Ciudad de México.- La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) agotó la línea de investigación del Caso Narvarte, preguntando al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa y al ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, “si ellos tenían odio contra Rubén” o “si participaron en el multihomicidio”.
David Peña, coordinador jurídico del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, explicó que las autoridades encargadas de las líneas de investigación del homicidio de Rubén Espinosa y el feminicidio de Nadia Vera, Mile Virginia, Yesenia Quiróz y Alejandra Negrete, no profundizaron en las amenazas que Espinosa y Vera denunciaron meses previos.
“Vienen a nosotros y nos dicen, ya les fuimos a preguntar, ya desahogamos la línea de Veracruz. Hasta al gobernador le preguntamos y dijo que no, que no tenía nada que ver, qué más podemos hacer. En esa lógica de lo absurdo se desahogó la línea de Veracruz”.
Las preguntas que le hicieron en la PGJDF a Duarte fueron: ¿Usted conocía a Rubén?, ¿Usted tenía odio o animadversión en su contra?, ¿Usted supo que fue asesinado? y si tenía algo que agregar.
Sus respuestas fueron: “No conocía a Rubén, tampoco tenía odio o animadversión contra él”. Se enteró que fue asesinado a través de medios de comunicación y no agregó nada.
Mientras que al ex secretario, Bermúdez Zurita se le cuestionó: ¿Conocía a Rubén Espinosa?, ¿Usted sabía que murió?, ¿Tenía algún odio o animadversión en su contra?, ¿Usted participó en el asesinato? y ¿tiene algo que agregar?.
El ex funcionario estatal de Veracruz respondió que sí conocía a Rubén, sí se enteró que murió, no tenía odio contra el fotoperiodista, que tampoco participó en el crimen y no agregó nada.
La mañana del jueves primero de agosto, a cuatro años del crimen en un departamento de la colonia Narvarte, familiares de las víctimas e integrantes de Artículo 19 presentaron la plataforma “Memoria y verdad” que ya está vigente en la web.
En la conferencia, donde estuvo presente Indira Alfaro, madre de Yesenia Quiróz Alfaro; Angy Martín, hermana de Mile Virginia Martín; Patricia Espinosa, hermana de Rubén Espinosa; Leopoldo Maldonado, Subdirector de Artículo 19 y David Peña, coordinador jurídico del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social; detallaron que la plataforma cuenta con información de la investigación hasta el momento.
Ni Perdón Ni Olvido
A través de https://casonarvarte.articulo19.org/ se muestra una novela gráfica narrando cómo las víctimas fueron revictimizadas por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y que en mayo del 2016 -diez meses después del multihomicidio- abogados, familiares y activistas exigieron al entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, -actual senador- llamar a declarar al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa y a su “gente” del gabinete.
Pero meses antes, el 10 de agosto de 2015, Duarte expresó públicamente, a través de una carta, que tenía disposición para colaborar en la investigación. Su “colaboración” se dio antes del 12 de octubre del 2016, cuando pidió licencia al Congreso de Veracruz para salir del cargo como mandatario estatal y huyó del país.
En tanto, Arturo Bermúdez Zurita fue citado a declarar como testigo en tres ocasiones.
Meses después, el 3 de febrero del 2017, fue recluido en el Penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, ubicado a unos minutos de Xalapa, por el presunto delito de desaparición forzada y enriquecimiento ilícito, permaneciendo hasta el 5 de diciembre del 2018 por pagar una fianza de un millón de pesos.
Por el momento, Bermúdez sigue en las calles y Duarte de Ochoa continúa preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, exigiendo ser liberado y enviando cartas a medios de comunicación, citando que es un “preso político” por diferencias con el ex secretario de Gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
A ello se suma que desde que ocurrió el crimen se filtró información a medios de comunicación: fotos, dictámenes iniciales y resultados de las necropsias.
El 5 de agosto, cinco días después del crimen, se difundieron imágenes en video de una cámara de videovigilancia que mostraba a los tres presuntos responsables del crimen, salir del edificio.
La persecución hacia Nadia y Rubén desapareció para enfocarse en Mile y Yesenia, argumentando la versión que los hechos estaban relacionados con narcomenudeo y trabajo sexual.
La cadena de custodia fue insuficiente a partir de la primera inspección, se permitió que entraran personas ajenas a la investigación, incluso que sacaran cosas. La escena del crimen fue tan alterada que cuando el examen dactilar arrojó resultados algunas huellas pertenecían a uno de los propios policías.
Los familiares de Mile, Yesenia, Alejandra, Nadia y Rubén continúan exigiendo justicia, pues ya esperaron procesos electorales, cambios de gobierno y promesas de campaña.
“Pararon la investigación del caso para indagar en quienes filtraron información. Las víctimas esperaron campañas, la transición de gobierno y ahora que tomen “el tren” de la función pública”, agregó Leopoldo Maldonado, subdirector de Artículo 19.
Voz Alterna
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