viernes, 27 de septiembre de 2013

Multa IFE al PRD con 15 mdp por irregularidades en gastos

Ciudad de México.- El Consejo General del IFE resolvió imponer multas a los partidos políticos por un monto de 32 millones 905 mil pesos por irregularidades encontradas en los gastos ordinarios durante el ejercicio 2012.
Con voto dividido se iniciaron nuevas investigaciones para reajustar a la baja las sanciones que impuso la Unidad de Fiscalización porque se utilizaron criterios de gasto de tope de campaña y no de gasto ordinario.
El PRD fue quien tuvo la multa más elevada con más de 15 millones 465 mil pesos, seguido del PRI con 7 millones 779 mil pesos.
Sin embargo, se abrieron procedimientos oficiosos ordinarios para el PAN y Movimiento Ciudadano. El primero se redujo la sanción originalmente de 10 millones de pesos a 5 millones, mientras que Movimiento Ciudadano redujo su multa en 1 millón y medio de pesos.
De esta manera los montos son para el PRD más de 15 millones 465 mil pesos; PRI, 7 millones 779 mil pesos; PAN, 5 millones 385 mil pesos; Movimiento Ciudadano, 2 millones 24 mil pesos; Partido del Trabajo, 1 millón 622 mil pesos; Nueva Alianza, 440 mil pesos y el Verde Ecologista, 187 mil 488 pesos.
“Los resultados que están hoy a nuestra consideración advierten que el modelo vigente de fiscalización es el más robusto con el que hemos contado los mexicanos, aunque evidentemente como todo, es claramente perfectible. De ahí que, desde mi perspectiva, el diseño del nuevo modelo de fiscalización no debe partir de cero.
Debe perfeccionarse el actual considerando los desafíos que todos atestiguamos en el pasado proceso electoral y retomando las enseñanzas que ha dejado la profesionalización de las labores de fiscalización”, señaló el consejero presidente Leonardo Valdés Zurita.
La revisión de las sanciones se dio después de que el representante del PAN, Rogelio Carbajal Tejada, pidió revisar la sanción de 2.7 millones de pesos por exceder el financiamiento de la militancia en la misma cantidad. Por tanto, el Consejero, Marco Antonio Baños, propuso que se redujera la sanción a 10 mil salarios mínimos al estar ante un caso "inédito".
Esta propuesta marcó la pauta para que Movimiento Ciudadano pidiera una nueva investigación en sus sanciones, con miras a que también vayan a la baja.
Sin embargo, la discusión se centró en la posibilidad de abrir un nuevo procedimiento de investigación para el caso Monex, en que el PRI hizo un contrato de mutuo con la empresa Alquino para la distribución de 66 millones de pesos, el cual se rechazó.
La votación se realizó en dos ocasiones ya que en un primer momento hubo un empate cuatro a cuatro. En la segunda votación la consejera María Marván cambió su voto dejando los resultados 5 a 3 en contra de la nueva investigación.
Los consejeros Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero se pronunciaron en contra de iniciar una nueva investigación ante los posicionamientos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia.
“Debido a que existe un criterio de la Corte en el sentido de que los contratos son válidos y queda perfectamente claro el objeto del propio contrato debe tenerse por lícito ese contrato. Y es el caso porque siendo un contrato de mutuo ha quedado claramente establecido en este contrato, además la unidad hizo una revisión puntual de los elementos del propio contrato para arribar a la conclusión de que es un contrato válido”, señaló Baños Martínez.
Mientras que los consejeros Benito Nacif y Lorenzo Córdova, insistieron en la necesidad de reabrir la investigación porque abre la posibilidad de que empresarios financien las campañas políticas.
“Aceptar las conclusiones del dictamen de la Unidad de Fiscalización en esta materia, es legalizar incluso, la posibilidad de que existan aportaciones privadas a los partidos políticos de nuestro país.
Si todos los partidos políticos tienen como posibilidad hacer contratos de esta naturaleza para financiar sus campañas y tener tasas de financiamiento del tres por ciento a las que no esta sujeto, por cierto, ni los trabajadores mexicanos en la contratación de un crédito inmobiliario, entonces, ante lo que estamos, ante lo que particularmente estamos es ante la legalización probable de conductas que terminaran por distorsionar la naturaleza de la competencia política y de la equidad en la contiendas electorales”, subrayó Figueroa Hernández.

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