Las corrupción costó más en Morelos, Sinaloa, Michoacán y en la CDMX, de acuerdo con cifras del Inegi.
Ciudad de México.- El costo promedio anual por empresa víctima de corrupción fue de 12 mil 243 pesos en 2016, mientras que para la ciudadanía en general el costo de infringir las reglas es de 2 mil 799 pesos.
nformación a cargo del Inegi en relación al Día Internacional Contra la Corrupción, que se conmemora el 9 de diciembre, las tasas de prevalencia de corrupción más altas se encontraron en los estados de Morelos con 20 mil 92 víctimas por cada cien mil habitantes que tuvieron contacto con algún servidor público; en Sinaloa, 18 mil 144; en Chihuahua, 17 mil 621; en Michoacán, 16 mil 321 y en la CDMX con 16 mil 167 víctimas.
Por otra parte, los menores niveles se observaron en los estados de Zacatecas y Veracruz con 6 mil 810 y 6 mil 952 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes, respectivamente.
De acuerdo con lo anterior significa que una persona en Morelos que entra en contacto con un servidor público para la solicitud de un trámite o servicio tiene tres veces más probabilidad de ser víctima de corrupción que si el trámite fuera realizado en Zacatecas.
Con relación a la frecuencia de los actos de corrupción, la entidad con mayor cantidad de eventos de corrupción fue el Estado de México con 62 mil 160 por cada 100 mil habitantes mayores de edad que tuvieron contacto con algún servidor público, seguido por Sinaloa con 58 mil 232 hechos de corrupción.
Para el sector privado, la corrupción en el país se encuentra entre los cinco principales obstáculos para el crecimiento de las empresas.
Los datos refieren que 17.6% de los establecimientos la ubican entre los tres problemas más importantes que aquejan en la entidad donde radican, después de los problemas como la inseguridad, la delincuencia, el aumento de precios de los insumos o el entorno económico de la entidad
Los datos señalan que a nivel nacional 82.2% de las unidades económicas consideraron que la corrupción ocurre con frecuencia o mucha frecuencia entre los empleados de gobierno o servidores públicos.
Así, 64.6% de los establecimientos consideraron que se ven orillados a participar en actos de corrupción con el fin de agilizar algún trámite; 39.4% señaló que otro motivo importante para propiciar un acto de corrupción es para evitar multas o sanciones, y 30.7% mencionó que el obtener licencias o permisos son también motivo de corrupción.
Por su parte, menos del 15 por ciento de las empresas consideraron que la corrupción se presenta para ganar contratos gubernamentales o para participar en licitaciones.
El Heraldo
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