Ciudad de México.- Ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se castigará a las empresas de cobranza que recurran a la amenaza, condicionamiento o acoso de usuarios de servicios financieros, a tal grado que, por ser un delito penal y federal, los irresponsables serán objeto de cárcel y multas. En pocas palabras, la cobranza extrajudicial es ya un delito penal y federal, y ya entraron en vigor las penas de 2 a 4 años de prisión y multas que van de 50 mil a 300 mil pesos a quienes incurran en esos ilícitos. De acuerdo con la reforma aprobada por el Congreso, se adicionó el artículo 248 Bis al Código Penal Federal, con el capítulo de Amenazas y Cobranza Extrajudicial Ilegal en donde se especifican las sanciones.
Además, serán agravantes si se utilizan documentos o sellos falsos, por lo que la pena y la sanción económica aumentará en una mitad. Para aquellos despachos que incurran en usurpación de funciones o de profesión, se aplicarán las reglas del concurso de delitos señalado en el Código Penal Federal, según quedó establecido en el decreto publicado. Se entiende por cobranza extrajudicial ilegal el uso de la violencia o la intimidación ilícitos, ya sea personalmente o a través de cualquier medio para requerir el pago de una deuda derivada de actividades reguladas en leyes federales, incluyendo créditos o financiamientos que hayan sido otorgados originalmente por personas dedicadas habitual y profesionalmente a esta actividad, con independencia del tenedor de los derechos de cobro al momento de llevar a cabo la cobranza.
Se aclara también que se considerará como intimidación ilícita informar aquellas consecuencias posibles y jurídicamente válidas del impago o la capacidad de iniciar acciones legales en contra del deudor, aval, obligado solidario o cualquier tercero relacionado a éstos cuando sean jurídicamente posibles. Mario Di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) explicó que desde hace un año registran las malas prácticas a través del Redeco (Registro de Despachos de Cobranza), y que en todas las delegaciones establecerán un protocolo de actuación para orientar al quejoso.
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