viernes, 17 de enero de 2014

Recula Eruviel, no resiste presiones y además toma decisiones a la ligera

Por: Luis Ayala y Jesús Esquivel

*Pretende legalizar la represión y que nadie proteste
*Con la Ley del Garrote quería someter a los profesores
*Se pospone ley por tiempo indefinido por no decir que mejor lo olviden todos

Toluca, Méx.- Una decisión tomada al vapor por el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, tuvo que ser corregida por el secretario de Educación estatal, Raymundo Martínez Carbajal, pues se hubiera convertido en una bomba de tiempo al meterse con los intereses y derechos humanos de los profesores a quienes pretendía el ejecutivo tratar como delincuentes y meterlos a la cárcel por abandonar su trabajo y participar en manifestaciones.
Horas después del anuncio hecho por Eruviel, el secretario llego de apaga fuegos a decir que la propuesta se posponía indefinidamente, pues sabía que los maestros son terribles cuando se meten con sus intereses y  si no que le pregunten al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, quien sin deberla ha tenido que aguantar las marchas y plantones de los profesores desde hace varios meses.
El caso es que el gobernador proponía sancionar hasta con 10 años de prisión a los docentes que abandonaran las aulas, y resulta que esta pena es equiparable a delitos graves como: delincuencia organizada, pornografía infantil, tráfico de menores y homicidio, e incluso los maestros sentenciados por abandonar las aulas no tendrían derecho a salir bajo fianza nada más.
Hay que hacer referencia que al gobierno mexiquense no le gustan las manifestaciones pues basta recordar que metieron a la cárcel a Felipe Rodríguez Aguirre, dirigente de la Unión Popular Revolucionario Emiliano Zapata (UPREZ), por presuntos ataques a las vías de comunicación por participar en una protesta.
El mismo caso está vigente con la organización Antorcha Popular, y ni siquiera los alcaldes se salvan de la represión, pues el alcalde de Chimalhuacán, Telésforo García Carreón, fue citado a declarar en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), porque al acudir a Toluca a exigir el presupuesto que le deben a su municipio, le levantaron una denuncia por bloquear las vías de comunicación.
Al respecto Juan Hugo de la Rosa García, presidente del Partido de la Revolución Democrática en la entidad, comentó que tal decisión se debió a la presión social manifestada en diversos medios y particularmente de las redes sociales en favor de los derechos humanos de los profesores.
Explicó que la iniciativa de reformas a la  Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, así como el Código Penal del Estado de México además de autoritaria y represiva, “desnudaba un exceso de represión por parte  del Estado en contra de la protesta social”.
Dijo que “es absurdo que Eruviel Ávila criminalice a los maestros mientras la entidad es un paraíso de impunidad para la delincuencia, todas las fuerzas del Estado deberían estar volcadas a arrebatar las calles a la inseguridad, qué ante estos temas el Gobierno del Estado se haga de la vista gorda es otra cosa, pero en todo el territorio  mexiquense la delincuencia e inseguridad han ganado terreno día a día y ante este cáncer no están siendo eficientes”,
El líder del sol azteca señaló que “de continuar la iniciativa represora el PRD en la entidad apoyará a los maestros en las acciones que determinen emprender con el fin de defender sus derechos” y aseguró que ya ha tenido acercamiento con sectores que se oponen a este atentado contra la libertad  de expresión.
Así mismo sentenció que “en todas las decisiones trascendentales que toma el estado, debe consultar a los actores afectados, así como ahora escucharon a los dirigentes de las secciones 17 y 36 del SNTE” en otros temas también deben tomar en cuenta a los afectados de las decisiones autoritarias y unilaterales que toman, concluyó el líder perredista.
La manifestación es un derecho ciudadano que se ha ganado en las calles, no por la complacencia del Estado, por lo que como ciudadanos no se debe renunciar a él, por el contrario defenderemos esa garantía ciudadana a protestar, no estamos en los 60´s la historia nos da la razón, nunca un estado represor ha sido sinónimo de bienestar para la sociedad en conjunto, para unos cuantos tal vez, pero no para sus mayorías.

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