La clausura se llevó a cabo porque en estos establecimientos se realizaban cobros excesivos. Aquí te contamos más.
Luego de una denuncia ciudadana, autoridades estatales clausuraron dos depósitos de vehículos en el Estado de México por presuntos cobros excesivos e incumplir con las tarifas máximas autorizadas por el gobierno de la entidad.
Las empresas sancionadas fueron Grúas Chavarría, S.A. de C.V., ubicada en Río Bacabachi, colonia Colinas del Lago en el municipio de Cuautitlán Izcalli, y Grúas Grillos localizada sobre la carretera México-Pirámides, en el Ejido El Calvario, en Acolman.
Además de los cobros excesivos y con el fin de evadir su responsabilidad social y administrativa, Grúas Grillos utilizaba la razón social de Grúas Reina de Teotihuacán S.A. de C.V., y Grúas Ecatepec-Pirámides-Ecatepec, S.A. de C.V., ocupando el mismo predio como depósito vehicular.
“Seguiremos realizando acciones de gobierno justas y conforme a la ley en beneficio de las y los mexiquenses que votaron por un cambio verdadero, como lo ha convocado la Maestra Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México”, dijo, Daniel Sibaja González, Secretario de Movilidad.
En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de Justicia del estado (FGJEM), la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Movilidad, quienes revisaron las instalaciones de los depósitos de vehículos, verificaron la posible existencia de autos con reporte de robo y, en su caso, resguardaron el predio para evitar que personas ajenas retiraren las unidades de manera irregular.
Quejas contra grúas y depósitos
El secretario de Movilidad informó que se han recibido 96 denuncias, de las cuales 71 han sido atendidas y 25 están en proceso de revisión y verificación desde el 30 de octubre al 12 de diciembre.
Refirió que con las denuncias se pueden detectar los establecimientos con el mayor número de casos por actos de corrupción o extorsión.
El funcionario pidió a la población a denunciar a través del WhatsApp 722-228-0498, por lo que invitó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades para hacer un frente común y así desterrar malas prácticas por la vía legal.
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