El titular de la FGJEM, José Luis Cervantes, confirmó que han detectado la incursión de grupos delictivos de Ciudad de México en territorio mexiquense.
El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez, confirmó que han detectado la incursión de grupos delictivos de Ciudad de México en territorio mexiquense, en donde además de ocuparlo como un escondite, también han extendido sus actividades. Tal es el caso de las extorsiones, crimen que en 2021 se disparó en la entidad mexiquense al grado de llegar a 2 mil 600 casos por día, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo cual se suma a la acción de los cárteles que colindan con la zona sur de la entidad y que también azotan con los llamados cobros por “derechos de piso”. Tras darse a conocer que hay bandas delictivas originarias de la capital del país y que tienen presencia en el Estado de México, el fiscal general mexiquense señaló que principalmente los integrantes de estos grupos buscan refugiarse en municipios conurbados; sin embargo, ya también están tomando esta zona como mapa de sus actividades. “Muchas de estas bandas ya no solo delinquen en Ciudad de México, sino también - abiertamente - delinquen en el Estado de México, concretamente en las zonas conurbadas… Tambiénes cierto que se guarecen en muchas de ellas, digamos, actúan y se guarecen. Todo el catálogo de organizaciones delictivas que funcionan ya en Ciudad de México tienen mayor o menor impacto en el Estado de México”, explicó Cervantes Martínez Respecto a las actividades ilícitas de estos grupos, Cervantes Martínez precisó que en la mayoría son delitos de alto impacto, pero todo tiene una relación con delitos contra la salud como lo es el narcomenudeo, desde agravantes del fuero común hasta el fuero federal.
Además, aseguró que hay trabajos coordinados con las autoridades capitalinas para desarticular células de estas bandas, y limitar su paso al territorio mexiquense, en donde incluso han abanado cuerpos de sus víctimas. “Por ejemplo, privan de la vida a sus víctimas en Ciudad de México y los arrojan algunos de ellos en el Estado de México o viceversa… Las ganancias ilícitas de alguna forma las ocultan junto con ellos en el estado”. comentó el encargado de la FGJEM Si bien las operaciones de estos grupos se basan en el narcotráfico, uno de los delitos ligados en los que también tienen presencia en esta entidad son las extorsiones, mismas que repuntaron durante 2021, ya que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, en su Encuesta de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2022, reveló que en los 12 meses del año anterior hubo 949 mil 002 quejas por extorsión, la mayor cifra a nivel nacional. Despojos a la orden del día
En 2022, de enero a agosto, la Fiscalía mexiquense inició 2 mil 994 carpetas de investigación por este delito, las cuales se concentraron en Toluca (303), Ecatepec (287), Nezahualcóyotl (192), Naucalpan (166), Tecámac (120) y Tlalnepantla 119). No obstante, la cifra negra (delitos no denunciados) es alta; por ejemplo, en la zona sur del Estado de México hay presencia del crimen organizado que ha acaparado la actividad económica en la venta de pollo, huevo, tortilla, materiales de construcción e incluso el transporte público, cuyas víctimas no denuncian por miedo a las represalias, como tampoco lo hacen aquellos productores a los que les cobran hasta un peso por metro cuadrado de riego. Pide crear nueva figura penal El fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, propuso a la Legislatura mexiquense reformar el Código Penal, para crear una nueva figura penal que atienda los problemas sociales de coacción que ejercen grupos criminales a pequeños comerciantes con el fin de imponerles condiciones de mercado. La iniciativa de ley presentada en el pleno del Congreso, plantea castigar de seis a 10 años de prisión e imponer de mil a mil 500 Unidades de Medidas y Actualización, a quien genere un alza de precios, competencia desleal o distorsione el mercado en una localidad o región y hasta 20 años extras si existen agravantes. Esto, luego de las constantes quejas de polleros que son obligados por el crimen organizado a vender a determinado precio y comprar a un solo distribuidor, sobre todo en el sur, donde además controlan el huevo y otros productos de consumo básico. Se considera que el delito se presente cuando se induzca o provoque que una persona o unidad económica compre, obtenga o adquiera de otra persona, comercio o empresa, los bienes o insumos para su giro comercial; cuando se obligue a comprar, vender o distribuir bienes o insumos a personas o empresas específicas; y cuando se vendan bienes o insumos a comerciantes del mismo giro comercial en una localidad o región, a un precio por encima del mercado.
El fiscal planteó que se agrave la penalidad si participan dos o más personas, con una pena de tres a cinco años y de 500 a 800 días multa más y con siete a 15 años de prisión y de mil 300 a 2 mil días multa cuando la persona se ostente como miembro de alguna asociación o grupo delictuoso o se cometa violencia. La iniciativa de ley fue turnada a comisiones para su análisis con el fin de resolver lo antes posible la competencia desleal, la distorsión del mercado y los daños a la economía de las familias comerciantes. El documento considera necesario proteger y propiciar la actividad comercial “El desarrollo económico debe ir acompañado de una evolución normativa que atienda los fenómenos que se suscitan en la sociedad, a raíz del crecimiento económico y que, en dado caso, algunos de estos fenómenos pudieran lacerar a los generadores de bienestar”. Se debe contener a gente que fuera de la ley coacciona a los comerciantes a redireccionar su intermediación y adquirir bienes a terceros.
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