miércoles, 5 de marzo de 2014

Persisten fallas en acceso a justicia de mujeres indígenas

Ciudad de México.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo, diputados, organizaciones de derechos humanos y feministas denunciaron que en México persisten fallas en la aplicación de la justicia para las mujeres y, en particular, de las indígenas.
Se pronunciaron porque el Estado mexicano prevenga, investigue, sancione y repare las violaciones a los derechos humanos de las mujeres indígenas y garantice su disfrute en condiciones de igualdad, aun cuando sean minorías.
Mencionaron que es fundamental que el Estado vele por la debida aplicación de las garantías individuales contempladas en la Constitución Política y en  los más de 50 tratados internacionales que México ha suscrito.
Durante la II sesión del Tribunal de Derechos de las Mujeres, el secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas, diputado Carlos de Jesús Alejandro (PRD), expresó que en este espacio social se emprende una política de justicia alternativa frente a los sistemas tanto oficial como indígena.
Argumentó que el tribunal busca poner y hacer visible una serie de casos y violaciones sistemáticas de los derechos humanos de las mujeres, en particular de las indígenas, en donde “todos sabemos que hay una gran diversidad de asuntos que se han suscitado a lo largo del territorio nacional”.
Un ejemplo, dijo, son las sistémicas violaciones a las garantías de las mujeres en Guerrero, en donde se ha tenido que recurrir a otras instancias de carácter internacional a efecto de que se les pueda hacer justicia.
Por ello, se pronunció por encontrar espacios y foros para emprender una mejor lucha por los derechos humanos de las mujeres y su defensa pero, en especial, de las que viven en comunidades indígenas.
Carmen González Benicio, reportera del periódico “El Sur” de Guerrero, indicó que en las comunidades indígenas persiste desigualdad, bajos índices de desarrollo humano y graves violaciones a sus garantías. Además, no se les han garantizado sus derechos reproductivos y a una vida libre de violencia. Detalló que en la montaña de Guerrero, varias mujeres han tenido que pagar con cárcel el aborto espontaneo, a quienes se les ha criminalizado por la falta de servicios. Esos casos “dan cuenta de que la sociedad y el Estado tienen un retraso  social y jurídico en materia de los derechos de las mujeres”, afirmó.
Mayra Guadalupe Niño Zúñiga, especialista en perspectiva de género y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, condenó el incumplimiento del Estado de proteger los derechos de las indígenas y propuso que cada caso sea presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para una debida aplicación de justicia y reparación de daños.
Expuso que el Estado olvida que una mujer indígena cuenta con todos los derechos  humanos y libertades reconocidas por los tratados de los que México es parte. Agregó que no basta con suscribir los acuerdos si las autoridades encargadas de la administración y aplicación de la justicia a nivel local no tienen conocimiento de los mismos, de ahí que se deban capacitar.
En la II sesión del Tribunal de Derechos de las Mujeres, sus integrantes presentaron tres casos en donde diversas mujeres indígenas han sido víctimas de violencia familiar, comunitaria, institucional, escolar e incluso de feminicidio.
Se trata de Adriana Manzanares, quien fue sentenciada a 22 años de prisión por aborto, luego de haber sido golpeada y agredida por sus propios familiares; de Angelina, mixteca de 16 años, la cual fue víctima de discriminación y de golpes por sus compañeros de clase de la secundaria técnica número 42 ubicada en la colonia Morelos, en la Ciudad de México.
Angelina relató que ella fue víctima de bullying y humillaciones por sus compañeros de clases, y de discriminación por parte de las autoridades, cuando intentó denunciar las agresiones ante la agencia 50 del Ministerio Público quien tardó un día en atenderla.
El tercer caso es un feminicidio, el de la abogada Luisa Juárez Miranda, de 54 años, quien el 30 de abril de 2011 en San Agustín Buenavista, municipio de Soyaniquilpan, Estado de México, fue asesinada afuera de su casa y, a la fecha, “se mantiene la impunidad, en averiguación previa”.

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