Amatlán, Ver.- Aunque el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares evitó este lunes responder si el director del penal de mediana seguridad de La Toma, en Amatlán de los Reyes, Valentín Hernández Santiago, fue destituido de su cargo, trascendió que luego del motín registrado la noche del pasado sábado y madrugada del domingo, con saldo hasta el momento de 8 personas muertas, 6 de ellas policías, tanto el director como el subdirector del penal se encuentran a disposición de la Fiscalía Regional, en la base de la Fuerza Civil, con sede en Córdoba, presuntamente sujetos a investigación por la responsabilidad que les resulte por los hechos suscitados tras el operativo de traslado de 4 reos de alta peligrosidad al penal de alta seguridad de Jalacingo.
De acuerdo con el mandatario, rechazó que haya “autogobierno” en el penal de La Toma “lo que hubo fue una falta de lealtad de algún funcionario de rango menor que filtró la información de que se haría el traslado y al llegar la policía ya están advertidos los internos y no hubo el factor sorpresa que era muy importante para llevarlo a cabo de manera exitosa, se prepararon, cometieron el clima que cometieron, asfixiaron a los compañeros, dos de la policía de Orizaba y dos de Veracruz, un cadete y un cadete de Coatzacoalcos”, explicó.
En ese sentido, el gobernador del estado señaló que ya se están iniciando las carpetas de investigación contra los implicados por lo que habrá sanciones penales y administrativas de acuerdo a lo que se determine. “Hay una persona que está a cargo y el secretario de Seguridad Pública permanece allá”, aseguró. Yunes Linares también negó que existan irregularidades en otros penales del estado, pues aunque se diga lo contrario, afirmó, no se acredita nada ni existen denuncias formales. Sin embargo, con relación a los hechos ocurridos en Amatlán ya existían antecedentes recientes.
El pasado 5 de febrero, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desalojó a un grupo de manifestantes que protestaba en las afueras del Centro de Readaptación Social (Cereso). Los quejosos exigían la destitución del director, Valentín Hernández Santiago, y de 15 custodios, por cobrar las visitas a los reclusos, además de utilizar la violencia física y psicológica. “Basta de humillación a los internos”, “Queremos fuera al director Valentín Hernández Santiago y sus 15 custodios”, “Ya no más cobros en las visitas”, eran los mensajes que portaban los manifestantes en cartulinas.
La protesta se realizó a las afueras del reclusorio, alrededor del mediodía, y ahí demandaron la intervención del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH). Entre reclamos, los familiares de los presos dijeron que los cobros van desde los cinco mil pesos cuando ingresan y después es de mil 500 pesos mensuales, y de no pagarlos, reciben castigos severos.
Ese día, alrededor de las 13:30 horas, efectivos de la SSP se trasladaron hasta el reclusorio, donde pidieron a los manifestantes retirarse, pero ante la desobediencia el grupo antimotines replegó por la fuerza y con golpes a los familiares de internos inconformes con el supuesto cobro de piso al interior del penal, y detuvo a siete personas, las cuales fueron trasladas a una cárcel preventiva y liberados más tarde.
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