jueves, 23 de enero de 2014

Piden investigar al gobierno de Eruviel por contrato millonario sin licitar

Luis Ayala Ramos
Toluca, Méx.- El presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura mexiquense, Octavio Martínez, solicitó a su bancada en el Congreso de la Unión promover la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación a la asignación directa de un convenio superior a los 6 mil millones de pesos por parte del Gobierno Estatal con la empresa privada Seguritech que se encargará de la instalación de cámaras de vigilancia en varios municipios de la entidad.
El legislador mexiquense Martínez Vargas señaló que cabe la posibilidad de que los 6 mil 300 millones de pesos que representa el contrato con la empresa privada Seguritech formen parte de los recursos federales encaminados a las entidades y municipios para seguridad pública.
Aseveró que esta empresa será la encargada de instalar 10 mil cámaras de video, 450 kilómetros de fibra óptica, 3 mil localizadores satelitales (GPS), red inalámbrica y construir seis controles de mando regionales (C4) en 30 municipios metropolitanos del Valle de México.
Octavio Martínez precisó que su intención en el tema es, lograr que se reponga el procedimiento de asignación y se sustituya por la licitación pública, en virtud del monto que implica el contrato.
“El afán es determinar si existen o no violaciones e irregularidades para reponer el procedimiento y que puedan participar, en igualdad de circunstancias, todas las empresas que se dedican al tema”, subrayó.
Advirtió que solicitar la revisión desde la LVIII Legislatura del estado de México resultaría ocioso, en virtud de que el auditor superior de la entidad, Fernando Baz, “no obedece a la agenda del Congreso” sino, en todo caso, a los intereses de quienes lo promovieron en el cargo.
Por eso, indicó que ya se encuentra en diálogo con los coordinadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República y en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, con el objetivo de que estén en posibilidad de impulsar  la fiscalización de los recursos y el contrato, a través de la Auditoría Superior de la Federación.

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