Ciudad de México.- La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado Guadalupe Acosta Naranjo (PRD), analizará la iniciativa impulsada por la diputada Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN), relativa a modificar la Constitución Política para crear el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
La propuesta, de acuerdo con la legisladora, consiste en transformar a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que sería un órgano con autonomía técnica para trabajar con las procuradurías de justicia y fiscalías de los estados.
De aprobarse esta reforma, enfatizó la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, México cumpliría con los principios del nuevo sistema de justicia penal y atendería las recomendaciones emitidas por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Dijo que uno de los principales señalamientos hacia nuestro sistema de justicia penal es que la misma autoridad que resuelve sobre el ejercicio de la acción penal es también la que coordina los dictámenes periciales de la existencia del delito, lo que constituye una violación a los derechos humanos de víctimas e imputados.
“Se debe considerar que con la implementación del nuevo sistema de justicia penal, es impostergable contar con servicios periciales y forenses autónomos e independientes, rigurosamente capacitados y certificados, bajo los más altos estándares internacionales”, señaló.
Indicó que representantes de organismos internacionales, como el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Christof Heyns, han manifestado su preocupación debido a que algunas instituciones que participan en la administración de justicia carecen de independencia, lo que contribuye a la impunidad.
De igual manera, añadió, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra´Ad Al Hussein, emitió, dentro de sus recomendaciones publicadas en octubre pasado, crear una institución nacional forense, autónoma e independiente, con recursos suficientes para dar servicio a todos los órganos de administración de justicia, incluyendo tribunales, autoridades de procuración de justicia y representantes legales.
En sus recomendaciones, destaca que el 98 por ciento de los crímenes cometidos en México queda sin resolver y que la mayoría no son nunca investigados, “circunstancia que ha generado una crisis de credibilidad en nuestro sistema de justicia penal”.
“Hoy la población desconfía del policía, del ministerio público o fiscal, del juez y hasta de los tribunales. Los familiares de personas desaparecidas realizan sus propias investigaciones y se organizan para apoyarse mutuamente, ante la inactividad de las autoridades”, refirió.
Por su parte, refirió Murguía Gutiérrez, la CIDH presentó un informe sobre su visita a México efectuada del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015, en donde evidenció la falta de profesionalización de los funcionarios adscritos a los servicios forenses y, derivado de ello, exhortó a la creación de un Instituto Nacional Forense Autónomo, independiente de injerencias políticas, y que se rija estrictamente por criterios técnicos y científicos.
La diputada de Acción Nacional reveló que apoyó su iniciativa en las experiencias exitosas que han tenido otros países como Colombia, Argentina y Guatemala al dotar de autonomía a sus órganos periciales.
“Podemos afirmar entonces que con la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, coadyuvaremos a generar un mayor grado de imparcialidad y transparencia en la emisión de los dictámenes periciales, lo que brindará confianza a los ciudadanos, además de que se proporcionará al juzgador las herramientas necesarias para resolver con mayor apego a la verdad”, concluyó.
La propuesta, de acuerdo con la legisladora, consiste en transformar a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que sería un órgano con autonomía técnica para trabajar con las procuradurías de justicia y fiscalías de los estados.
De aprobarse esta reforma, enfatizó la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, México cumpliría con los principios del nuevo sistema de justicia penal y atendería las recomendaciones emitidas por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Dijo que uno de los principales señalamientos hacia nuestro sistema de justicia penal es que la misma autoridad que resuelve sobre el ejercicio de la acción penal es también la que coordina los dictámenes periciales de la existencia del delito, lo que constituye una violación a los derechos humanos de víctimas e imputados.
“Se debe considerar que con la implementación del nuevo sistema de justicia penal, es impostergable contar con servicios periciales y forenses autónomos e independientes, rigurosamente capacitados y certificados, bajo los más altos estándares internacionales”, señaló.
Indicó que representantes de organismos internacionales, como el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Christof Heyns, han manifestado su preocupación debido a que algunas instituciones que participan en la administración de justicia carecen de independencia, lo que contribuye a la impunidad.
De igual manera, añadió, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra´Ad Al Hussein, emitió, dentro de sus recomendaciones publicadas en octubre pasado, crear una institución nacional forense, autónoma e independiente, con recursos suficientes para dar servicio a todos los órganos de administración de justicia, incluyendo tribunales, autoridades de procuración de justicia y representantes legales.
En sus recomendaciones, destaca que el 98 por ciento de los crímenes cometidos en México queda sin resolver y que la mayoría no son nunca investigados, “circunstancia que ha generado una crisis de credibilidad en nuestro sistema de justicia penal”.
“Hoy la población desconfía del policía, del ministerio público o fiscal, del juez y hasta de los tribunales. Los familiares de personas desaparecidas realizan sus propias investigaciones y se organizan para apoyarse mutuamente, ante la inactividad de las autoridades”, refirió.
Por su parte, refirió Murguía Gutiérrez, la CIDH presentó un informe sobre su visita a México efectuada del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015, en donde evidenció la falta de profesionalización de los funcionarios adscritos a los servicios forenses y, derivado de ello, exhortó a la creación de un Instituto Nacional Forense Autónomo, independiente de injerencias políticas, y que se rija estrictamente por criterios técnicos y científicos.
La diputada de Acción Nacional reveló que apoyó su iniciativa en las experiencias exitosas que han tenido otros países como Colombia, Argentina y Guatemala al dotar de autonomía a sus órganos periciales.
“Podemos afirmar entonces que con la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, coadyuvaremos a generar un mayor grado de imparcialidad y transparencia en la emisión de los dictámenes periciales, lo que brindará confianza a los ciudadanos, además de que se proporcionará al juzgador las herramientas necesarias para resolver con mayor apego a la verdad”, concluyó.
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