifican las “irregularidades administrativas atribuibles a servidores públicos” de la PGR.
El documento advierte que la Dirección General de Evaluación Técnica Jurídica, de las misma Visitaduría, lleva a cabo una revisión de toda la investigación sobre la desaparición de los estudiantes, llevada por la Oficina Especial del Caso Iguala, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
Proceso
A siete meses de que en la presentación de su último informe los integrantes del GIEI denunciaran a Zerón por haber encabezado diligencias ministeriales –el 28 de octubre de 2014– que no fueron consignadas en el expediente por la desaparición de los normalistas y encaminadas a sostener la hipótesis oficial, Proceso accedió al Acuerdo de Conclusión de la indagatoria realizada por la Visitaduría General de la PGR, bajo la responsabilidad de César Alejandro Chávez, quien fue removido del cargo antes de poder presentar el documento a los padres de los estudiantes.
De 177 fojas, el documento DGA/510/CDMX/2016 de la Dirección de Asuntos Internos de la PGR está fechado el 18 de agosto de 2016, el día en que se rompió el diálogo entre los familiares de los desaparecidos con la entonces procuradora Arely Gómez, toda vez que la funcionaria incumplió con el compromiso de presentar en esa fecha el resultado de la investigación iniciada a Zerón de Lucio, cuya remoción era exigida por los padres de los 43.
Ese diálogo sigue roto, más aún ante el nombramiento de Zerón como secretario técnico de Comisión Nacional de Seguridad y la designación de Omar Hamid García Harfuch como sucesor de aquél en la AIC; el nombre de este funcionario apareció en una libreta de contactos asegurada a Sidronio Casarrubias, considerado por la PGR líder de Guerreros Unidos, organización criminal responsabilizada de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala (Proceso 2089).
El documento Acuerdo de Conclusión hace un análisis pormenorizado de las actuaciones de Zerón y otros cinco funcionarios que participaron en las diligencias no reportadas en el río San Juan, en Cocula.
Firmado por Ricardo Juan de Dios Martínez, agente del Ministerio Público de la Federación, visitador adscrito a la Dirección de Asuntos Internos de la Visitaduría General de la PGR, el documento sólo refleja las actuaciones ministeriales del 25 al 31 de octubre de 2014, periodo en el que se identifican las “irregularidades administrativas atribuibles a servidores públicos” de la PGR.
El documento advierte que la Dirección General de Evaluación Técnica Jurídica, de las misma Visitaduría, lleva a cabo una revisión de toda la investigación sobre la desaparición de los estudiantes, llevada por la Oficina Especial del Caso Iguala, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
Proceso
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