Ciudad de México.- Rosario Robles Berlanga, extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la administración peñanietista, presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por un supuesto “abuso de poder” que ejerció el Ministerio Público de la Federación al negarle su presunción de inocencia.
Mediante una carta difundida en sus redes sociales, los despachos de abogados encabezados por Julio Hernández Barros y Epigmenio Mendieta Valdés, señalaron que “de manera sistemática han fabricado pruebas, mentido y difamado a la exfuncionaria con el propósito de mantenerla en prisión preventiva”.
“Por todo lo expuesto, Rosario Robles pide a la presidenta de la CNDH [Rosario Piedra Ibarra] admita a trámite la queja; inicie la investigación correspondiente, requiriendo la información pertinente a las autoridades señaladas como violadoras de sus derechos humanos y emitir la recomendación”, señaló la misiva.
Asimismo, se acusa al Ministerio Público de la Federación “ha violentado mi presunción de inocencia; aunque sea el órgano acusador en materia penal, eso no lo exime, en su calidad de autoridad, del respeto al derecho humano a la presunción de inocencia hasta que se dicte una resolución ejecutoria”.
Durante los último dos meses, Robles Berlanga ha alegado que la FGR presentó dos licencias de conducir para justificar su previsión preventiva justificada, pero una de las cuales es “una fake/licencia”.
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En la audiencia de apelación de vinculación a proceso por “ejercicio indebido del poder público”, celebrada el pasado 12 de diciembre, también alegó que la FGR la acusa de “ser omisa ante actos de terceros, lo paradójico es que esos terceros están en libertad como dicta el debido proceso y yo soy la única que está en la cárcel”, dijo.
“O, cuando se habla de terceros, ¿a quiénes se refiere? ¿A un gobierno o a un sexenio?”, preguntó.
Su defensa legal solicitó una prórroga a esta etapa de la investigación complementaria que concluirá este 13 de diciembre, pero a la cual se le concedieron dos meses más para continuar su curso. Es decir, concluirá el próximo 13 de febrero, tiempo en el que seguirá en prisión, luego de que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México considerara que legal su vinculación a proceso.
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