Xalapa, Ver.- El fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler, dijo esta mañana que el ex gobernador interino, Flavino Ríos, quien fue detenido el pasado fin de semana, se reservó su derecho a declarar y pidió la ampliación del término constitucional, de 72 a 144 horas, para ofrecer pruebas de descargo.
En entrevista televisiva, Winckler señaló también que hay 300 funcionarios de la pasada administración veracruzana que están siendo investigados.
Flavino Ríos enfrenta acusaciones de encubrimiento, tráfico de influencias y abuso de autoridad, por presuntamente haberle facilitado un helicóptero al ex gobernador Javier Duarte, quien se dio a la fuga.
El fiscal general de Veracruz, explicó que el ex mandatario interino se reservó su derecho a declarar y pidió la ampliación del término constitucional para ofrecer las pruebas y justificar las acusaciones que pesan en su contra.
Reiteró que Ríos fue detenido con base en una orden de aprehensión otorgada el domingo por una juez y señaló que se tomaron medidas cautelares en su caso, debido a que los delitos que se le imputan lo mantendrán en prisión durante un año, en tanto que hay más de 300 ex servidores públicos que son investigados por distintas irregularidades en la administración pasada.
En entrevista televisiva, Winckler señaló también que hay 300 funcionarios de la pasada administración veracruzana que están siendo investigados.
Flavino Ríos enfrenta acusaciones de encubrimiento, tráfico de influencias y abuso de autoridad, por presuntamente haberle facilitado un helicóptero al ex gobernador Javier Duarte, quien se dio a la fuga.
El fiscal general de Veracruz, explicó que el ex mandatario interino se reservó su derecho a declarar y pidió la ampliación del término constitucional para ofrecer las pruebas y justificar las acusaciones que pesan en su contra.
Reiteró que Ríos fue detenido con base en una orden de aprehensión otorgada el domingo por una juez y señaló que se tomaron medidas cautelares en su caso, debido a que los delitos que se le imputan lo mantendrán en prisión durante un año, en tanto que hay más de 300 ex servidores públicos que son investigados por distintas irregularidades en la administración pasada.
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