Oaxaca, Oax.- La aprobación hecha por la LXIII Legislatura del Congreso del estado para eliminar el fuero a los funcionarios oaxaqueños, es un antecedente histórico, pero al mismo tiempo es una iniciativa que aún no está estipulada en la Constitución General de la República y, por tanto, podría provocar una controversia constitucional que abriría la puerta para que corruptos eludan la justicia, advirtió el abogado penalista Florentino Osorio Santiago.
El juicio de amparo, explicó el especialista, es un medio de defensa de las garantías individuales que siempre se ha dado y esta vez no sería la excepción, más ahora que en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, los imputados también tienen derechos, es decir, se privilegia la presunción de inocencia, donde nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario.
Osorio Santiago consideró que la eliminación del fuero podría resultar una acción inoperante, si los órganos encargados de combatir la corrupción siguen convertidos en un “elefante blanco”, sin mecanismos reales ni efectivos para sancionar con todo el peso de la ley a aquellos funcionarios que incurran en actos ilícitos.
A su juicio, es necesario que la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, así como la Fiscalía General del Estado se comprometan a ejercer con responsabilidad sus obligaciones constitucionales, fuera de toda relación política que ponga en juego la estabilidad social y económica de los oaxaqueños, de lo contrario la eliminación del fuero será sólo “letra muerta”.
El también secretario general de la Barra Oaxaqueña de Abogados no descartó que la iniciativa enviada por el gobernador Alejandro Murat y aprobada por el pleno del Congreso local represente un gran paso al fortalecimiento de la democracia, pero también que pueda tener un trasfondo político electoral.
“Es evidente, nadie da nada por nada, sabemos cómo se hace la política en México, todo tiene un precio, un acuerdo previo y esto se puede analizar con las mismas fracciones parlamentarias del Congreso local que ahora politizan el tema adjudicándose esta famosa iniciativa, todo para ganar adeptos de cara a las elecciones del 2018.
La eliminación del fuero es un paso contundente para exigir cuentas a todos los funcionarios que han saqueado los recursos del pueblo y que poco a poco se instituyeron como la clase política opulenta, como el grupo intocable que utilizó el poder para hacer y deshacer, puntualizó.
La aprobación
Con 37 votos a favor en lo general y 37 en lo particular, el Congreso de Oaxaca se sumó, en la sesión del miércoles, a otros estados de la república en aprobar la eliminación del fuero constitucional a todos los servidores públicos estatales y municipales del estado de Oaxaca, incluido el Gobernador.
La acción también alcanza a los presidentes municipales, consejeros electorales magistrados, legisladores y hasta a los responsables de órganos autónomos locales.
El diputado Jesús Romero López, quien recientemente se estrenó en la bancada de Morena, negó que la eliminación del fuero tenga un trasfondo político que beneficie a su partido, esto es una exigencia de la ciudadanía quien pedía a gritos esta aprobación para acabar con la impunidad.
“El beneficio es colectivo, en lo electoral serán las ofertas de los candidatos o de los partidos políticos lo que implique el resultado electoral para el 2018”, precisó el legislador.
La aprobación del fuero tendrá un soporte legal que no permitirá que los funcionarios corruptos que se han burlado del pueblo de Oaxaca sigan caminando en la impunidad, insistió.
“Quien quiera hacer mal uso de la ley para ir en contra de esta reforma lo va hacer, habrá gente que incurra en artilugios legales como lo que está pasando con el Plan Estatal de Desarrollo (PED) que es una reverenda ‘chicanada jurídica’, algo que no debería pasar, la ley es la ley y nadie tiene derecho de violentarla”, sostuvo Jesús Romero.
Ante ello, planteó la necesidad de hacer cambios torales en los órganos responsables de vigilar el presupuesto, de manera particular, la Auditoría Superior del Estado, instancia que ha sido deficiente para investigar los actos de corrupción de funcionarios públicos, muchos de ellos que aún se mantienen en el poder.
Dijo que si Gabino y todos sus funcionarios incurrieron en actos de corrupción deben pagar conforme a la ley, pero esto dependerá de las investigaciones que realicen la Contraloría, la ASE y la Fiscalía General del Estado. Es cuestión de voluntad política, precisó.
Fin a los privilegios
Jesús Romero López, insistió en que se debe acabar con las políticas de privilegios, principalmente para ex magistrados, ex gobernadores y ex funcionarios, quienes han mal gobernado Oaxaca.
“Hoy se descubre que más de 2 mil 300 millones de impuestos sobre la renta en Oaxaca no se sabe dónde están y eso es impunidad, los funcionarios que incurren en estos actos deben ser sancionados con todo el peso de la Ley”, externó el legislador.
“La eliminación del fuero constitucional es una conquista ciudadana, y de ninguna manera el Partido Revolucionario Institucional (PRI) debe darle un manejo electorero”, advirtió por su parte el vice coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), diputado Horacio Antonio Mendoza.
Recordó que su partido insistió en eliminar el fuero como parte de un compromiso con los ciudadanos, que exigían erradicar cualquier privilegio a funcionarios de alto nivel o legisladores, a fin de terminar con la impunidad.
En relación al juicio político, el legislador precisó que el artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, queda vigente, “todos los servidores públicos deben enfrentar la justicia y se les debe aplicar la ley en igualdad de circunstancias, quien incurrió en abusos y excesos, deberá pagar tal como lo señala la ley
Respecto a la investigación en contra del ex gobernador Gabino Cué y sus funcionarios seguirá su cauce jurídico, dijo.
Antonio Mendoza lamentó que ahora la eliminación del fuero se haya convertido en una bandera electorera, “toda vez que el PRI pretende su paternidad porque el gobernador Alejandro Murat Hinojosa envió una iniciativa preferente, pero olvidan los legisladores priistas que fueron ellos los que se opusieron a su aprobación durante la creación del Sistema Estatal Anticorrupción.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Eufrosina Cruz Mendoza, explicó que a partir de esta aprobación todos los funcionarios públicos serán iguales ante la ley y podrán ser juzgados como cualquier ciudadano en caso de cometer algún ilícito.
En este mismo sentido la diputada local, rechazó tajantemente que se esté protegiendo al ex gobernador Gabino Cué Monteagudo, luego de que intentaran desparecer el procedimiento constitucional de Juicio Político.
Como presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales del Congreso local se deslindó de todo procedimiento legal en contra de los funcionarios señalados de la administración de Gabino Cué.
Real Politik
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