Ciudad de México.- El coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Jesús Sesma Suárez, impulsa un punto de acuerdo para exhortar a entidades federativas a establecer en sus jurisdicciones fiscalías especializadas en investigación y persecución del delito de secuestro, a fin de combatirlo.
El documento, suscrito por diputados integrantes de este grupo parlamentario, señala que miles de personas son secuestradas cada año en todo el mundo, a menudo con consecuencias fatales y devastadoras, ocasionando un daño tanto a víctimas como a familiares.
El secuestro, que consiste en detener ilícitamente a una persona en contra de su voluntad, con el fin de exigir por su liberación una utilidad de tipo económico u otro beneficio de orden material, no sólo constituye un delito grave, sino también un incidente de carácter crítico y una amenaza para la vida, violando la libertad individual que mina los derechos humanos.
Este problema adopta diferentes formas y tipos de delincuencia. Existen pruebas de una tendencia creciente de grupos de delincuentes organizados que recurren al secuestro, específicamente con fines de extorsión, como medio de acumular capital para consolidar sus operaciones delictivas.
Según cifras del gobierno, las denuncias ciudadanas presentadas ante las Unidades Especializadas contra el Secuestro en el país, en el periodo de enero a septiembre de 2016 contabilizaron mil 102 carpetas de investigación en el ámbito federal y estatal, cifra que representa un disminución del 2.13 por ciento en relación con los mil 126 asuntos registrados en el mismo periodo de 2015.
En el punto de acuerdo se apunta que la organización Alto al Secuestro señaló que este delito en México continúa al alza y el Nuevo Sistema de Justicia Penal ha favorecido más a los victimarios que a las víctimas.
De enero a octubre del presente año se registraron mil 512 secuestros, lo cual constituye un incremento, aunque mínimo, en comparación con el mismo lapso de 2015 cuando se cometieron 1,497.
El crimen organizado es un “fenómeno muy antiguo, considerado una amenaza difusa, insidiosa y difícil de combatir”. En la parte operativa, se necesita que las Unidades Especializadas contra el Secuestro se dediquen únicamente a combatirlo.
Del mismo modo, resulta necesario establecer fiscalías especializadas en la investigación y persecución de estos hechos, a fin de avanzar más rápidamente en su erradicación, establece el documento.
El documento, suscrito por diputados integrantes de este grupo parlamentario, señala que miles de personas son secuestradas cada año en todo el mundo, a menudo con consecuencias fatales y devastadoras, ocasionando un daño tanto a víctimas como a familiares.
El secuestro, que consiste en detener ilícitamente a una persona en contra de su voluntad, con el fin de exigir por su liberación una utilidad de tipo económico u otro beneficio de orden material, no sólo constituye un delito grave, sino también un incidente de carácter crítico y una amenaza para la vida, violando la libertad individual que mina los derechos humanos.
Este problema adopta diferentes formas y tipos de delincuencia. Existen pruebas de una tendencia creciente de grupos de delincuentes organizados que recurren al secuestro, específicamente con fines de extorsión, como medio de acumular capital para consolidar sus operaciones delictivas.
Según cifras del gobierno, las denuncias ciudadanas presentadas ante las Unidades Especializadas contra el Secuestro en el país, en el periodo de enero a septiembre de 2016 contabilizaron mil 102 carpetas de investigación en el ámbito federal y estatal, cifra que representa un disminución del 2.13 por ciento en relación con los mil 126 asuntos registrados en el mismo periodo de 2015.
En el punto de acuerdo se apunta que la organización Alto al Secuestro señaló que este delito en México continúa al alza y el Nuevo Sistema de Justicia Penal ha favorecido más a los victimarios que a las víctimas.
De enero a octubre del presente año se registraron mil 512 secuestros, lo cual constituye un incremento, aunque mínimo, en comparación con el mismo lapso de 2015 cuando se cometieron 1,497.
El crimen organizado es un “fenómeno muy antiguo, considerado una amenaza difusa, insidiosa y difícil de combatir”. En la parte operativa, se necesita que las Unidades Especializadas contra el Secuestro se dediquen únicamente a combatirlo.
Del mismo modo, resulta necesario establecer fiscalías especializadas en la investigación y persecución de estos hechos, a fin de avanzar más rápidamente en su erradicación, establece el documento.
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