martes, 30 de diciembre de 2014

Piden incorporar traductores de lenguan indígenas en hospitales para atender a esa población

Ciudad de México.- El diputado José Francisco Coronato Rodríguez (MC) promueve una reforma el artículo 10 de la Ley General de Salud a fin de incorporar traductores de lenguas y dialectos indígenas dentro de los hospitales, para facilitar e incitar el acceso de la población originaria al sistema nacional de salud.
Explicó que con frecuencia las personas nativas, al acudir en busca de atención médica o servicios hospitalarios, no pueden comunicar eficazmente sus malestares y, por tanto, es casi imposible poder culminar exitosamente la relación médico-paciente.
Por ello, la implantación de un grupo de traductores en los hospitales y los centros de salud del país es una tarea que requiere de solución pronta, de tal forma que los médicos presten sus servicios con plenitud y los pacientes reciban atención con inmediatez.
Consideró imperante que en México se desarrollen programas para la capacitación de traductores, con el fin de facilitar la correcta convivencia y la armonía entre la población indígena que habita en el país y las autoridades de gobierno.
Agregó que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas señala que las comunidades nativas en México representan aproximadamente 9.8 por ciento de la población. Por tanto, representa una amplia población que no puede seguir sin atención clínica adecuada.
Destacó que el problema trastoca a la urbe indígena que carece de conocimientos del idioma español y que, además, suele ser discriminada por grandes sectores de la sociedad, impidiendo su desarrollo integral.
Coronato Rodríguez recordó que la población indígena mexicana posee grandes riquezas culturales e históricas. “Estos grupos representan los antepasados nacionales y las raíces que formaron la ideología del país; por tanto, el Estado está obligado a velar y proteger a las comunidades étnicas”, expresó.
Añadió que la Federación, estados y municipios están obligados a promover la igualdad de oportunidades de personas nativas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, así como establecer instituciones y determinar las políticas necesarias para garantizar sus derechos, tal como lo establece la Constitución.

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