Xalapa, Ver.- Como en tiempos de la antigua Roma, cuando el Senado derivó en dispendios, corrupción, favoritismo y excesos, en el actual Congreso del Estado se vive una etapa de absoluta falta de respeto a un recinto legislativo donde lo mismo se distribuye alcohol en eventos públicos, se despide y contrata personal por recomendación de Palacio de Gobierno y se transforman instalaciones en centros deportivos -emulando la filosofía griega de “Mens sana in corpore sano” (mente sana en cuerpo sano)-, y en ese sentido, por capricho del solapado sindicato fue instalado un inusual gimnasio que ahora el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, José de Jesús Rodríguez Hernández, asegura que esas instalaciones para los trabajadores del Congreso local se hace con recursos propios (aunque cabe aclarar que el espacio donde lo instalaron es del pueblo y no propiedad de esa organización, razón por la cual no puede hacer lo que le venga en gana por subrepticias complicidades con el llamado “bailador”).
Al responder a la diputada por el Movimiento de Regeneración Nacional, Daniela Griego Ceballos que exigió información sobre el tema, indicó que no se emplearon recursos públicos para la construcción y acondicionamiento del inmueble (aunque, insistimos, el espacio es un inmueble público y, por lo tanto, si se usaron recursos públicos).
“Respetuosamente le comunico que dicho gimnasio se acondicionó con recursos propios y se instaló en nuestro edificio sindical sin ejercer recurso público alguno”, contestó mediante oficio.
Rodríguez Hernández señaló que el gimnasio es un compromiso cumplido por el comité directivo del sindicato que encabeza, y que por ello no se usaron recursos públicos en la obra.
Sobre el funcionamiento del mismo, explicó que aún no definen si sólo podrá ser usado por los empleados del Congreso o si se permitirá uso externo con costo de inscripción y mensualidad, ya que las obras de adecuación continúan, por lo que una vez que se concluya con el proyecto los miembros del sindicato deberán decidir sobre estos temas, pues señala que el sindicato a su cargo da a conocer el uso de los recursos públicos que recibe, como parte de la relación laboral establecida contractualmente con el Congreso local (¿cómo lo ven?).
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