Ciudad de México.- Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que avalaron el registro de Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, como candidato presidencial, salieron ayer a defender su resolución ante las críticas y el escándalo que ha generado, y aprovecharon la ocasión para arremeter contra el Instituto Nacional Electoral (INE), al cual acusaron de realizar un trabajo deficiente en la revisión de las firmas de los aspirantes independientes.
“Es muy cuestionable el grado de error que tuvo la autoridad administrativa”, dijo el magistrado José Luis Vargas, quien aseguró que fue de 8 por ciento. Si hubiera sido de 1.5 “estaríamos hablando de un margen correcto… pero casi 10 por ciento del trabajo” fue deficiente, subrayó en un nuevo encontronazo con el INE.
Los integrantes de la sala superior buscaron atajar los reclamos acerca de que su resolución abrió la puerta a la ilegalidad y fue ordenada desde el gobierno federal para tratar de frenar la posible llegada de Andrés Manuel López Obrador, el abanderado de la izquierda, a Los Pinos.
El tribunal no hace política, puntualizó Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien destacó que tampoco juzga o litiga con base en señalamientos en los medios de comunicación o en las redes sociales.
Los magistrados manifestaron lo anterior en una conferencia de prensa en la que sólo tomaron la palabra tres de los cuatro que metieron a El Bronco a la boleta electoral, mientras los que se opusieron se limitaron a observar el desarrollo del acto con cara de preocupación.
En este contexto, los especialistas reconocieron que aprobaron el registro del gobernador con licencia de Nuevo León con base en suposiciones, es decir, previeron que si el aspirante hubiera seguido revisando sus apoyos con inconsistencias –lo cual le negó el INE– habría alcanzado las 16 mil 656 rubricas (1.9 por ciento) que le faltaban, tomando en consideración que en cada verificación previa que hizo tuvo porcentajes de recuperación de entre 5 y 25 por ciento.
Durante su exposición, en el auditorio del TEPJF, los magistrados criticaron que la aplicación utilizada para recabar las firmas no emitía ningún comprobante que pudiera quedar en manos de El Bronco. Sólo se le proporcionó un folio, de manera que no tenía forma de rebatir si los apoyos señalados con problemas eran o no los que había recabado su equipo.
En virtud del avance que tienen las campañas y que mandatar nuevas audiencias para revisar las firmas, así como una posible etapa de impugnación, podría implicar un lapso de 30 días, esto es, la tercera parte de la fase de proselitismo, se decidió aprobar el registro de Rodríguez Calderón, añadieron.
Consideraron que esperar 30 días para incorporarlo a la campaña afectaba su derecho a ser votado, tras equiparar la situación de El Bronco con una carrera de velocidad, en la que se permite a cuatro aspirantes salir a tiempo y al quinto se le hace esperar.
Acerca de los señalamientos de que Jaime Rodríguez hizo trampas en la recolección de firmas, los magistrados señalaron que este tema es competencia de otro ámbito y recordaron que el INE y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales proseguirán con las investigaciones al respecto.
Por último, Mónica Soto explicó que a Armando Ríos Piter le dieron 10 días para revisar sus apoyos, pues cinco eran insuficientes para hacerlo.
Se arrogan una superioridad inexistente sobre el órgano electoral, critica Baños
Alonso Urrutia y Georgina Saldierna
Ante las nuevas descalificaciones al desempeño del Instituto Nacional Electoral (INE) de algunos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), varios consejeros reviraron acusando a los impartidores de justicia de generar tensiones innecesarias entre ambos organismos; resolver en la comodidad de sus oficinas con reflexiones jurídicas, sin atender la dinámica de revisión de apoyos de firmas a candidatos independientes, y minar la credibilidad del proceso electoral.
En entrevistas por separado, los consejeros Marco Antonio Baños y Pamela San Martín sostuvieron que más allá de la obligación de acatar la sentencia del TEPJF, que ordenó incorporar a Jaime Rodríguez Calderón en la contienda presidencial, es inadmisible la descalificación institucional encabezada por el magistrado José Luis Vargas.
Baños criticó incluso que se arroguen una inexistente superioridad jerárquica sobre el INE, cuando sólo se trata de responsabilidades diferentes.
Molesta por la consistente descalificación al INE, Pamela San Martín criticó que no haya prudencia de parte del tribunal electoral ni haya valorado el efecto de la descalificación pública al instituto en pleno proceso electoral, cuyas consecuencias, reconoció, pueden minar la credibilidad institucional en los comicios.
¿Las descalificaciones institucionales representan un golpe a la credibilidad?
No comparto que la forma de defender una sentencia sea atacando a esta autoridad. Ellos (los magistrados) hicieron esta valoración, adoptaron una resolución por mayoría y esa decisión es definitiva, pero de eso a cuestionar el trabajo de las áreas técnicas del INE es algo muy diferente.
El tribunal electoral tiene atribuciones para revisar las decisiones de la autoridad, sus decisiones son definitivas, por eso fueron acatadas en sus términos. Sin embargo, lo que no puedo aceptar es que se cuestione el trabajo que se realizó en esta institución en la revisión de esas firmas, agregó San Martín.
En su oportunidad, Baños expuso que por ahora, bajo la premisa de que son la última instancia, los magistrados se han erigido en jueces del INE, pero en su momento la opinión pública y diversos sectores juzgarán el desempeño de los impartidores de justicia en esta sentencia.
Señaló a Vargas de ser una persona desinformada, con nulo conocimiento de lo que representó realmente el proceso de verificación de firmas. Los magistrados resolvieron desde la comodidad de su oficina, que es un entorno propicio para la reflexión jurídica pero que nada tiene que ver con el trajín de revisar firma por firma.
Se aventaron incluso la pretensión –criticó Baños– de que se debería dictaminar firma por firma. A ver quién hubiera podido cumplir con esa tarea en los plazos establecidos.
¿Se señala al INE de enviar a Rodríguez Calderón a ciegas a revisar las firmas?
Vargas es el que opina a ciegas. Cómo se le ocurre decir una cosa de esas cuando sabe perfectamente que cada firma tenía una identificación precisa, se identificó con un folio específico.
La Jornada
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